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La Junta estudiará "con cariño" cualquier petición de Chamizo sobre la reforma de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz

Medio: 
Lainformacion.com
Fecha: 
Mié, 27/06/2012
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La Junta estudiará "con cariño" cualquier petición de Chamizo sobre la reforma de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz
XXVII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. Zaragoza, 19 y 20 de Junio.

LAS DEFENSORÍAS  PIDEN UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA A LOS JÓVENES Y MAYORES QUE PADECEN UNA ENFERMEDAD MENTAL

Zaragoza, 20 de junio de 2012.- Las Defensorías del Pueblo españolas, reunidas en Zaragoza en el marco de las XXVII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, han coincidido esta mañana en solicitar a las Administraciones una atención específica para los enfermos mentales jóvenes y mayores, con intervenciones y estrategias diferenciadas, propias de cada etapa vital. Así, se recoge en el documento de conclusiones del taller sobre enfermedad mental y colectivos de jóvenes y mayores preparatorio de estas Jornadas  y que hoy ha expuesto el Secretario General del Ararteko ( Defensor del Pueblo Vasco), Faustino López de Foronda.

Entre otras reflexiones, dicho documento contiene una descripción de los principales transtornos mentales que afectan a estos colectivos: trastornos de la conducta alimentaria, hiperactividad y déficit de atención, trastornos de la personalidad y del espectro autista, en relación con la infancia, adolescencia y juventud, y la enfermedad de Alzheimer, entre otros trastornos degenerativos asociados a la edad, en lo que respecta a las personas mayores.

Otra de las conclusiones del documento trabajado por las Defensorías, afirma que la atención a los problemas de salud mental continúa presentando graves carencias, a pesar de los avances registrados en las últimas décadas. Entre otras necesidades, se reclama el desarrollo de la cartera de servicios del sistema nacional de salud en todas aquellas cuestiones específicas de la atención a jóvenes y mayores con problemas de salud mental.

La erradicación del estigma, la inversión en formación de los profesionales que trabajan con estos colectivos,  la coordinación inter e intrainstitucional y con el resto de los agentes implicados con el fin de sacar adelante los programas individualizados que los pacientes requieren, y la necesidad de una regulación específica de los centros de menores con el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el adecuado tratamiento a los internos con enfermedad mental, son otras de las conclusiones y recomendaciones finales consensuadas por las Defensorías del pueblo y expuestas en la última mesa redonda de las Jornadas celebrada esta mañana.  

En el foro, también han intervenido Francisco Javier Iriarte , representante del Consejo Aragonés de Personas Mayores, Miguel Ángel Divi, de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Mariano Sanjuán, Vocal de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón y José Luís Laguna, gerente de Atades-Huesca.

Iriarte, ha propuesto la conveniencia de que se elabore de un protocolo para evaluar la capacidad de las personas mayores ante la toma de decisiones trascendentes que les puedan perjudicar porque, en su opinión, muchas veces, estas decisiones están condicionadas por las emociones, la debilidad, la dependencia afectiva e incluso por la coacción.

Miguel Ángel Divi se ha referido a la infancia y a la adolescencia y ha alertado que el 50% de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años. Como herramientas para tratar los trastornos mentales en esta etapa, Divi ha hecho hincapié en las ventajas que tiene el arte y la música para trabajar las emociones y los pensamientos.

La intervención del Mariano Sanjuán, de la Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón, ha servido para poner encima de la mesa las carencias de este organismo que se ocupa de 800 personas incapacitadas judicialmente con 21 profesionales. Entre otras necesidades inmediatas, ha destacado la creación de una unidad de hospitalización psiquiátrica para adolescentes entre los 14 y los 18 años.

Finalmente, ha intervenido José Luís Laguna, de Atades, para reclamar mayor coordinación institucional, sobre todo entre los servicios sociales y de salud, así como la puesta en marcha de unidades de respiro para los familiares desbordados por su situación cuando tienen un hijo, enfermo mental, violento y se niega a tomar el tratamiento. 

Las Academias luchan contra la crisis de valores en la sociedad.

