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Imprimir1.7.2.3 Actuaciones en materia de Extranjería
Como venimos haciendo en informes anteriores pasaremos a comentar los asuntos más destacados en esta materia, que o bien han requerido nuestra actuación o que por ser significativos no podemos dejar de citar.
Comenzaremos por el cuadro en el que clasificamos los 91 expedientes abiertos durante este año.
Atendiendo al orden del cuadro empezaremos con las autorizaciones de residencia iniciales, y dentro de éstas debemos destacar una en especial, la queja 16/5939, que a pesar de tratarse de un expediente de finales del año 2016, se tramitó y cerró en 2017.
Pudimos ver la desesperación e impotencia que vivía el afectado al que se le denegó la residencia de familiar de comunitario a pesar de haber llegado a España con un visado por esa condición. Según nos pudo contar, todo partió de un error de hacía ya 17 años. Por necesidad, por desesperación, traía lo que no debía y eso lo pagó con creces. Una década tuvo que transcurrir para cumplir su pena. A pesar de esto, tras haber saldado su deuda, fue expulsado de España. Esto lo llevó a instalarse de nuevo en su país de origen, donde estuvo viviendo durante cinco años junto a su pareja, de nacionalidad española, con quien se casó. Al esperar ambos un hijo decidieron que ella viajase a España para dar a luz, pidiendo él un visado que le expidieron sin problema. Las dificultades vuelven a comenzar una vez solicitada su autorización de residencia de familiar de comunitario que le fue denegada por tener antecedentes, por una prohibición de entrada de 10 años, y por falta de medios económicos.
Teniendo a un menor español a su cargo le recomendamos que volviese a solicitar la autorización de residencia por la vía del arraigo familiar. A pesar de esto en poco tiempo le notificaron la denegación a su autorización por un solo motivo: tener una prohibición de entrada en España. Algo inverosímil pues entró en el país con visado. Con una esposa de nacionalidad española, después de cinco años casados, con un hijo en común, y tras haber cumplido sobradamente por aquel error que cometió hace más de 17 años, consideraban que ya era hora de que les permitiesen vivir en familia donde habían elegido.
Tras haber presentado un recurso, nos interesamos por el caso ante la administración competente. Por esa contradicción de expedirle un visado en el que todo esto debió ser valorado, por una situación ya superada, por una vida en familia. Al tiempo pudimos celebrar que, tras estudiar el caso, revocaron una orden de expulsión que aún pesaba sobre sus espaldas y que habían resuelto su autorización de residencia de forma favorable.
Fue también una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, pero esta vez por enfermedad, lo que nos llevó a intervenir con la queja 17/570.
La promotora de la misma nos hizo partícipe de lo complicado que era para ella el día a día. Su hijo de 11 años de edad, autista, fue diagnosticado de epilepsia en un grado muy severo. Esto lo estaba llevando a un progresivo deterioro, con un riesgo continuo para su vida. Desde su país de origen reconocían no contar con recursos para poder tratarlo, recomendando que lo tratasen en el extranjero. Esto los llevó a cambiar por completo sus vidas, girando todo alrededor del menor. Contaban con recursos en su país, pero la enfermedad del hijo los había llevado a trasladarse a España.
Por este motivo habían solicitado una autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias, con la sorpresa de ser denegada por falta de informes clínicos, sin requerimiento alguno. Se presentó recurso aportando los informes clínicos necesarios, estando a la espera de respuesta y considerando la situación de extrema necesidad como para pedir nuestra intervención.
Tras las gestiones pertinentes garantizaron desde la Subdelegación del Gobierno que recabarían los informes clínicos pertinentes. Una vez contasen con los mismos resolverían el escrito en un sentido u otro. Al tiempo pudimos conocer que el estudio de esos informes había dado lugar a que se estimase el recurso y se le concediera la residencia al menor.
