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En esta queja la persona interesada manifestaba que había tramitado el visado desde Senegal para venir a España siendo su padre español, dándose la dramática situación de que éste falleció estando él ya aquí.

Ante esto solicitó la autorización de residencia de familiar de comunitario haciendo uso del visado del que era titular, siéndole requerida una serie de documentación de la que ya había aportado casi todo.

Tratándose de un asunto muy delicado contactamos con la oficina de extranjería en Sevilla, interesándonos al respecto, siendo informados un tiempo después que tras un estudio detenido del expediente habían resuelto de modo favorable su autorización de residencia.

A la vista del contenido de la queja presentada por el interesado y considerando –como así nos indicaba- que de la financiación de dicha solicitud depende la actividad científica de un numeroso grupo de investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, y que no solo puede afectar a la propia investigación sino que  imposibilita que el mismo proyecto pueda presentarse a otras convocatorias de carácter nacional o internacional, procedimos admitir a trámite la queja y solicitar la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para aclarar la situación actual de dicha convocatoria.

De la información recibida, y emitida por el titular de la Viceconsejería, vino a aclarar que los beneficiarios de las ayudas son los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, y el apartado de incentivos a la investigación, las Instituciones involucradas son las Universidades y los Centros de Investigación debidamente clasificados e inscritos como dispone la reglamentación vigente.

No obstante, el Centro Directivo matizaba que de la situación administrativa de los procesos de evaluación se comparte habitualmente con los responsables de investigación de las distintas Universidades y Centros de Investigación.

La investigación se financia en régimen competitivo, de acuerdo con la Ley de la Ciencia y el Conocimiento de Andalucía.

No se impide la presentación en otras convocatorias, en todo caso se informaría a posteriori la existencia de otras ayudas.

Finalmente,  el Sr. Viceconsejero nos traslada el compromiso de resolver por el órgano competente, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, una vez sustanciadas las garantías jurídicas establecidas en la Orden y conforme a las disponibilidades presupuestarias para el ejercicio de 2013.

El interesado en la queja nos decía que con fecha 7 de febrero de 2012 presento una solicitud de incentivos a la investigación dentro de la convocatoria de Proyectos de Excelencia del año 2012 convocada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

En su detallada exposición, nos explicó que de la financiación de esta solicitud depende la actividad científica de un numeroso grupo de investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.

No obstante a finales de diciembre cuando formuló su queja, no tenía ningún tipo de información sobre el proceso de evaluación lo que, no sólo tiene paralizada la investigación, sino que imposibilita que el mismo proyecto pueda presentarse a otras convocatorias de carácter nacional o internacional.

Se comprueba la disponibilidad de mecanismos para el control del fraude en las recetas de medicamentos.

Comparecía una señora de 76 años de edad, pensionista y discapacitada, afirmando que un cardiólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba prescribía falsamente medicamentos a nombre de ella y al de su marido y, por tanto, usando el número de sus tarjetas sanitarias como pensionistas. Decía que esta práctica la había detectado al menos en ochenta ocasiones, sin que en ninguna de ellas se tratase de fármacos que correspondían a patologías que ellos padecían ni coincidían con consultas médicas.

Los informes solicitados pusieron de manifiesto la imposibilidad de la Administración de facilitar a la interesada los datos que había solicitado, pues los sistemas informáticos solo podían asignar las prescripciones farmacéuticas a los interesados cuando se emiten por el sistema Diraya o como recetas electrónicas, pero no en los casos de rectas manuales.

Con posterioridad, la interesada se puso de nuevo en contacto con nosotros para comunicarnos que el facultativo denunciado en su queja había fallecido, pero estimamos oportuno continuar el expediente con el objeto de conocer, con carácter general, los procedimientos de los que se vale la Administración para averiguar las posibles falsificaciones de recetas, con una metodología similar a la que la interesada puso en nuestro conocimiento.

Por esta causa decidimos solicitar un informe complementario a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, a la que preguntamos cómo era posible controlar el uso que los facultativos realizan de las recetas oficiales.

En este sentido el informe recibido nos explica que con el fin de controlar los límites de aportación que corresponden a cada usuario en la prestación farmacéutica, desde Julio de 2012 se han introducido cambios en dos sentidos, que aparecen dirigidos por un lado, a intensificar el uso de la receta electrónica en los hospitales, y por otro, a la grabación en el sistema de las recetas expedidas manualmente, en el momento en que las mismas son presentadas en las oficinas de farmacia.