Medio: 
Ideal de Granada
Fecha: 
Mar, 12/06/2012
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Las Academias luchan contra la crisis de valores en la sociedad.
Martes 12 de Junio. Conferencia en el Aula de Humanismo. Instituto de Academias de Andalucía.

El Defensor se dirige a la sociedad para pedir sentido de la solidaridad, compromiso de los poderes públicos con los más necesitados y esperanza en el futuro.

Entrevista en Canal Sur Radio.

Puede descargar el programa en este enlace.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 11/5459 dirigida a Ayuntamiento de Adra (Almería), Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento Dalías (Almería), Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Ayuntamiento de La Mojonera (Almería), Ayuntamiento de Níjar (Almería), Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), Ayuntamiento de Vícar (Almería)

ANTECEDENTES

Ver Resolución dirigida a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Esta Institución abrió de oficio la presente queja al conocer, a través de los medios de comunicación, del malestar de los taxistas de la localidad almeriense de El Ejido por la competencia desleal que, al parecer, les afecta ante la proliferación de “taxistas piratas” que aguardan en la Estación de Autobuses la llegada de pasajeros para ofrecerles su servicio a un precio inferior, ocasionando a los profesionales un grave perjuicio al privarles de muchos de sus potenciales clientes. Siempre según estas noticias, se trata de vehículos particulares, que carecen de licencia alguna; el presidente de la Asociación de Taxistas de El Ejido relataba en esta información que habitualmente actúan unos siete u ocho vehículos casi todos los días. Esta situación ya se ha repetido en anteriores ocasiones y pese a las denuncias y protestas que han formulado, la asociación sostiene que no ha ocasionado una solución por parte de las Administraciones competentes.

Se señala también por el Presidente de la Asociación que, tras entrevistarse con responsables de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, se les indicó que correspondía a la Policía Local formular las correspondientes denuncias, para poder después tramitar los correspondientes expedientes sancionadores. También desean que se solucionen los problemas que, hasta la fecha, han impedido que los taxis estén equipados con taxímetro ya que, al parecer, se encuentran pendientes de algunos trámites por parte municipal ante la Administración Autonómica.

En conclusión, se afirma que los taxistas se sienten desamparados y que están sufriendo un grave menoscabo económico.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de El Ejido, éste nos comunicó, en síntesis, que las denuncias por los hechos expuestos se remitían a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Almería con objeto de que se tramitaran, en su caso, los pertinentes expedientes sancionadores. Por ello, interesamos informe a la misma para conocer, desde el año 2008, el número de expedientes sancionadores que, por este tipo de hechos y afectantes al municipio de El Ejido, se hubieran incoado por su parte, concretando el número de ellos que hayan acabado con resolución sancionadora. En su respuesta, la citada Delegación nos indicaba, textualmente, lo siguiente:

“En toda la provincia de Almería, y de forma más insistente en el Poniente, zona de Nijar, y Almería capital, se viene realizando reiteradamente transporte público de viajeros en vehículos turismo incluso con cobro individual por taxistas piratas según se ha observado, comprobado y denunciado por las distintas asociaciones del sector del taxi.

La Administración de la Junta de Andalucía y, en concreto, la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en sus Planes Coordinados con las provincias (Delegaciones Provinciales) ha intensificado los controles de transporte ilegal de viajeros en vehículos turismo ante el crecimiento del fenómeno del intrusismo en este sector, sobre todo en aquellas zonas de mayor afluencia de potenciales pasajeros de este tipo de transporte ilegal, articulando y programando actuaciones concretas en coordinación con otras autoridades y Administraciones afectadas, sobre todo –como en este caso y fundamentalmente- con la Administración Local.

Consciente de que la dificultad principal de estos controles radica en la obtención de las pruebas acreditativas del hecho infractor, que, en la mayor parte de los casos, no puede ser otra que la declaración de los propios viajeros, se tiene que observar encarecidamente un especial celo en su ejecución. Por esta razón es tan necesaria la colaboración de la Policía Local en cuanto que por razones de su competencia dentro de su término municipal posee un más completo y directo conocimiento de la actividad que se va a inspeccionar.

