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En el anterior Informe Anual nos referíamos a la queja 03/35, iniciada a instancia de una mujer que denunciaba el escaso apoyo que estaba recibiendo, como mujer víctima de violencia de género, en su intento de acceder a una vivienda en régimen de alquiler.

La interesada nos escribía desde una casa de acogida para mujeres maltratadas dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, ciudad a la que había sido trasladada, por motivos de seguridad, procedente de Sevilla. Carecía de empleo y sufría una minusvalía física de un 65%, que la imposibilita para el desempeño de algunas tareas. Además, cuando ingresó en la casa de acogida no había podido acceder al curso de formación profesional ocupacional del Programa Cualifica, porque éste ya había comenzado.

Declaraba que estando próxima a agotar el plazo máximo de estancia permitida en la casa, no contaba con familiares ni amigos en Málaga que pudieran ofrecerle alojamiento, ni estaba obteniendo apoyo por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y otras instituciones públicas – como el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga- para acceder a una vivienda en la que alojarse cuando tuviese que abandonar el piso tutelado al que pudo acceder un tiempo después.

En cuanto a sus ingresos económicos, en ese momento era perceptora de una pensión no contributiva.

Admitida la queja a trámite, por parte del Instituto Andaluz de la Mujer se nos expuso que la interesada contaba con algunos ingresos económicos procedentes de diferentes fuentes cuyo importe total resultaba suficiente para que esta mujer pudiera rehacer una vida normalizada y atender al pago del alquiler de una vivienda. Sin embargo, esta información se contradecía con la aportada por la interesada, ya que algunas de las fuentes de ingresos eran temporales y otras ya habían sido agotadas.

En segundo lugar se señalaba a la Consejería de Obras Públicas y Transportes como Organismo competente para atender la necesidad de vivienda de la interesada, objetivo que venía expresamente recogido en el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de la Vivienda y Suelo 2003-2007, al contemplar, como destinatarias específicas de las actuaciones en materia de vivienda, a las mujeres que padecen violencia de género. A este respecto, el Instituto Andaluz de la Mujer desconocía si la interesada había tramitado solicitud para acogerse a este programa, y en caso de haber sido denegada, los motivos de la misma, por lo que nuevamente nos remitía a la Consejería de Obras Públicas.

Fue así como nuestra reclamante, a la que dimos traslado de toda esta información, pudo conocer que en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga existía una "lista de prioridad" para mujeres víctimas de violencia que, habiendo sido usuarias de la casa de acogida, contaban con graves dificultades para acceder a una vivienda. Tras consultarla comprobó que ocupaba el número 17 de la lista, y que ésta no estaba actualizada, puesto que algunas de las mujeres en ella incluida ya disponían de vivienda. En relación con estas cuestiones la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga nos informó de la imposibilidad de atender la petición de esta mujer por falta de viviendas vacantes en el parque residencial gestionado por esa Delegación.

Por su parte el Ayuntamiento de Málaga nos comunicó que la solicitud de vivienda, presentada por la interesada en noviembre de 2002, se había resuelto favorablemente, siendo adjudicataria de una de las 46 viviendas de promoción pública a la que había optado, y así figuraba en la lista definitiva publicada el día 21 de abril de 2004.

De esta manera se daba solución a la principal necesidad con que contaba la interesada desde que fue advertida del vencimiento del plazo máximo de estancia permitida en la casa de acogida para mujeres maltratadas. 

No obstante la feliz solución del caso, a la vista de las contradicciones observadas, estimamos oportuno formular al Instituto Andaluz de la Mujer y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga las siguientes Recomendaciones:

Al Instituto Andaluz de la Mujer:

"PRIMERO. Que se adopten las medidas oportunas para que a su llegada a las casas de acogida, las mujeres víctimas de violencia de género puedan hacer mención expresa, con reflejo en su correspondiente ficha, de cuáles son sus carencias y necesidades, y dispongan de información suficiente sobre el tipo de apoyo que pueden esperar por parte del Instituto Andaluz de la Mujer para su consecución, o en su caso, los organismos públicos a los que habrán de dirigirse para exponer sus demandas.

SEGUNDO. Que, con carácter general, se informe a las usuarias de las casas de acogida sobre el tratamiento que reciban sus datos de carácter personal y sobre las cesiones puntuales que se produzcan.

TERCERO. Que se comunique a las usuarias de la casa de acogida de Málaga, dependiente de ese Instituto Andaluz de la Mujer, su inclusión en la lista de prioridad para acceso a vivienda pública existente en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga, al objeto de que puedan ejercer los derechos derivados de su condición de solicitantes y, en ese sentido, comuniquen cualquier alteración que se produzca en sus circunstancias personales y económicas, con vista a las necesarias revisiones y actualizaciones periódicas de la mencionada lista.

CUARTO. Que se acuerden las acciones necesarias para que la deseable colaboración entre el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Obras Públicas y Transportes, como organismos públicos con responsabilidades en la coordinación y ejecución de la medida número 16 del II Plan de Acción del Gobierno Andaluz, se promueva y se sustente sobre la base de la transparencia y la participación de las mujeres destinatarias de la medida, y en este sentido se comunique la inclusión en la lista de prioridad, o figura similar, a las mujeres afectadas y se les informe sobre el procedimiento de adjudicación de vivienda y demás cuestiones derivadas de su condición de solicitantes."

A la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes le formulamos una única Recomendación, cuyo texto literal coincide con la señalada en el número CUARTO:

Ambos Organismos nos han comunicado la aceptación de nuestras Recomendaciones y el inicio de actuaciones entre el Instituto Andaluz de la Mujer y la Dirección General de Viviendas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para consensuar un procedimiento o protocolo de actuación que pueda facilitar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a las viviendas de alquiler de promoción pública.

Las peculiaridades que presentó este caso particular, las contradicciones que observamos en el actuar de los organismos públicos implicados así como las dudas sobre la frecuencia con que este tipo de situaciones o carencias se venían produciendo, motivaron el que esta Defensoría iniciara de oficio la queja 03/4935 con el fin de conocer el grado de desarrollo y aplicación que esté teniendo la medida número 16 del Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres 2001-2004.

La principal conclusión que, de momento, arroja la tramitación del citado expediente es la certeza de que la medida número 16 del II Plan Andaluz de lucha contra la violencia de género, se encuentra pendiente de ejecución siendo responsable exclusiva de la misma la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Tampoco se han dictado disposiciones para la efectiva aplicación y desarrollo de la citada medida, competencia reservada a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, actual titular de las competencias que venían atribuidas a la Consejería de Presidencia. 

