Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia | Octubre 2020

Capítulo 3. Retos y oportunidades para Andalucía tras la COVID-19 desde la visión del Defensor del Pueblo Andaluz

 

3.12. Mediación: impulsar nuevas formas de resolución de conflictos

Las deficiencias que se han venido señalando en el apartado dedicado a la valoración del funcionamiento de los servicios públicos, en el epígrafe titulado Mediación, apuntan a la necesidad de afrontar un reto muy interesante para Andalucía: la construcción de mecanismos que superen la lógica de las competencias y que asuman la lógica de la gobernanza.

Estamos haciendo alusión a la importancia de asumir que la sociedad actual exige una Administración Pública de su tiempo, una Administración moderna que podría adecuar sus procesos de trabajo, sus formas de comunicación, sus relaciones con la ciudadanía repensando de manera participada qué están requiriendo estos tiempos.

En ese análisis, con toda seguridad, podrá extraerse información útil y relevante para adoptar nuevas fórmulas de solución de los conflictos naturales que seguirán desarrollándose a lo largo de la historia.

No se trata de inventar nada. Incluso hemos iniciado ya el camino con algunas instituciones de mediación. Pero no se trata solo de mediación. Se trata de reforzar y de creer de verdad en ese instrumento, dotarlo de fuerza y hacerlo realidad. Se trata de acompañar a la mediación de otros mecanismos como pueden ser la facilitación, la intermediación, la gestión de grandes grupos, etc.

La experiencia de esta Institución en el campo de la mediación administrativa nos avala para afirmar que tanto la ciudadanía como las distintas administraciones públicas que han participado en procesos de gestión de sus conflictos con nuestro servicio mediador, han quedado muy satisfechas, incluso con independencia del resultado obtenido en relación con las expectativas iniciales de cada parte de ganar a la otra.

Las experiencias extraídas de la mediación intrajudicial y extrajudicial, en todos los órdenes del Derecho también demuestran que existe una oportunidad para otorgar a estos mecanismos un lugar relevante para la gestión de los problemas sociales.

El reto estará en reforzar las instituciones, incorporando a las estrategias y a la acción política estos enfoques y formando a personas con competencias adecuadas para gestionar conflictos de manera eficaz, apostar por una Justicia de calidad a la que aspiramos todas y todos.

No pensemos en que la mediación, al igual que otras fórmulas liminares, es útil solo para paliar la alta litigiosidad que ha provocado la COVID-19. Tampoco se trata de que la Administración reparta intereses en una actuación transaccional, sino de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y de tener una Justicia efectiva.

En resumen, la reflexión general que puede extraerse de nuestra experiencia y desde el enfoque de la resolución alternativa de conflictos, es que Andalucía debe dar un paso más en la construcción y el afianzamiento de mecanismos de solución no confrontativos, flexibles y adaptativos, sin quitar su legítimo espacio a la potestad administrativa o al acceso a la justicia.

Andalucía requiere una apuesta mayor y muy seria por los medios alternativos de resolución de problemas, basada en las evidencias de su eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como en las lecciones aprendidas durante el estado de alarma, durante el cual, no se ha podido hacer frente a los conflictos suscitados con las adecuadas garantías.