A tal efecto, atendiendo a las circunstancias concretas que se están produciendo por el fenómeno del intrusismo antes referido y que realmente está causando un importante trastorno y conflicto en el sector del taxi, se ha posibilitado (por estar plenamente enmarcado dentro de la LOTT), sancionar esta infracción como muy grave conforme se tipifica en el artículo 140.1 de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), permitiendo además, adoptar las medidas accesorias que resulten necesarias en caso de conducta reiterada como es el precinto del vehículo”.

La Delegación Provincial finalizaba informando que se introducen, en una hoja de cálculo, los datos del número de boletines de denuncia emitidos por la Policía Local y la Guardia Civil durante los años 2008 al 2011 de toda la provincia, siendo en concreto 12 los boletines remitidos por la Policía Local de El Ejido. Añadía que se tramitaron los doce boletines remitidos por dicho Ayuntamiento, resultando que ocho fueron incoados y resueltos estando en vía de apremio, otro fue archivado en diligencias previas (se descartó la infracción) y en los tres casos restantes se continuaron las actuaciones por el Ayuntamiento tramitando expedientes disciplinarios a la empresa afectada.

Pues bien, dado que nos encontramos ante un asunto incoado de oficio por esta Institución, nos pareció conveniente solicitar la opinión de una asociación representativa del sector del taxi de la zona, no solo del municipio de El Ejido, a fin de que nos expusieran su valoración sobre la problemática expuesta y la respuesta que, sobre la misma, se desprendía de los informes remitidos por el Ayuntamiento de El Ejido y la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Almería. En tal sentido, el presidente de la Federación territorial a la que nos dirigimos nos hizo llegar, entre otras, las siguientes consideraciones, concretando que llevan más de quince años denunciando este problema:

“... denunciando el intrusismo de los “taxis piratas” y algunas actividades de Autobuses que captan o venden Ticket para excursiones de forma “ilegal” por la Vía Publica, todo ello denunciado ante la Administración Local, Autonómica, y Nacional; dígase Ayuntamiento, Policía Local, Delegación de Transporte de Junta de Andalucía, y Subdelegado del Gobierno, muchas reuniones a petición del Sector del Taxi, unilaterales con las distintas administraciones o bilaterales intentando aunar y unificar criterios de actuación entre ellos.

A los Taxistas “de verdad” se les pide que se implique y denuncie los hechos pero cuando se llama a la Policía Local para que venga, o ahora no pueden o no hay Agentes suficientes, y todo acaba con un enfrentamiento entre Taxista y “pirata” que cuando acaba en los Juzgados es lo que se Juzga “Las agresiones” o “Insultos”, sin entrar en el asusto de fondo, y si nos descuidamos somos nosotros los que somos declarados culpables por denunciar las Ilegalidades del Sector.

Según se da a entender la Competencia es de ámbito Local, pues es el Origen o principio del delito, aunque debería de haber mas coordinación con el Autonómico y Nacional, pues a veces el fin del servicio y por tanto del delito es fuera del Municipio, de la Provincia o del ámbito Autonómico.

Entendemos que un primer paso para localizar el Infractor puede pasar por el Taxista que a pie de calle ve a diario como “posibles” cliente después de preguntar precios se le acerca un “pirata” y le ofrece sus servicios. Pero una vez comunicada la Matricula, si en ese momento no se puede coger al infractor, es como digo responsabilidad y obligación de los Agente de Seguridad del Estado hacer un seguimiento para verificar y demostrar que estos siguen y reiteran en su “Ilegalidad” y mas aun cuando la Infracción se cometen reiteradamente en puntos fijos, Estaciones de Bus, Tren, Apeaderos, y parada de ruta de Bus, Supermercados o Centros Comerciales, Aeropuertos, Puertos y otros puntos donde han establecido “paradas” de contacto con posibles clientes, al que incluso ya dan su teléfono para que les llamen.

La Federación ... y desde los distintos Municipios, Adra, Dalias, El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vicar, han denunciado y facilitado matriculas de posibles “taxis piratas” allá donde nos han pedido que las llevemos, según las distintas reuniones que hemos tenido con las Administraciones, todo ello presentado por escrito para que quede constancia de ello, y como he dicho al principio, así durante quince (15) años y solo vale para que los “piratas” se rían de nosotros y nos provoquen, diciéndonos en nuestra cara que llámenos a la Policía, que saben que no les van a hacer nada.. Y como para darle la razón un comentario de la Policía Local, “no podemos llevarnos el coche, porque el deposito Municipal cobra un dinero y ellos no lo pagan y es un gasto para el Municipio” o “no podemos denunciar porque no tenemos boletines de denuncia”. Para otras denuncias si hay boletines.