Relacionado con esta misma temática debemos mencionar también varios casos que llegaron sobre el retraso en la ejecución de sentencias. Y es que pongámonos en el lugar del que solicita una autorización de residencia al considerar que reúne los requisitos para ello; espera un tiempo a la resolución del expediente siendo ésta desfavorable; presenta su recurso en vía administrativa y tras otro tiempo de espera vuelve a ser desestimado; acude a la vía judicial con los posibles retrasos que esto implica; dictan por fin una Sentencia a su favor reconociéndole su derecho, y a pesar de todo este periplo se encuentra con un nuevo retraso: el tiempo que tardan en ejecutar la sentencia. Años en situación irregular sin poder trabajar, ni hacer vida normal, ni llegar a ver donde termina todo esto.
Lo pudimos ver en la queja 17/998. Quien se dirigió a nosotros llevaba años para volver a recuperar la residencia que había perdido en 2005.
El interesado conoció a su actual mujer en 2009, inscribiéndose ambos como pareja de hecho un año después. En 2013 se casaron, con una hija en común que ya tenía unos meses. Tras haber presentado la autorización de residencia en varias ocasiones, no había logrado la misma. Esto lo llevó a acudir a la vía judicial después de todo un largo periplo. A principios del 2016 se pronunciaron a su favor concediéndole la autorización de residencia de familiar de comunitario; sin embargo como es recurrida por el abogado del Estado, no se la dan al no ser la sentencia aún firme.
Tras acudir a la Institución, le recomendamos que pida la ejecución provisional de la misma; así lo hace y a pesar de tener ésta en noviembre del 2016, cuatro meses después cuando se vuelve a dirigir a nosotros continúa sin residencia. Hacemos gestiones al respecto quedando la Subdelegación en estudiarlo. En noviembre de 2017 nos comunica el interesado que ya dispone de una autorización de residencia que le han otorgado por un año.
Y a este caso podemos sumar el de la queja 17/4800, y es que el afectado se encontraba en situación similar al anterior. Teniendo aquí a toda su familia, a su padre, con nacionalidad española, del que dependía, solicitó la residencia de familiar de comunitario. Se denegó la misma en octubre de 2015 por falta de medios económicos y, tras presentar recurso de alzada sin respuesta, acudió a la vía judicial. En mayo de 2017 se dictó sentencia en la que se le reconoce el derecho a la tarjeta de familiar de comunitario. Al no ser firme, pidió la ejecución provisional de la misma, con oposición de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. En julio de 2017 se dictó auto en el que se estimaba la ejecución provisional, ordenándose que con carácter temporal se le otorgase la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Acude a nosotros transcurridos dos meses desde la citada sentencia y a pesar de realizar desde la Institución gestiones al respecto, terminando el año 2017, seguía sin ella.
Distinto a los supuestos anteriores es lo que nos plantearon desde una asociación que atendía al colectivo de Refugiados en España. Esto se recoge en la queja 17/5594 en la que se trataba la dificultad que tenían las personas solicitantes de protección internacional, ya con autorización de trabajo, para la obtención de números de afiliación de la Seguridad Social.
En una oficina concreta en Sevilla se les solicitaba que para dicha asignación entregaran el Modelo TA.1 - Solicitud de afiliación a la seguridad social, asignación de número de seguridad social y variación de datos, sellado y firmado por la empresa que quisiera contratarles. Normalmente, a pesar de la forma de dicho modelo, nunca se había solicitado la firma de la empresa.
Como opciones para evitar dicho trámite, nos daban las siguientes:
1. Solicitar la inscripción en el sistema Cl@ve. Sin embargo las personas con tarjeta de solicitante de protección internacional, a pesar de contar con NIE y posibilidad de autorización de trabajo, generan un error administrativo que no permite obtener dichas claves.
2. Solicitar certificado digital. Muchas de las personas a las que atienden carecen de competencias digitales, y aunque se les fomente desde las organizaciones o cuenten con ellas, carecen de dispositivos electrónicos para gestionar de forma autónoma dicho certificado. Desde las organizaciones, como nos sugería el personal de la Administración de la Seguridad Social, no se podía instalar en sus ordenadores dichos certificados, entre otras cuestiones, por protección de datos.