Esta Defensoría entiende que el II Plan Andaluz de lucha contra la violencia de género encomendó a la Consejería de Obras Públicas y Transportes la puesta en marcha de instrumentos para facilitar el acceso de las mujeres maltratadas a las viviendas públicas en régimen de alquiler como residencias permanentes, ya que la necesidad de alojamiento provisional queda garantizada a través de la red de centros de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer para las mujeres que, junto a sus hijos e hijas, se someten a un itinerario para la recuperación e integración social.

A través de los centros de acogida se pretende la intervención especializada sobre las distintas fases por las que atraviesan las mujeres acogidas en los diferentes centros. El tercer nivel de protección e intervención lo constituye el Programa de Pisos Tutelados que son viviendas independientes para uso familiar, destinadas a ofrecer residencia temporal y gratuita, a las mujeres víctimas de malos tratos y a los menores que las acompañen, hasta que puedan vivir de forma independiente. Durante esta etapa tanto las mujeres como los menores están sometidos a los programas de apoyo social, psicológico y jurídico de los/as profesionales de la casa de acogida.

El paso siguiente en su itinerario de recuperación lo constituye la aplicación de la medida número 16 del Plan de lucha contra la violencia de género, como solución al problema de residencia permanente de las víctimas que carecen de hogar, y como base imprescindible para emprender con éxito una nueva vida fuera del círculo de la violencia.

De acuerdo con los datos aportados en 2004 por el Instituto Andaluz de la Mujer ("Los costes sociales y económicos de la violencia contra las mujeres" Estudios nº 20) los principales obstáculos para romper la relación con el agresor son la falta de independencia económica (73%) y falta de vivienda o lugar de alojamiento (65%).

Una vez abandonado el domicilio familiar, los principales lugares de destino inmediato son la casa de familiares (55%), centros de acogida públicos (19%), casa de amigos (16%) y centros de acogida privados (1%).

En otro documento ("Estudio sobre la situación y características de las mujeres en centros de acogida" año 2000, colección Estudios nº 15) el mismo Organismo señala que tras una permanencia media de entre tres y seis meses en los pisos tutelados, ninguna mujer reanudó la convivencia con el presunto agresor, ni volvió al domicilio de origen, un 23% se instalaron en domicilios de familiares o amigos y un 77% de las mujeres se marcharon para vivir en un piso independiente.

Por lo tanto, a su salida de los centros de acogida, las mujeres maltratadas, al igual que otros muchos colectivos con especiales necesidades, se enfrentan al grave problema de la falta de vivienda permanente y estable, pero a diferencia de aquellos, la mayoría de las veces lo hacen desde una situación de inferioridad, desarraigo y abandono estructural, por no contar con apoyos familiares o sociales, empleo digno etc.

En este sentido, entendemos que cuando la Consejería de Obras Públicas y Transportes considera a estas mujeres como parte del colectivo de personas con recursos limitados y necesidades temporales de viviendas, se está obviando el análisis de las peculiaridades que concurren en sus circunstancias personales, ya que se las está equiparando a otros grupos de población que, aun compartiendo esa misma necesidad, no parten de tales situaciones de precariedad.

Incluso entre las propias víctimas de la violencia se pueden encontrar diferentes niveles de necesidad, en función de que hayan completado su itinerario de recuperación e integración social (supuesto en el que procedería facilitarle el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler) o que no hayan utilizado los recursos públicos de ayuda específica a las víctimas de la violencia, en cuyo caso podrían ser destinatarias del programa de alojamientos provisionales en alquiler regulados en el artículo 36 del Decreto 149/2003 de 10 de Junio, siempre que el mismo vaya acompañado de los correspondientes itinerarios de inserción social.

En este punto recordábamos a la citada Consejería las previsiones contenidas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005 (BOE 11 de 12 de enero), al contemplar como actuación susceptible de la financiación cualificada a las viviendas promovidas para arrendamiento y alojamientos destinados a arrendamientos u otras formas de explotación justificadas por razones sociales, que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva siempre que tengan características adecuadas a ocupantes con circunstancias específicas definidas, y siempre que tales actuaciones sean acordes con la integración social de dichos colectivos.

En el Área de Igualdad de Género, debió ser inadmitida a trámite laqueja 03/61, a través de la cual una mujer divorciada y madre de dos menores, nos exponía que la Tesorería de la Seguridad Social le estaba exigiendo a ella el pago de unas deudas que había generado su ex marido durante el matrimonio y antes de obtener la sentencia de separación. Afirmaba, además, que su situación económica y su precariedad laboral le impedían hacer frente a las deudas y que, como consecuencia del impago, se le había comunicado que procederían al embargo de la vivienda.

La interesada había solicitado el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda, que le fue concedido por la Tesorería General de la Seguridad Social mediante resolución de 30 de Octubre de 2000. Sin embargo, ante el incumplimiento del compromiso de pago, con fecha 12 de Agosto de 2002, la Tesorería había dictado resolución cancelando la resolución anterior, decisión que no había sido recurrida por la interesada. 

La razón que motivaba la queja de la interesada ante esta Oficina no era otra que la falta de información relativa a las causas que determinaron el fallecimiento, el destino dado al cadáver, y la ausencia de propuestas u ofrecimientos de ayuda para llevar a cabo la incineración o enterramiento del mismo.

A este respecto la reclamante expresaba que tras dar a luz pudo comprobar por unos instantes que la niña vivía, pero que entonces se la llevaron sin indicarle a dónde, y que cuando volvió a preguntar por ella un médico le dijo que desgraciadamente había muerto, sin darle más información.

Admitida a trámite esta queja, se procedió a solicitar el preceptivo informe a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme.

El posicionamiento administrativo sobre esta cuestión se viene a resumir en los siguientes puntos.

-la interesada fue diagnosticada de amenaza de aborto desde el comienzo de la gestación y por dicho motivo había tenido tres ingresos hospitalarios para observación, había sido seguida de manera periódica por el Servicio de Ginecología y el parto se produjo de manera espontánea a las 25 semanas de gestación, ingresando con rotura prematura de membranas y dinámica uterina.

-la criatura no presentó al nacer constantes vitales por lo que se envió como es habitual en estos casos al servicio de anatomía patológica para que se realizara la biopsia, sin necesidad de ningún consentimiento específico, a fin de identificar posibles malformaciones anatómicas que hubieran podido determinar la inviabilidad del feto. Como resultado del análisis practicado se advierten en el mismo signos de inmadurez visceral.