También nos indican que existe una aplicación que permite conocer de manera genérica las prescripciones de un determinado facultativo, con identificación del usuario en las recetas electrónicas; y sin identificación de usuario las manuales; y que mediante otra aplicación se pueden identificar las recetas por usuario, mediante el volcado de la imagen digitalizada de las mismas.

Lo que ocurre es que la virtualidad de estas aplicaciones para obtener información es escasa en el tiempo, a la vista de cuando se han introducido las novedades antes aludidas, por lo que no se pueden obtener datos anteriores a Agosto de 2012.

En todo caso la información obtenida y el fallecimiento sobrevenido del facultativo no posibilitan acceder a los datos que la interesada pretendía, pero al menos sabemos que se han incrementado los mecanismos para perseguir el fraude y que en adelante podrá hacerse uso de los mismos para comprobar situaciones como las que han motivado el inicio de este expediente de queja.

Consigue acceder a los resultados de una ecografía y encauzar el proceso terapéutico.

Desde el año 2010 venía padeciendo la interesada dolores en el brazo derecho, siendo tratada por el médico de cabecera con infiltraciones, sin encontrar alivio. En Junio de 2012 fue desviada a Fleming para que la viera un traumatólogo, dándole cita para Agosto de 2012. La doctora que la vio le mandó una ecografía del hombro. Cansada de reclamar varias veces en Fleming le indicaron que reclamase en el hospital Virgen del Rocío, dándosela (la cita para ecografía) para Diciembre 2012, pero la cita nuevamente con el traumatólogo no se la dan hasta Febrero de 2013 y ello tras varias reclamaciones, pero no pudo tener lugar porque recibió una llamada telefónica anulándola y comunicándole que ya la avisarían.

En el informe que se nos remite desde el Hospital Virgen del Rocío se explica el itinerario del proceso asistencial de la interesada, en el que destaca la remisión a consulta de traumatología el 22 de Junio de 2012, que tuvo lugar dentro del plazo de garantía previsto para las primeras consultas de especialidades, no pudiendo decir lo mismo de la ecografía que se le indicó en aquélla, que se llevó a cabo muy por encima del tiempo previsto para las pruebas diagnósticas.

Después la cita para recogida de resultados fue anulada al parecer por enfermedad del facultativo, aunque definitivamente tuvo lugar el 20 de Marzo de 2013, desde donde la dirigieron para ser atendida en las unidades de hombro y columna, consultas que tuvieron lugar durante el mes de Abril.

En este orden de cosas pensamos que el asunto que planteó la interesada a esta Institución se encuentra en vías de solución, aunque no podemos sino detectar un incumplimiento del plazo de garantía para la realización de pruebas diagnósticas, y una demora acumulada del curso del proceso asistencial, el cual ya se extiende por un período de diez meses, que sin lugar a dudas resultan excesivos para alcanzar un diagnóstico e instaurar el tratamiento oportuno.

Consigue que le informen detalladamente de las opciones terapéuticas en su caso.

La interesada fue intervenida de estapedectomía en el oído derecho por otosclerosis en 2011, con escaso resultado funcional. Al parecer padecía hipoacusia y clínica de vértigo y parestesias óticas. Nos informó de se había detectado que la prótesis que le implantaron se ha desplazado de manera que por parte del especialista que le intervino en el hospital Juan Ramón Jiménez se le recomendó una nueva intervención, aunque en ese momento desestimó esta opción por motivos de otra índole.

Sin embargo empeoró mucho y tiene dolores muy fuertes, por lo que fue derivada desde atención primaria para ser atendida en el hospital Virgen del Rocío.

El especialista otorrino que la visitó en este centro sin embargo, se negaba a intervenirla, manifestando exclusivamente que iba a quedar peor, pero sin informarle en absoluto de las causas que fundamentaban su opinión, pues no le había explicado los riesgos de la intervención, ni las posibles secuelas de la misma, o los resultados que podrían obtenerse.

La interesada precisaba una solución a su caso, requiriendo una clarificación de las opciones terapéuticas y suficiente información para decidir sobre el tratamiento de su patología.

Solicitamos informe a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS desde donde se nos comunicó que su expediente había sido valorado por el Director de la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología, y que le citaron el pasado 15 de Abril en consulta de dicho servicio al objeto de resolver todas sus dudas.