Desde el servicio de orientación sociolaboral del que nos daban traslado, esta dificultad mermaba sobremanera las opciones de acceso al mercado laboral de este colectivo. Hablamos de personas que nunca han trabajado antes en España, especialmente solicitantes y beneficiarios de protección internacional.
La mayoría de estas personas buscaban su empleo en el sector agrario, cubriendo una gran demanda de mano de obra, especialmente en Andalucía. En el campo no se llega a contactar nunca con la empresa contratante, pues según usos y costumbres, es el manijero quien hace grupos de trabajo y solicita el número de afiliación y NIE para las altas y bajas, a veces en entornos rurales y aislados. Si careces de él, quedas fuera.
Otro de los nichos de empleo son las empresas de trabajo temporal (ETT). Del mismo modo, una ETT no suele avisar con demasiada antelación, y, como ya les había sucedido, no era fácil que procedieran a firmar el documento TA.1 de la Seguridad Social, sino que llamaban al siguiente demandante de empleo.
En otras ocasiones, siempre relacionadas con sectores de media y baja cualificación (hostelería, camareras de piso...), los empresarios contactan a horas en que las oficinas de la Seguridad Social se encuentran cerradas, como puede ser en horario de tarde o los fines de semana, para una contratación inmediata. Son éstas las oportunidades que han de cubrir, donde tienen más posibilidades estos beneficiarios. Pero si carecen del número de afiliación vuelven a perder la oportunidad, como ya les ha sucedido en varias ocasiones.
Atendiendo a lo expuesto se hicieron gestiones de intermediación con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Pues bien, entendiendo perfectamente el problema que se planteaba, dieron una ágil respuesta. Se pusieron en contacto con la Administración correspondiente, a la que le trasladaron que: Atendiendo a la documentación remitida desde el Defensor y teniendo en cuenta las peculiares circunstancias que concurren en el colectivo afectado: Refugiados políticos, beneficiarios de protección internacional; cabe la asignación del Número de usuario de la Seguridad Social de forma presencial previa solicitud e identificación del interesado, no siéndole exigible la firma del empresario a fin de facilitar su incorporación al mercado laboral, ya que dispondrían de autorización administrativa válida para trabajar, facilitándose así su posible contratación laboral, cuyo trámite se efectuaría a continuación de forma telemática a través del Sistema RED.
Con esta gran voluntad e interés que se adoptó por solucionar el problema pudimos dar por concluidas nuestras actuaciones.
En relación a las renovaciones de residencia podemos citar la queja 17/6558 en la que estaba en juego la residencia de la interesada y de sus cuatro hijos menores de edad.
Según nos manifestaba, tenía problemas respecto al trámite de residencia de larga duración por antecedentes policiales. Se trataba de un posible delito de estafa del empleador en el que ella insistía en no estar implicada. De su residencia dependía también la de sus cuatro hijos. Después de nuestra intervención con la Oficina de Extranjería, y dado lo delicado del asunto (menores a su cargo y que se trataban aún de antecedentes policiales, pero no penales), decidieron concederla a la espera del futuro pronunciamiento judicial.
En materia de visados encontramos una casuística muy similar a la de todos los años. Continúan haciéndonos partícipes de las denegaciones de visados de corta duración por motivos de turismo, la necesidad de respuesta ágil a visados para venir a visitar a familiares gravemente enfermos, denegaciones de visados de reagrupación familiar después de contar con informe favorable de la Subdelegación del Gobierno, etc.
Continuando con un tema controvertido, y aún no resuelto a un cien por cien, es del que nos hizo participe la promotora de la queja 17/3275. La interesada compareció en esta Institución trasladándonos por escrito su disconformidad con la documentación requerida tras presentar ante el Ayuntamiento de Málaga una solicitud de informe acreditativa de que disponía de vivienda adecuada, para un trámite de reagrupación familiar. Según nos informó, no estaba muy claro qué se le estaba requiriendo para la elaboración del citado informe de vivienda adecuada.
Entre la documentación se le solicitaba:
· Fotocopia pasaporte Madre/NIE.
