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Las Transferencias de vehículos no formalizadas adecuadamente y su incidencia en el padrón de contribuyentes del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica. (Incluido en el Informe Anual de 1.994. BOPA nº 127, de 14-11-1995, IV Legislatura)

Este trabajo tuvo por objeto hacer una valoración sobre el grado de cumplimiento de las Directrices Regionales del Litoral en Andalucía, aprobado por Decreto 118/1990, de 17 de Abril, del Consejo de Gobierno.

En el estudio realizado se valora el grado de compromiso que habían asumido realmente las Administraciones implicadas en relación con la exigencia, derivada de aquellas normas, de dar un tratamiento territorial racionalizado y coherente al litoral Andaluz.

En esta publicación se incluye una evaluación sobre la observancia de estas normas, y una serie de Recomendaciones y Sugerencias, dirigidas a las Administraciones Públicas con la finalidad de que las previsiones de ordenación territorial contenida en estas normas, constituyan el marco de referencia para el desarrollo de las políticas sectoriales y el planeamiento urbanístico que se desarrolle o afecte al litoral Andaluz.

El estudio pretende determinar el grado de cumplimiento de las competencias municipales en materia de vigilancia y observancia de las Normas dictadas por las Administraciones competentes (Estado, Comunidad Autónoma Andaluza y Ayuntamientos) sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas y, en su caso, de las medidas de seguridad en la utilización de embarcaciones y artefactos flotantes en zonas de baños y proximidades, a fin de compaginar y preservar la seguridad de la vida humana en la mar y la seguridad de los legítimos usuarios de dichas zonas.

La Resolución del Defensor fue dirigida a los Alcaldes de los Ayuntamientos del litoral andaluz en orden a la necesidad de regular normativamente mediante Ordenanza la utilización de las playas de sus respectivos municipios, solicitando la colaboración de las autoridades marítimas y la publicación de campañas informativas sobre las medidas de seguridad, derechos y deberes de los usuarios de las playas.

La participación, como complemento de la democracia representativa, implica abrir nuevos cauces y formas de relación entre la sociedad y las instituciones, un contacto más continuo entre Administración y ciudadanos y una voluntad de diálogo permanente.

Para que se pueda dar, es imprescindible voluntad democrática del Gobierno Municipal, motivación por parte de los sujetos del derecho y, finalmente, tanto los gobernantes como el vecino, necesitan conformar sus actos a la norma vigente dentro de un Estado de Derecho.

Estudio sobre los andaluces que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de Octubre (Ley de Amnistía), y que no resultaron favorecidos por lo dispuesto en la Disposición Adicional 18ª de la Ley 4/1990, de 29 de Junio (Incluido en el Informe Anual de 1.999. BOPA nº 16, de 20-6-2000, VI Legislatura)