-consta en archivo que la paciente fue informada con puntualidad y correctamente de lo sucedido, así como de los pasos a seguir, de manera que su alegato en sentido contrario sólo se puede entender por el pesar que le produjo lo acontecido.

-la paciente no refirió en ningún momento su deseo de enterrar a la criatura, ni solicitó ninguna información ni aclaración posterior en el momento del alta, ni en la posterior revisión en consultas externas.

-los restos humanos referidos se encuentran en el servicio de anatomía patológica a la espera de que los padres los reclamen para su enterramiento o incineración, en cuyo caso habrán de ponerse en contacto con una empresa funeraria para su conducción a este fin.

El relato de los hechos así realizado nos suscitó la realización de una serie de consideraciones.

En primer lugar el informe administrativo trazaba las líneas de la asistencia dispensada desde el hospital, y se esforzaba en demostrar que el fallecimiento de la niña fue el resultado desgraciado de un proceso de embarazo que venía siendo anómalo desde un principio. Por nuestra parte no teníamos nada que objetar en cuanto a la asistencia sanitaria en sí misma considerada, en relación al seguimiento del embarazo, el parto y las revisiones posteriores, ni existía ningún dato que nos hiciera dudar de que el fallecimiento se produjo por causas inevitables, por la propia inmadurez del feto debido a que no se completó el período de gestación.

Muy al contrario era el ámbito de la información proporcionada el que nos seguía planteando diversos interrogantes. En este punto la tesis administrativa descansaba sobre dos premisas fundamentales, a saber, que se informó a la interesada puntualmente de lo sucedido y de los pasos a seguir, y que se le dio un trato similar al de otras pacientes que se ven en idéntica situación.

Por lo que respecta a la información sobre el fallecimiento, aunque en un parto de estas características puede anidar con mayor fundamento el temor respecto a las posibilidades de supervivencia del recién nacido, lo cierto es que no resulta difícil imaginar la situación vivida por la interesada. Ésta no podía suponer lo ocurrido, y a pesar de que parece recomendable que la mala noticia no se le comunique en el momento inmediatamente posterior al parto, la verdad es que aquélla vio cómo su hija desaparecía de la escena, y no fue informada del desenlace hasta que requirió de nuevo su presencia.

El hecho de que se asegure que se le dio la información sobre el fallecimiento, no quiere decir que se le explicaran las causas, o al menos se le indicara que era imposible conocer las mismas con precisión hasta que se realizaran los análisis correspondientes.

Es muy probable que en el informe del alta, a cuyo contenido no pudimos acceder porque no se nos dio traslado del mismo, contuviera los resultados de la biopsia practicada, pero ello no implica que a la interesada se le ofreciera la explicación personalizada y humanizada que las circunstancias requerían, más si cabe dadas sus especiales características, sobre todo teniendo en cuenta que una de las finalidades primordiales de la determinación del diagnóstico concreto de la defunción, habría de ser la de ofrecer a los padres consejo genético adecuado, o la de permitir la mejora de los criterios clínicos en un nuevo embarazo.

Por otro lado, en cuanto a la falta de solicitud del consentimiento para la realización del estudio anatomopatológico (actuándose de una forma rutinaria como en cualquier biopsia), se trata de una actuación que por nuestra parte no podemos refrendar.

Queremos entender que si con carácter general ese centro hospitalario no solicita el consentimiento de los pacientes para proceder a una biopsia, será porque aquéllos han consentido previamente la intervención quirúrgica que la tiene por objeto, o respecto de la cual la práctica de la biopsia puede resultar previsible. De esta manera el paciente autoriza que se le practique la intervención o la prueba diagnóstica en cuestión, o bien las medidas que se puedan hacer necesarias una vez iniciada aquélla.

Sin embargo en el supuesto que considerábamos, en el que la interesada acude al centro hospitalario por razón de un proceso de parto, resulta poco probable que haya manifestado ningún consentimiento previo.

Hemos de recordar que el consentimiento informado, tal y como aparece regulado en el apartado 6 del art. 10 de la Ley 14/86, de 25 de Abril, General de Sanidad, y actualmente en la reciente Ley 41/02, de 14 de Noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que ha venido a derogar expresamente aquél; se concibe de una manera muy amplia, y se precisa en relación a "toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente".

Desde esta perspectiva, y con la conceptuación que sostenían los informes administrativos, que partían de la consideración del objeto de análisis como una parte del cuerpo de la madre, la necesidad de solicitar su consentimiento parece clara.

A mayor abundamiento tampoco podíamos coincidir en cuanto a que el referido análisis constituía una biopsia cualquiera. Sin entrar en valoraciones éticas, considerado desde una perspectiva estrictamente jurídica, e incluso médica, porque se dan casos de viabilidad de seres con períodos similares de gestación; habrá de estarse al menos a que se incide en una parte del organismo de la madre susceptible de generar vida independiente, como de hecho tuvo la recién nacida, aunque fuera por pocos instantes. De ahí que también se hable de autopsia perinatal para referirnos al estudio médico o forense del cuerpo de un feto mayor de 20 semanas de gestación, ó de 500 gr. de peso.

También resulta evidente que desde este punto de vista era necesario informar a la paciente de las actuaciones que se iban a llevar a cabo en el cuerpo alumbrado, y solicitar su consentimiento para ello.

La aseveración de que se ofreció puntual información a la interesada sobre los pasos a seguir, contrasta fuertemente con el contenido de los informes. Parece por tanto que como la interesada no manifestó nada al respecto, se legitima que la Administración tampoco haga nada, pues la prueba de esta inactividad no es otra sino la permanencia de los restos de la recién nacida en el servicio de anatomía patológica, cinco meses después de la fecha del parto, "a la espera" de que los padres los reclamasen.

El deber de información que asiste a los profesionales no se justifica en la previa petición de aquélla, pues aunque resulte evidente la necesidad de satisfacer los cuestionamientos de los pacientes en la medida de lo posible, dicho deber permanece, al menos referente a lo básico de la asistencia, aún en caso de que la referida petición no exista.

De seguro que esta situación no se habría producido si antes del alta, o con posterioridad, puesto que la paciente se encontraba perfectamente localizada, se le hubiera requerido en cuanto al destino del cuerpo.

Se esgrimía que la actuación del centro hospitalario en relación a la interesada había sido igual a la de otras pacientes que habían pasado por la misma situación, y quizás aquí radique el error, puesto que es evidente que una persona que se encuentra en situación de privación de libertad no se pueda equiparar al resto de los pacientes, ya que presenta un estatus inicial más proclive a la indefensión, que debe ser suplido con un plus de iniciativa por parte de la Administración.