· Certificado de nacimiento traducido al castellano.
· Fotocopia de las 3 última nóminas (de las personas que estuvieran trabajando).
· Contrato de trabajo.
Esto motivó que dirigiésemos escrito al citado Ayuntamiento con objeto de aclarar, por un lado, el caso concreto, y por otro, en general, lo que se estaba requiriendo para la elaboración de estos informes. Junto al escrito que remitimos se hizo mención al artículo 55 del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería sobre “Requisito sobre vivienda adecuada a acreditar por un extranjero para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación a favor de sus familiares”, que en su punto 5 detalla el contenido del informe necesario al respecto.
“En todo caso, el informe o la documentación que se presente en su sustitución debe hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento.” Esta documentación se concretó igualmente en la Instrucción DGI/SGRJ/4/2011 por la que se dictaron Instrucciones sobre la forma de acreditar dichos requisitos.
Atendiendo a lo que recogía la normativa vigente y con los datos con los que contábamos, esta Institución no veía con claridad el motivo por el que se le pedía a la interesada la citada documentación, continuando con la investigación para que no se exija a los ciudadanos documentación que no sea necesaria para la elaboración de dichos informes.
De obligada mención, pasando ya a otra temática, son las quejas relativas a la tramitación de la nacionalidad española. Y al igual que años atrás, sigue siendo una constante el elevado número de casos que versan sobre los retrasos en el estudio de los expedientes de nacionalidad española, habiendo atendido durante el año a varias personas que llevan incluso más de cinco años de espera.
Y terminamos el año con la queja 17/6197, expediente de oficio sobre algo de lo que la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene mostrando su preocupación hace ya bastantes años, la situación de las personas que se desplazan a la provincia de Jaén coincidiendo con las campañas de recolección de la aceituna. Estas personas vienen en busca de un empleo en estas faenas de temporada. Muchas de ellas son inmigrantes y desplazadas específicamente a las diversas localidades donde se realiza la recogida de la aceituna.
Han sido más de 38 actuaciones que ha realizado nuestra Institución para conocer y mejorar la situación en la que se encuentran los temporeros que vienen a trabajar en las diversas campañas en nuestra comunidad: Así nos interesamos por las condiciones de trabajo, situación de los hijos de los temporeros que los acompañan en materia de comedor escolar, transporte, etc., así como por los mecanismos para garantizar unas condiciones dignas de alojamiento.
A finales del año 2016, a raíz del lamentable suceso en el que fallecieron tres inmigrantes fruto de un incendio en una cochera de la pedanía de El Mármol, se abrió otra queja de oficio (Queja 16/6940) relacionada con el tema concreto de los alojamientos. Hechos de este tipo volvían a poner en evidencia las condiciones de los temporeros de las campañas agrícolas: tanto en el trabajo como el alojamiento.
Así, hemos solicitado a Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y la Subdelegación de Gobierno de Jaén información sobre las medidas que se preparaban, con motivo de la campaña en la provincia de Jaén del año 2017:
· Previsiones elaboradas sobre la cosecha y carga de trabajos estimada.
· Empleabilidad de trabajadores de la provincia y posible demanda de temporeros ajenos.
· Campañas de divulgación de estas previsiones de empleo para adecuar la presencia de demandantes de empleo a las necesidades efectivas de contratación.
· Relación de albergues y plazas disponibles.
· Calendarios de prestación de servicios de atención y alojamiento.
· Medidas de apoyo y subvenciones otorgadas a los municipios de acogida.
· Relación de reuniones y contenidos del denominado “Foro Provincial para la Inmigración”.
En este año 2017 llegaron también a nuestras puertas numerosos escritos en los que se denunciaba el uso de bases militares de EE.UU. ubicadas en territorio andaluz, para bombardear Siria. Desde esta Institución no podemos dejar de compartir la preocupación que supone cualquier conflicto bélico y las tristes consecuencias que conlleva. La guerra en Siria había alcanzado las cotas más altas de destrucción que cabía pensar. Las imágenes de las ciudades bombardeadas podrían ser las de una ciudad polaca o alemana, tras la segunda guerra mundial. No parece posible que en el siglo XXI las grandes potencias no alcancen un acuerdo de paz. Sin embargo, desgraciadamente, la guerra continúa.