Desde la Federación ... creemos que debe de haber mas Inspecciones y si es posible con Agentes de paisano para no alarmar al infractor y que no sea un acto puntual, sino mantener dicho control en el tiempo. Dichos controles se tienen que diversificar en los distintos lugares donde se produce de forma la captación de clientes del taxi o autobuses”.

CONSIDERACIONES

Por tanto, de acuerdo con las apreciaciones de la citada Federación Territorial no se estaría prestando la colaboración necesaria por parte de la Administración Autonómica y las Corporaciones Municipales de la zona en la persecución y sanción de este tipo de prácticas nocivas. Y ello, por cuanto los lugares en que se recogen a los pasajeros se encuentran detectados y las autoridades locales los conocen, siendo así que, por otra parte, las denuncias que los propios taxistas formulan identificando los vehículos infractores, no aprecian que sirvan para que dejen de seguir produciéndose este tipo de conductas y se reduzca o elimine el problema planteado.

En consecuencia, se demanda por esta Federación Territorial que, por parte de los Ayuntamientos de los municipios afectados por el problema, se tome conciencia de las graves consecuencias que esta competencia desleal supone para el sector del taxi, comprometiéndose de forma efectiva en la defensa de legalidad, por cuanto el problema incide negativamente en una adecuada prestación de este servicio público e, incluso, en la seguridad vial.

 

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA al objeto de que, en base a la información que, sobre la incidencia y relevancia del problema en ese municipio, sea facilitada por la Policía Local y los representantes de los profesionales del taxi, en aras a conseguir y garantizar una adecuada prestación de este servicio público a la ciudadanía y salvaguardar los legítimos intereses de este sector profesional, se elabore un plan de actuaciones de control, seguimiento y formulación de denuncias de estas prácticas de competencia desleal e intrusismo de taxis ilegales. Dicho plan deberá estar debidamente protocolizado a fin de determinar la periodicidad de las inspecciones, la preferencia de los lugares en los que se debe intensificar el control y vigilancia, la forma de practicar las intervenciones y formulación de denuncias, los horarios de mayor incidencia de este tipo de prácticas, los medios personales y materiales de la Policía Local dedicados a este efecto, etcétera.

Entendemos que la ejecución de este plan permitiría un control eficiente del intrusismo existente en este ámbito por quienes ejercen unas funciones de servicio público sin garantía alguna, ponen en riesgo la viabilidad económica de los servicios que prestan los profesionales del sector y, consecuentemente, suponen una competencia desleal y un claro perjuicio al interés general.

Ver Resolución dirigida a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Ver Asunto solucionado o en vías de solución

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

El trabajo ordinario de la Institución en la recepción, estudio y análisis de las quejas dio lugar a la toma de conciencia de las incomodidades que padecen los usuarios de la sanidad que frecuentan los centros hospitalarios, soportando difícilmente la reducción de calidad de vida que la permanencia en el Hospital lleva consigo.

Más allá de la estricta prestación médico-asistencial, preocupados por el respeto a la dignidad humana y la libre personalidad del ciudadano, se realiza un estudio sobre los aspectos no asistenciales de la realidad hospitalaria, las prestaciones accesorias a la sanitaria, tales como aceptabilidad, información, confortabilidad del alojamiento, comunicaciones, atenciones, comodidades, y en definitiva, el grado de acogida del hospital a los propios usuarios que da sentido al sistema.

Al final se realiza una recomendación general para que se privilegien las medidas de humanización de la prestación sanitaria, evitando el distanciamiento médico-paciente que marca la tendencia de la tecnificación asistencial, convirtiendo el trato directo, humano y personalizado en la pauta rectora de las relaciones entre servidores y pacientes.

Publicado dentro del Informe anual de 1993 (BOPA nº 5, de 29-7-1994, IV Legislatura).

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