En el caso que consideramos resultaba claro que dicha iniciativa no había existido, como lo demostró el hecho de que la intervención de la unidad de trabajo social, como se puede colegir de la falta de respuesta ofrecida, fuera nula.

Así pues, teniendo en cuenta los hechos expuestos, y las consideraciones realizadas, esta Institución procedió a formular a la Dirección Gerencia del Hospital "Virgen de Valme" las siguientes Recomendaciones:

Un tiempo después se recibió escrito del Hospital Universitario de Valme y en el mismo se manifestaba aceptar las recomendaciones formuladas desde esta Institución, así como informarnos de la adopción de medidas encaminadas a garantizar el derecho a la información, habiéndose dado instrucciones a la Unidad de Trabajo Social para que incrementen la coordinación y cooperación con otras administraciones competentes, así como su disponibilidad a los pacientes ingresados en situación de privación de libertad.

El fenómeno de la prostitución sigue siendo objeto de estudio en esta Institución, como continuación a nuestro Informe Especial "La prostitución: realidad y políticas de intervención pública en Andalucía". A lo largo de 2003 hemos llevado a cabo el seguimiento del cumplimiento de las Recomendaciones que formulábamos a los organismos públicos competentes por razón de la materia.

Como se recordará, en el Informe aludíamos, respecto a las acciones emprendidas por la Consejería de Salud, a la conveniencia de que las campañas de prevención de riesgos que se diseñaran desde la Consejería de Salud incluyesen información dirigida, no sólo a las personas que se prostituyen, sino también a los clientes de estos servicios.

Por otro lado, entre las Recomendaciones que formulamos a todos los Organismos afectados, destacamos aquella en la que insistíamos sobre la necesidad de que se definir claramente la posición de la Administración Autonómica a través de los distintos Departamentos y Organismos ante el fenómeno de la prostitución, de forma que se promueva una intervención integral y coordinada sobre todos los aspectos que presenta el fenómeno de la prostitución. Señalábamos que, considerando la complejidad de las circunstancias que concurren en esta problemática, dicha intervención debería articularse mediante un Plan Integral desde el que se acometieran las medidas que ya se estaban realizando, y al que se pudieran sumar las respuestas que desde las distintas instancias de la administración autonómica se estuvieran aportando en el ámbito de sus respectivas competencias.

Recomendábamos igualmente que se establecieran instrumentos específicos y programados para lograr una mayor coordinación y apoyo a favor de las entidades, organizaciones y colectivos que desarrollan programas de ayuda a este grupo de población.

En esta línea parece situarse el vigente Plan Especial sobre prostitución, aprobado en el mes de Marzo por la Consejería de Salud en colaboración con determinadas asociaciones y organizaciones no gubernamentales, según hemos podido conocer a través de la queja 03/1153, iniciada de oficio a efectos informativos sobre las previsiones y aplicaciones del mencionado plan, en relación con el contenido de nuestras recomendaciones.

El Plan ha sido elaborado por una Comisión intersectorial integrada por miembros de diferentes instituciones públicas y privadas que trabajan directamente con la población afectada, y tiene por objetivo general promover una mejora en la salud individual y colectiva de las personas que ejercen la prostitución, a través de acciones destinadas a garantizar la adecuada asistencia sanitaria y a prevenir daños para su salud generados por prácticas de riesgo.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Consejería de Salud ha firmado un convenio de colaboración con 24 organizaciones no gubernamentales en el que se definen las acciones de desarrollo del Plan, entre las que destacan la formalización de un protocolo de derivación gestionado a través de un médico del Centro de Salud de la Zona o Centro de enfermedades de transmisión sexual en cada provincia, un protocolo de derivación con el Comisionado para las Drogodependencias y facilitar material de información específico tanto a las personas que ejerzan la prostitución, como a los clientes. 

Este año hemos iniciado una queja de oficio sobre la situación que padecen las mujeres desprotegidas socialmente. Vamos a aportar el fundamento de hecho que incorporábamos a la queja para que se comprenda la situación que queremos reflejar:

La Consejería de Asuntos Sociales nos remite un informe detallado dando cuenta de las medidas puestas en marcha y las que se prevén adoptar. En síntesis, nos informa de lo siguiente:

"Las acciones que el Instituto Andaluz de la Mujer lleva a cabo en esta materia concreta se refieren fundamentalmente a:

- Facilitar información y asesoramiento de carácter Jurídico, Psicológico, Social y de Empleo a las mujeres usuarias de los Centros de la Mujer, con sedes en todas las capitales andaluzas.

- Favorecer, mediante subvención a los Ayuntamientos andaluces, la creación y funcionamiento de Centros de Información a la Mujer en toda Andalucía.

Con el objetivo de paliar las diferencias sociales que generan las múltiples dificultades que el colectivo de mujeres mencionado encuentra en la búsqueda de empleo para su inserción profesional, los Departamentos de Fomento de Empleo de los Centros de la Mujer, llevan a cabo para Andalucía las actuaciones siguientes:

- Información y asesoramiento sobre Cursos de Formación Ocupacional, Información Profesional y, fundamentalmente, sobre "Técnicas de Búsqueda de Empleo", ofreciéndoles la posibilidad de asistir a un módulo de 20 horas impartido en el Centro gratuitamente. Estos módulos de Técnicas de Búsqueda de Empleo se han empezado a impartir este año en todas las provincias andaluzas y el requisito básico que se estableció para la mujer solicitante es el que fuera una persona realmente preocupada por la búsqueda de empleo y que hubiese sido atendida en el Centro de la Mujer. Naturalmente, se han tenido en cuenta, a la hora de la selección de los grupos, otros factores, como es el carecer de medios económicos y encontrarse con responsabilidades familiares no compartidas.

Las esperanzas puestas en estas sesiones semanales de Técnicas de Búsqueda de Empleo como un método eficaz de encontrar un trabajo, hacen que se implante como tarea primordial del Departamento de Fomento de Empleo y se ha acordado que se realicen cada dos meses en todos los Centros de la Mujer.

- Cursos que capaciten a la Mujer para acceder a empleos cualificados en sectores donde tradicionalmente está poco representada y en sectores donde hay buenas perspectivas de empleo.

Desde la creación del Instituto Andaluz de la Mujer se han convocado estos Cursos anualmente, publicando las bases de la convocatoria en el B.O.J.A. y difundiéndola por todas las provincias a través de los Centros de la Mujer. (B.O.J.A. nº 19 de 7 de Marzo de 1989, B.O.J.A. nº 34 de 27 de Abril de 1990 y B.O.J.A nº 12 de 15 de Febrero de 1991).