Como Institución encargada de velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos, también alzamos nuestra voz para expresar nuestro dolor ante la pérdida de vidas humanas y las angustiosas situaciones totalmente inaceptables desde un punto de vista humanitario, en las que se encuentran millones de personas que tienen que huir de sus hogares por la guerra y la devastación. Venimos solicitando de manera constante que se busquen soluciones humanitarias en consonancia con la magnitud del problema existente.
Sin embargo, debido a las competencias atribuidas a nuestra Institución en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en nuestra propia norma reguladora, no podíamos entrar a intervenir en aclarar las distintas cuestiones o dudas que surgían en relación a lo que nos planteaban, remitiendo el escrito al Defensor del Pueblo.
También ha sido motivo de intervención por parte del Defensor la situación de los refugiados y la gestión de llegada a nuestro país de los refugiados comprometidos por Europa.
Los Defensores del Pueblo de las comunidades autónomas realizaron una declaración el pasado 2 de febrero de 2017 en la que manifestaron:
1. La necesidad de alzar la voz para expresar su consternación ante la gravísima crisis humanitaria que afecta a los solicitantes de asilo y refugio, mientras se tramitan con cuentagotas los procedimientos de acogida en los Estados miembros de la Unión Europea. Europa no puede continuar asistiendo impasible al espectáculo macabro de muerte y desesperación en que se ha convertido el Mediterráneo, y debe realizar un ejercicio solidario de asistencia y acogida de estas personas.
2. Aunque una solución durable y sostenible de la problemática del desplazamiento de los refugiados consistiría en tratar el conflicto en los países de origen. Esto no ha sido así, por lo que es urgente buscar soluciones humanitarias en consonancia con la magnitud del problema existente.
3. Haciéndose eco de la reivindicación de las organizaciones sociales y de parte importante de la población civil de sus comunidades autónomas respectivas, se debe apelar a todas las instituciones implicadas en la gestión de esta crisis para que se arbitren, sin dilación, medidas destinadas a proteger eficazmente la vida, la integridad, los derechos y la dignidad de cientos de miles de personas que se ven obligadas a escapar de sus países de origen y que son merecedoras de protección internacional.
4. No es admisible la suspensión temporal de los acuerdos de Schengen ni el levantamiento de muros y vallas que cuestionan la idea misma de Europa.
5. Resulta imprescindible el cumplimiento por todos los Estados Miembros de las obligaciones que les corresponden en los acuerdos de reubicación y reasentamiento, manifiestamente asumibles. La actitud insolidaria de ciertos estados no puede ser tolerada, porque el proyecto europeo no podrá mantenerse si se deja sólo en manos de unos estados que soporten todas las consecuencias de la crisis y se permite a otros no cumplir con sus obligaciones.
6. Hay que superar el actual sistema de acogida, lento e ineficaz, favoreciendo mecanismos de coordinación territorial entre la Administración central y las de las comunidades autónomas que posibiliten una gestión capaz de dar respuesta a la magnitud del problema.
7. Deben activarse ya de manera resolutiva las políticas públicas dirigidas a conseguir la integración de los acogidos, ya que la incorporación simultánea de un número importante de personas va a exigir medidas que aborden de manera integral la magnitud del reto planteado.
No podemos terminar esta crónica de lo actuado en el año 2017 sin mencionar la celebración de las Jornadas organizadas a finales del 2017, conjuntamente con el Defensor del Pueblo sobre ”Una visión de la Inmigración desde los Derechos Humanos”, con el objetivo de hacer un balance sobre la situación y los derechos de los extranjeros en España y debatir otros aspectos como: hacia dónde va Europa y los problemas de integración; la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros; el análisis de los principales obstáculos para conseguir la integración real en nuestra sociedad de las personas migrantes y refugiadas; y abordar con los medios de comunicación el tratamiento informativo que se da a este colectivo.
