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Un paso más en nuestra propuesta para que los Ayuntamientos continúen con sus competencias en educación vial

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 14/2809 dirigida a Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP

05/12/2014

La FAMP, aceptando una Sugerencia del Defensor del Pueblo Andaluz relativa a que se garantice que los Ayuntamientos pueden continuar ejerciendo sus competencias en materia de educación vial, ha dado traslado de la misma a la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Defensor del Pueblo Andaluz sugirió a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que hiciera llegar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la conveniencia de realizar actuaciones para que los Ayuntamientos puedan continuar ejerciendo competencias en materia de educación vial.

Como respuesta, la Presidencia de la FAMP nos comunicó que, atendiendo a la Sugerencia formulada por esta Institución, había trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias la problemática relativa al ejercicio de competencias en materia de educación vial por parte de los municipios, a fin de que se estudien vías para resolver este problema de manera urgente.

Por tanto, valorando positivamente esta buena disposición a propiciar soluciones en este asunto, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Además, en el momento en que formulamos la Sugerencia, trasladamos también nuestra posición a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, así como de todas las actuaciones que habíamos realizado, con objeto de trasladarle nuestra preocupación por tales hechos y rogarle que, si lo estimaba oportuno, iniciara las actuaciones que considerara necesarias a fin de que se adopten las medidas normativas, administrativas y/o financieras que permitan, ya sea como competencia propia o delegada, garantizar la continuidad de la actividad que vienen desarrollando los municipios dirigida a la formación en educación vial de la ciudadanía, que exige una respuesta urgente de los poderes públicos que permita que los ayuntamientos que lo deseen puedan continuar ejerciendo esta competencia con la necesaria cobertura legal.

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