En la gran mayoría de los Cursos convocados por el Instituto Andaluz de la Mujer los requisitos básicos para las mujeres solicitantes eran el de encontrarse desempleadas y tener una formación académica mínima de Graduado Escolar o equivalente.

Las profesiones a las que han ido encaminados han sido variadas (Producción Videográfica y de T.V., Turismo Rural, Vídeo Interactivo, Creación, Gestión de Empresas, Cultivos Biológicos, Diseño Gráfico, Tratamiento Informático de la Imagen, etc. ) y la duración de ellos ha oscilado entre 800 horas y 1.500 horas.

- Cursos de Agentes para la Igualdad de la Mujer (B.O.J.A. 30 de Marzo de 1991).

Los Departamentos jurídicos en las provincias atienden, en gran medida, consultas presentadas por mujeres que buscan la solución legal a una convivencia no deseada y aquellas que denuncian el impago de las pensiones que en derecho les corresponden.

El trabajo de atención a esta población desarrollado por los Departamentos citados arroja una cifra de 6,.564 consultas atendidas en toda Andalucía. (Año 1990).

El Instituto Andaluz de la Mujer, consciente de la real indigencia en que estas mujeres se encuentran, así como la indefensión que acarrea el impago sistemático de las pensiones fijadas en sentencias y/o resoluciones judiciales, ha formalizado relaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entendiendo que, una información adecuada a este Tribunal, en los asuntos planteados con más asiduidad por las mujeres, es un instrumento adecuado para mejorar el estado actual de la cuestión.

Para la población mencionada y desde el Instituto Andaluz de Servicios Sociales existen:

Ayudas económicas convocadas por la Orden de 16-01-91 de la Consejería de Asuntos Sociales, la cual en el Capítulo II Sección 5ª contempla Ayudas Económicas de urgencia social, definidas en el Artículo 45 de dicha Orden como las destinadas a atender situaciones y necesidades de urgencia Social, cuya apreciación corresponderá, en todo caso, al órgano competente para resolverlas.

El programa de Solidaridad de los Andaluces regulado por el Decreto 400/1990 de 27 de Noviembre, contempla, igualmente, entre sus posibles beneficiarios, la población femenina en situación de necesidad específica.*".

Básicamente, éstas son las medidas que se adoptan en el seno de los organismos dependientes de la Junta de Andalucía. Valorándose positivamente todas estas medidas, entendemos que se deberán fortalecer las ayudas económicas si se quiere mitigar el problema e incidir eficazmente en la resolución de esta cuestión social. Intentaremos seguir profundizando en el estudio de estas situaciones

En escrito que la interesada presentó en esta Institución, nos denuncia su precaria situación: es separada, tiene dos hijos y espera el tercero. Su marido, heroinómano, no cumple el deber de pagarle la pensión fijada en la sentencia de separación. Vive en precario en un piso propiedad de sus suegros, bajo amenaza de desahucio. Habiendo solicitado el salario social, le es concedido un cursillo mediante resolución que es recurrida por la interesada por coincidirle con el parto y lactancia de su próximo hijo.

En el informe que nos remite a petición nuestra la Delegación en Sevilla de la Consejería de Trabajo, se nos dice que no les era conocida la circunstancia del embarazo a la hora de decidir sobre la medida más adecuada para atender la necesidad de la peticionaria y que se hallaba pendiente de resolución un recurso de alzada presentado por la misma contra la resolución adoptada.

Una vez estudiado el contenido del mismo se observa que con la tramitación seguida no se ha conseguido dar una respuesta efectiva a la demanda planteada, bien sea por el lapsus de tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la adopción de la medida contemplada en el Programa que ha hecho que varíen las circunstancias a tener en cuenta, o bien por la propia deficiencia en el cuestionario utilizado para realizar el estudio.

Sin entrar en la evaluación de cuál de los dos motivos puede haber incidido más en la deficiencia, nos pareció adecuado sugerir, en aras a conseguir la eficacia que prescribe el artículo 103 de la Constitución, que se adoptaran medidas tendentes a reducir los plazos de tramitación, para eliminar, en lo posible, el riesgo de que aparezcan circunstancias que varíen el supuesto de hecho sobre el que se va a aplicar la medida, y que se estudie la modificación de los cuestionarios a los que son sometidos los solicitantes de ayudas del Programa para recoger este tipo de incidencias.

En este sentido se formula Sugerencia en el siguiente sentido:

Ante esta Institución comparecieron dos ciudadanas. Ambas venían a exponer una problemática similar, por lo que se decidió tramitarlas conjuntamente.

En su escrito, la primera reflejaba esta situación:

Es madre de tres hijas mayores de edad, dos de ellas aún continúan estudiando y, por tanto, nada pueden aportar económicamente a la familia. Es separada, y según la sentencia, tendría derecho a percibir una pensión alimenticia en favor de una de sus hijas, que desde que alcanzó la mayoría de edad, dejó de recibirse.

A pesar de estar intentando, por vía judicial, hacer cumplir al cónyuge con sus obligaciones respecto de las hijas, este dilatado procedimiento aún no ha llegado a su fin.

Había estado trabajando durante algún tiempo como limpiadora suplente en un Instituto, pero actualmente está desempleada, a pesar de haber seguido diversos cursos de formación del INEM y solicitado puestos en diversas bolsas de trabajo.

La segunda interesada presentaba un caso similar:

Madre de dos hijos, separada legalmente y con derecho a percibir del cónyuge una contribución económica por las cargas familiares; también se encuentra ante el hecho del incumplimiento de las obligaciones señaladas en la sentencia de separación, a pesar de constarle que su marido percibe ingresos como trabajador autónomo. Ha presentado denuncia penal por tal hecho, pero parece haber sido archivada sin más trámite.

Ambas, antes de dirigirse a esta Institución, habían solicitado la colaboración de asistentes sociales y del Instituto de la Mujer, además de haber buscado insistentemente empleo, pero ninguna de estas vías ha solventado sus actuales problemas económicos.

Presentamos estos dos casos como ejemplificativos de la situación por la que atraviesa un colectivo importante de mujeres con cargas familiares, que ven incumplidas las obligaciones señaladas en las sentencias de separación o divorcio por el cónyuge, con la difícil y lenta solución que este camino conlleva, y no encuentran un empleo.