En la inauguración de dichas Jornadas, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, lamentó la falta de respuesta de las instituciones nacionales y supranacionales ante el desafío de la inmigración, “sin renunciar a los principios y valores que sustentan el proyecto de construcción europea”. Asimismo, señaló que los retos y dificultades de la migración internacional requieren una cooperación fortalecida y una acción colectiva. ”A pesar de su reconocimiento formal, la realidad es que nunca hemos asumido el auténtico alcance del derecho a emigrar como un derecho, y hemos reducido la identidad de ciudadanos a una nueva identidad de mano de obra, en función de las coyunturas de nuestras economías”.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz, “en lugar de tratar de convertirnos inútilmente en una fortaleza inexpugnable, la UE y los Estados miembros deberían establecer vías seguras y legales para la llegada de refugiados y migrantes, que hoy no tienen más opción que recurrir a tortuosas rutas en las que se juegan la vida”.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz, “hay que incrementar el apoyo a los Estados de la UE con fronteras exteriores para la recepción de estas personas; revisar la legislación europea que limita la libertad de circulación de los solicitantes de asilo que consiguen ser admitidos en la UE; y acabar con las devoluciones en caliente y otras violaciones de los derechos humanos, incluidos los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza”.
“Lejos de contribuir a construir sociedades plurales y abiertas, muchas de las leyes que han afrontado el fenómeno migratorio desde los países occidentales han puesto palos en las ruedas, han fomentado la exclusión, la discriminación, el odio. Han caído en la óptica del extranjero como sospechoso cuando no directamente enemigo, molesto aunque necesario, permitido o tolerado, pero nunca reconocido en derechos y obligaciones”,
En condición de Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu hizo mención expresa a que los menores “son quienes están pagando el precio más alto del conflicto”. “Es a ellos principalmente a quienes las sociedades europeas deberían dirigir sin ningún tipo de condicionantes ni cortapisas acciones conjuntas, solidarias, sensibles y responsables. Sin embargo, a pesar de que los niños resultan acreedores de este tipo de intervenciones, tal como reconocen los convenios y tratados internacionales, lamentablemente la realidad está siendo bien distinta”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha compartido la propuesta del politólogo y filósofo francés de origen argelino Sami Naïr, -que ha impartido la conferencia inaugural de la jornada- sobre el uso de visados humanitarios, que podrían tramitarse en origen y desde terceros países, y que podría ofrecer una alternativa segura para los demandantes de asilo y un sistema controlable para los Gobiernos.
Por su parte, la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucia, Rosa Aguilar, criticó que la UE sólo haya acogido a uno de cada cuatro refugiados de los 160.000 que se comprometió en 2015 y que el Gobierno español sólo haya traído “a 1.083 de los 17.337”. “Parece que no tienen intención de hacer más”.
Igualmente, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, manifestó que los “que llaman a nuestra puerta , seguirán llegando” y tendremos que establecer los mecanismos suficientes par responder a estas llamadas y sobre todo es necesario coordinarnos con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Y reclamó un nuevo plan África para ayudar a los países de partida de los inmigrantes.
El sociólogo y profesor Sami Nair pidió visión de futuro ante un panorama de envejecimiento demográfico europeo (“en marzo de 2015 por primera vez, tras la II GM, hay más muertes que nacimientos en el continente”) y describió el aumento previsto de la población de África subsahariana e India.
“África va al estallido”, alertó el profesor Sami Naïr, porque lo invertido en cooperación no ha producido desarrollo social y “o encontramos alternativa al muro de Shengen que la UE construyó meses después de celebrar la caída del de Berlín o se llegará a una situación conflictiva. En su análisis, el aumento del paro en el primer mundo ya alimenta “una revolución pasiva en Europa y EE.UU. de masas que se sienten legítimamente amenazadas y avanzan a un injustificable racismo“. “Hay que tener visión y pensar en 2050“, añadió, “para afrontar este fenómeno que es imparable“.