Ante estos casos, que demandan una clara protección social, es por lo que, después de ser admitidas a trámite, se interesó informe acerca de los planes, programas o medidas, que se han previsto para situaciones como las presentadas, colectivo al que van dirigidas y grado de valoración de su eficacia.

Cumplimentando esta petición, la Consejería de Asuntos Sociales nos manifiesta que es consciente de la situación de precariedad que conlleva esta circunstancia y nos describe las medidas previstas para mejorarla:

- En principio se excluye la prestación económica directa sustitutoria de la pensión debida.

- Los Departamentos Jurídicos de los Centros de la Mujer asesoran a las mujeres antes y durante el proceso de separación, y, una vez finalizado, para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En este último aspecto, también se dirigen los esfuerzos hacia la Administración de Justicia para llamar su atención sobre la gravedad de esta situación.

- Entendiendo que la vía judicial se presenta lenta, se intenta paliar la situación con medidas como cursos de formación o sobre técnicas de búsqueda de empleo, donde la situación de "mujer sola con cargas familiares no compartidas" es especialmente tenida en cuenta.

A la vista de ese informe estimamos necesario hacer un serie de consideraciones:

1ª.- Ya en el Informe Anual que esta Institución sometió al Parlamento en el año 1991, dábamos cuenta de las gestiones realizadas en la queja de oficio iniciada tras constatar que un número de ciudadanas nos venian expresando la lamentable y difícil situación por la que atravesaban, al carecer de los medios económicos necesarios para poder subsistir, tanto ellas, como los hijos que se encuentran a su cargo.

2ª.- En el informe remitido desde esa Consejería en aquella ocasión se nos detallaban las medidas puestas en marcha y las que se pretendían emprender.

. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer:

. Información y asesoramiento de carácter jurídico, psicológico, social y de empleo.

. Información y asesoramiento sobre cursos de formación ocupacional, profesional y, sobre todo, técnicas de búsqueda de empleo.

. Cursos de capacitación para empleos cualificados en sectores que, o bien la mujer, tradicionalmente, está poco representada, o existen buenas perspectivas de empleo.

. Cursos de Agentes para la igualdad de la Mujer.

. Desde el Instituto Andaluz de Servicios Sociales:

. Ayudas económicas de emergencia social para atender a las necesidades de este carácter, aunque su apreciación corresponde al órgano que ha de resolverlas.

* Desde la Consejería de Trabajo:

. Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía, que puede ser aplicable a este colectivo.

3ª.- En aquel entonces valorábamos positivamente estas medidas, pues podrían ofrecer un adecuado ámbito de cobertura, aunque entendíamos que deberían fortalecerse las ayudas económicas si se quería mitigar el problema e incidir eficazmente en la resolución de esta cuestión social.

4ª.- Al recibir de nuevo esta problemática a través de las quejas que se nos presentaron, vimos una buena oportunidad para poder realizar un estudio pormenorizado de la evolución de la situación y, sobre todo, conocer la evaluación realizada sobre la eficacia de las medidas que se estaban aplicando.

Por eso, en nuestra petición de informe para la tramitación de estas dos quejas se incluyó, entre los aspectos sobre los que debiera versar, el de si se había procedido a esa evaluación.

5ª.- El informe remitido se limita a describir las medidas que se adoptan en este momento, descartando, de entrada, la prestación económica directa sustitutiva de la pensión debida, pero no nos ilustra suficientemente sobre el citado aspecto, por lo que no nos es posible, en este momento, realizar una aportación más sustancial.

6ª.- Sin embargo, sí debemos aprovechar la ocasión para, además de servir de portavoces de las personas que se encuentran en esta situación y que, con su queja, quieren mostrar que las actuaciones de los poderes públicos ante la misma no se ha producido con la adecuada eficacia, dirigir una recomendación a esa Consejería en el sentido de que se proceda a la evaluación de las medidas que desde ese departamento se adoptan, con el objeto de poder determinar su eficacia y la necesidad de modificarlas, complementarlas o intensificarlas.

A tenor de las consideraciones mantenidas, se decidió formular la siguiente Recomendación:

La Recomendación fue acogida favorablemente por la Consejería de Asuntos Sociales

 Diariamente recibimos quejas de los ciudadanos en demanda de la obtención de prestaciones sociales en abstracto. Los ciudadanos andaluces que soportan estados de necesidades vitales severas se dirigen a la Oficina solicitando nuestra intermediación para lograr obtener la satisfacción de las mismas. Unas veces, en demanda de trabajo, otras de dinero para remediar eventualidades sociales urgente, y en general, quejándose de la difícil situación social que padecen. Lo paradójico es que mientras la necesidad sea más radical, menos posibilidades jurídicas existen para intervenir con eficacia. La problemática social más grave que recibimos la representan los ancianos que susbsisten con pensiones mínimas y las madres con cargas familiares. En el primer caso, cuando el anciano vive solo, o cuando de la pensión debe abonar el alquiler de una vivienda o padece una enfermedad crónica que precisa ayuda, la situación se torna insostenible. En estos casos, la exigua pensión se muestra insuficiente para asumir un mínimo de vida en dignidad. Igualmente trágica es la situación de aquellas mujeres que asumen en exclusiva la carga familiar, máxime cuando no disponen de trabajo renumerado. Además de estas situaciones destacadas, todo un elenco de eventualidades sociales afloran en demanda de prestaciones ante nuestra Institución: padres de familias parados, inmigrantes, extoxicómanos, enfermos de sida marginales, etc.

Por último, en otro sector, el de las mujeres desprotegidas, se reciben quejas de mujeres desempleadas que soportan cargas familiares sin ningún tipo de recursos. Son éstas quejas de emergencia social. En general, se refieren a mujeres que han padecido un proceso de ruptura matrimonial, que no reciben apoyo económico y que acaban siendo las únicas responsables de los hijos. Esta difícil realidad social ya ha sido reflejada por esta Institución, en otras ocasiones, por ejemplo en el Informe del año 1991, y se han gestionado distintas quejas concretas sobre madres desprotegidas. Lo preocupante es que no se detecta una intervención administrativa efectiva, ni mejora sobre esta situación. Es habitual que los Servicios Sociales Comunitarios concedan parcas ayudas de emergencia social que sólo alivian transitoriamente el estado carencial, pero no se adoptan medidas estructurales eficaces para remediar este grave déficit social. Estas familias monoparentales acaban padeciendo el desamparo social y una intensa desprotección.

El análisis del ejercicio del derecho a la igualdad, cuando utilizamos el enfoque de género, nos permite obtener una visión de la realidad social más cercana a los problemas reales del individuo.

En este sentido, queremos referirnos a un tema de absoluta actualidad, el de las familias monoparentales, sobre el que tuvimos ocasión de actuar, en calidad de meros intermediarios, entre la población afectada y la Administración competente, a la que hicimos llegar su preocupación por una problemática muy concreta.

En efecto, resulta evidente el avance experimentado por nuestra sociedad, en la consolidación de las familias monoparentales, formadas mayoritariamente por mujeres con cargas familiares. Esta tendencia viene favorecida, entre otros factores, por el cambio político experimentado en nuestro país con la instauración de la democracia y la aprobación de la ley del divorcio de 1981. Según datos recogidos en las memorias anuales del Consejo General del Poder Judicial hasta el año 1998, el grupo más numeroso de familias monoparentales es el encabezado por mujeres separadas o divorciadas, cuando hasta hace bien poco era el grupo de viudas el que constituía el contingente mayor.

También la extensión de la ideología feminista en los últimos 20 años ha propiciado, el que un volumen importante de mujeres se plantee llevar adelante proyectos familiares en solitario, bien a priori, o bien una vez constatado el fracaso de una unión anterior. Precisamente han sido los estudios alentados desde el movimiento feminista, los que alertaron acerca de las situaciones extremadamente difíciles en que, con frecuencia, se ven envueltas las familias monoparentales encabezadas por mujeres.

A propósito de estas dificultades, en la declaración que hizo en Pekín en 1995, la Conferencia Mundial sobre Mujeres hizo referencia específica al colectivo de familias bajo la responsabilidad de las mujeres. De acuerdo con esta declaración, una cuarta parte de los hogares del mundo son dirigidos por mujeres y muchos otros dependen de los ingresos de estas, aún con la presencia de hombres, e instaba tanto a gobiernos como a organizaciones no gubernamentales a desarrollar medidas específicas destinadas a permitirles salir de esas situaciones de marginalidad.

En esta línea de argumentación se encuadra el escrito de consulta que nos remitió la Presidenta de la Asociación de Mujeres que Afrontan Solas su Maternidad (ACANA), entidad que tiene por objeto reivindicar la puesta en marcha de medidas destinadas a atender las necesidades de este colectivo de mujeres en Andalucía, y que viene colaborando con diversas instituciones públicas, entre otras el Instituto Andaluz de la Mujer, en el desarrollo de programas sociales de apoyo a mujeres trabajadoras con cargas familiares, facilitándoles así el que puedan conciliar su vida familiar y laboral. 

En esta ocasión acudían a esta Institución tras la publicación del Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de apoyo a las familias andaluzas, para exponernos sus reflexiones sobre el contenido de la norma, cuya aprobación celebran, y manifestarnos su preocupación por los escasos efectos positivos que su aplicación reportará a las familias monoparentales, especialmente en una de las medidas más necesarias para ellas, como es la concesión de plazas en centros de atención socio educativa para sus hijas e hijos.

A juicio de la asociación ACANA, el conjunto de medidas de apoyo que contempla el Decreto supone un avance importante para todas las familias andaluzas, tanto parentales como monoparentales, si bien en el caso de éstas últimas, entienden que la nueva norma no contempla con exactitud la realidad y especiales circunstancias que concurren en las familias monoparentales, donde las cargas familiares y los deberes laborales recaen, todo el tiempo, sobre una única persona, sin posibilidad de conciliar o repartir tiempos y espacios.

Para este colectivo, los centros de atención socio educativa y los servicios de ludoteca infantiles constituyen el principal apoyo para las familias monoparentales, y así lo había entendido hasta ahora la Administración Autónoma, y en especial el Instituto Andaluz de la Mujer, que en los últimos años había formalizado diferentes líneas de colaboración con algunas entidades asociativas, entre ellas ACANA, para la prestación del servicio de guardería a los hijos de mujeres que afrontan solas su maternidad, mediante Escuelas de Verano así como Talleres educativos durante el curso académico

Sin embargo, en su comunicado lamentaban que para la aplicación de esta medida, la nueva normativa no haya establecido alguna prioridad para las familias monoparentales frente a las parentales, sino que uno y otro tipo de familias quedaban equiparadas a todos los efectos en el reparto de las plazas de centros de atención socio educativa disponibles, obviando así la principal dificultad que ha de afrontar toda familia monoparental, a saber, la de compaginar el cuidado de los hijos con el desempeño de sus obligaciones laborales y su vida personal.

Las intenciones de la asociación al dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz, no eran otras que las de expresar su preocupación porque esa interpretación de la norma acabara desvirtuando el espíritu de las, de por sí escasas, medidas de apoyo a las familias monoparentales impulsadas desde Europa.

Dimos pues un tratamiento diferente a esta consulta, y decidimos trasladar el caso, para su consideración, a la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, organismo impulsor del Decreto de ayudas a las familias, que rápidamente contestó nuestro comunicado manifestando lo siguiente:

La respuesta de la Consejería nos pareció bastante clarificadora de la interpretación que actualmente estaba recibiendo la norma, por lo que se la facilitamos a la asociación ACANA, al objeto de que les sirviera como referente a la hora de solicitar las diferentes ayudas, todo ello sin perjuicio de que se dirigieran mediante escrito de queja a esta Institución, en el supuesto de que apreciasen algún tipo de irregularidad en la aplicación de esa norma.

Por otro lado, las previsiones anunciadas por la Consejería de Asuntos Sociales se han materializado mediante la publicación en BOJA de fecha 7 de febrero de 2003, del Decreto 18/2003, de 4 de Febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, con el que, según se indica en el propio preámbulo, se pretende «facilitar el acceso a las plazas de los centros de atención socio-educativa en los casos de familias monoparentales".

Efectivamente, de acuerdo con la nueva redacción dada al art. 9 c) del Decreto 137/2002, de 30 de Abril, el requisito de que el padre y la madre trabajen, en el supuesto de acceso a las plazas de atención socioeducativas, no será exigible cuando se trate de familias monoparentales.

Cuando estas quejas son admitidas a trámite constatamos que, por lo general, las Administraciones Locales a las que solicitamos la correspondiente información conocen el problema y, con bastante frecuencia, han actuado sobre uno o varios de los aspectos de necesidad como el empleo, los bienes de primera necesidad o los programas de intervención familiar. En definitiva son los Ayuntamientos quienes se vienen ocupando de atender aquellas demandas que valoran como necesarias, al tiempo que tratan de exigir de estas familias el compromiso de recuperación a través de los programas de intervención familiar.