En el transcurso de la jornada ofreció una ponencia José Miguel Sánchez Tomas, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y letrado del Tribunal Constitucional, que explicó cómo la Constitución fija “derechos fundamentales que no humanos en una elección no inocente“. Hizo un repaso a la evolución de desarrollo de los derechos humanos para los inmigrantes, manifestando la marcha atrás en los últimos diez años “en los últimos diez años ha habido una evolución “que ha llegado a hacerme llorar, en el Constitucional, cuando la sentencia 155/2015 denegó a los migrantes en situación irregular el derecho a la educación o la 139/2016 declaró constitucional el Real Decreto de 2012 que les excluye de la sanidad universal“. Una tránsito, en palabras de Sánchez Tomás, del “ welfare state al workfare state, es decir de un Estado de bienestar al de derechos sólo para ciudadanos nacionales y con empleo“.
También al cumplirse 30 años de vigencia de los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros), se analizó en estas jornadas, la situación de los CIES en la actualidad. Y su futuro. Intervinieron en la Mesa Redonda Francisco Coria, de la Secretaria de Estado de Seguridad, Bartolomé José Martínez, Jefe de la Unidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, José Miguel Sánchez, Representante de Cruz Roja y la profesora Elisa García, Directora del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración.
En una segunda mesa redonda se trató sobre Los obstáculos para la integración de migrantes y refugiados. Participaron representantes de ONG, como Mercedes Alconada, de CEAR, Cristina Almeida, de Cáritas y Anabel Quirós, de Algeciras Acoge, junto a los representantes de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla y de la Dirección General de Inmigración. Plantearon sus exigencias de mayor coordinación y eficacia a Isabel Segura, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta y la Jefa de la Oficina de Extranjería de Sevilla, Francisca Gutiérrez. Ésta reconoció “falta de personal“ y mostró resquicios para reagrupación familiar por enfermedad. Anabel Quirós, de Algeciras Acoge, denunció falta de seguimiento de menores “que se escapan de los centros“ y que hasta la ropa de los CIES o los entierros y acompañamiento a familiares están corriendo a cargo de las entidades.
Terminó la Jornada con la Mesa Redonda: Periodismo, derechos humanos y migraciones, en la que se abordó la relación entre periodismo, inmigración y derechos humanos. El debate giró en torno al papel de los periodistas en el tratamiento de estos contenidos y si cumplen con rigor tres máximas del oficio: jerarquizar, contextualizar y comprobar/contrastar. María Iglesias, periodista especializada en migraciones, derechos humanos y movimientos sociales y guionista del documental Contramarea, consideró en cuanto a la jerarquización que estos temas no ocupan el tema que merecen siendo un desafío de futuro junto a la crisis del medio ambiente, el terrorismo internacional o la deslegitimación de la clase política, con mayor razón encontrándonos en Andalucía. Patricia Simón, periodista especializada en relaciones internacionales y en información con enfoque de derechos humanos y de género, aportó que el contexto de estas noticias es conocido, “pero hay que seguir yendo y conocer qué les pasa a las personas en el sitio, qué es lo que falta“. Fabiola Barranco, periodista especializada en migraciones, mundo árabe, derechos humanos y movimientos sociales, abundó en que comprobar es parte del periodismo, “valiéndonos de las herramientas que tengamos y buscarlas“, y lamentó que “muchas veces nos dejamos llevar por ideas que ofrecen instituciones y gobiernos“. Por último, Javier Bauluz, primer periodista español que ha conseguido el Premio Pulitzer, cerró el debate con un ejemplo sobre el lenguaje cuando se utilizan expresiones como motín, avalancha, asalto, concertinas o “impermeabilización de la frontera“ y que marcan la visión de los derechos humanos. Al final de la Jornada se proyectaron las fotografías de la exposición Buscando refugio para mis hijos, del fotoperiodista Javier Bauluz, fotografías del éxodo de las familias de refugiados hacia Europa a través de seis países, desde las islas de Lesbos y Kos, Grecia, pasando por Macedonia, Serbia, Hungría, Austria y Alemania.