Sin embargo, los Ayuntamientos no siempre disponen de información actualizada sobre la situación económica, laboral o familiar de los usuarios, lo que lleva a que, en ocasiones, se adopten decisiones erróneas o se aborde parcialmente la problemática que presenta la persona o el grupo familiar.

Así lo exponía en la queja 04/2398 una mujer, separada y madre de 3 hijos, que se encontraba desempleada y con escasos recursos económicos para atender las necesidades más básicas de sus hijos, ya que su ex esposo no estaba abonando la pensión por alimentos. Desde hacía 12 años vivía en la que fue la vivienda conyugal, sin título alguno que acreditase algún régimen de tenencia, y que había sido cedida por el Ayuntamiento de su localidad. La vivienda en cuestión no reunía suficientes condiciones de habitabilidad, aunque los pocos arreglos se habían llevado a cabo gracias a las ayudas otorgadas por el propio Ayuntamiento. Como en la mayoría de los casos, esta mujer había expuesto su situación de necesidad -acceso a un empleo, ayudas económicas, regularización de la situación de la vivienda en la que reside etc- ante el Departamento Municipal de Servicios Sociales, sin que se le hubiera ofrecido respuesta.

Admitida a trámite esta queja, y estudiada la respuesta del Ayuntamiento así como el escrito de alegaciones que a la misma presentó la interesada, pudimos constatar que existían muy diferentes interpretaciones de los datos que figuraban en el expediente.

En primer lugar, el Departamento Municipal de Servicios Sociales desconocía que la situación económica de esta familia se había agravado en los últimos tiempos, debido fundamentalmente al desempleo de ella y sus hijos, y al incumplimiento del pago de la pensión por alimentos a que venía obligado su ex marido, hecho que había sido denunciado por la afectada y que había originado la apertura de un procedimiento abreviado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Respecto al impago de la pensión alimenticia de 360 €, desde el Departamento Municipal se afirmaba que conocían la existencia de denuncias en los años 2000, 2002 y 2004, pero al mismo tiempo les constaba que el órgano jurisdiccional había dictado providencia ordenando el embargo de dicha cantidad directamente de la nómina de su marido, a pesar de lo cual esta mujer seguía asegurando que no la recibía.

Esta discrepancia nos pareció lo suficientemente importante como para realizar una visita al domicilio de la interesada, a través de la cual pudiésemos esclarecer estas y otras cuestiones esenciales. De acuerdo con el informe social elaborado por la Trabajadora Social del Defensor del Pueblo Andaluz tras la visita, el embargo del sueldo a su ex marido permitió que percibieran la pensión por alimentos durante un tiempo hasta que fue despedido y creó una empresa que, al poco tiempo quebró, por lo que dejó de abonar la pensión por alimentos.

El matrimonio había durado 24 años, tiempo durante el cual la interesada había sufrido todo tipo de humillaciones y malos tratos por parte de su marido, los cuales ni siquiera cesaron tras la separación, como lo prueban las tres órdenes de alejamiento que se dictaron contra él, la última de las cuales acordada dos meses después de presentar su queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Como consecuencia de su conflictiva vida matrimonial, la interesada había precisado atención médica en salud mental para intentar paliar el cuadro ansioso depresivo ocasionado por la violenta convivencia.

Pudimos advertir además, que la baja cualificación profesional de nuestra reclamante estaba constituyendo un obstáculo importante para su inserción laboral y, en consecuencia, recomendábamos que fuera incluida en alguno de los programas específicos de intervención para colectivos con dificultades de inserción laboral, como fórmula para mejorar la situación económica familiar y su estado anímico y de salud en general, algo deteriorado tras años de convivencia marcada por los malos tratos conyugales. Para todas estas cuestiones, sugeríamos a la interesada que se mantuviera en contacto con su Ayuntamiento además de acudir al resto de organismos y entidades públicas y privadas con competencias en materia de fomento del empleo.

Pero sin duda la mayor urgencia de la familia se centraba en resolver el problema de las deficientes condiciones de habitabilidad de su vivienda y la regularización de su titularidad. De las manifestaciones de la propia interesada, y del informe municipal, se desprendía que el Departamento de Vivienda, aún siendo consciente de que esta familia carecía de título de propiedad sobre la vivienda, le había prestado ayuda consistente en el suministro de materiales para la realización de obras de reparación. En este sentido, sugeríamos al Ayuntamiento que, en la medida de lo posible, orientase y asesorase a la interesada para la regularización de la situación jurídica de la vivienda que ocupaba, para que una vez llevada a cabo la misma, pudiera acceder a algunas de las Actuaciones y/o Programas que en materia de Rehabilitación contemplan los actuales Planes de Vivienda y Suelo, en caso de que cumpliese con los requisitos exigidos.

Como acabamos de exponer, el origen de muchas de estas situaciones se encuentra en el desequilibrio económico producido tras las separaciones y divorcios, desequilibrio que con bastante frecuencia perjudica principalmente a la mujer. En la queja 04/891 una mujer de 25 años de edad, en situación de desempleo, y madre de tres hijos de 8 meses,1 y 6 años, manifestaba que su marido les había abandonado llevándose consigo todos los ahorros de la familia –en torno a los 23.000 euros-. De momento estaban alojados en casa de sus padres, quienes asumían el alojamiento y la manutención de los cuatro, hasta tanto el Departamento de Servicios Sociales de su localidad les respondía sobre la petición de ayuda de emergencia que había presentado.

Un caso parecido nos presentaba en la queja 04/1199 una mujer separada, madre de cinco hijos que no percibían la pensión por alimentos de su padre. Al parecer había ocupado varias viviendas en régimen de alquiler, y en todos los casos había incumplido su obligación de pago del alquiler debido a su escaso nivel de ingresos económicos –su sueldo como empleada doméstica no alcanzaba los 300 euros. Por este motivo había sido demandada y se encontraba pendiente de desahucio tras el último juicio por falta de pago de renta. En este sentido manifestaba su desesperación y la de sus hijos, por no poder acceder a una vivienda protegida en alquiler a un precio ajustado a su situación económica, demanda que ya había sido planteada ante el departamento municipal de servicios sociales de su localidad.

Las actuaciones de las entidades públicas receptoras de este tipo de peticiones –f undamentalmente los Ayuntamientos- no pueden ofrecer otra respuesta que el programa de viviendas de promoción pública de segunda ocupación, en el caso de estar disponibles, o la inclusión en lista de espera por reunir los requisitos exigidos en la normativa vigente para ser adjudicataria de una vivienda de este tipo.