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La empresa GIAHSA (Gestión Integral de Agua Costa de Huelva, S.A.), procederá a cambiar el sistema de estimación de consumos de agua, procediéndose a repartir el consumo entre las facturaciones objeto del periodo que comprenda la lectura real.

Un ciudadano formulaba queja por el sistema de facturación empleado por GIAHSA, ya que la realización de lecturas estimadas unos meses y de lecturas reales en otros provoca en muchos casos que los titulares de los suministros queden situados en bloques de consumo superiores a los que les correspondería si se tuviese en cuenta un promedio ponderado de consumo entre lecturas reales.

Tras dirigirnos a GIAHSA, dicha empresa nos responde que las estimaciones realizadas durante los periodos en los que no se realiza lectura por parte de la empresa, se realizan de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor recogida en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

No obstante, nos comunican que a partir del año 2013, el sistema de estimación de consumos cambiará, de acuerdo con la modificación introducida por el Decreto 327/2012, procediéndose a repartir el consumo entre las facturaciones objeto del periodo que comprende la lectura real, por lo que esta situación no debe darse en un futuro.

No le dan certificado de movilidad reducida a un invidente para solicitud de vivienda protegida.

El interesado exponía que había solicitado una vivienda protegida en la empresa municipal Jemuvisa, acompañando la documentación oportuna. Posteriormente le indicaron que tenía que presentar un certificado de movilidad reducida por si le podían adaptar una vivienda, caso de ser concedida. Por este motivo solicitó dicho certificado ante la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Igualdad y Bienestar Social, pero se lo habían denegado por ser invidente.

A este respecto nos gustaría señalar que a efectos de obtención de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, se ha equiparado a la afectación por graves dificultades de movilidad a causa de la discapacidad para usar transportes colectivos (que resulta de la aplicación del baremo previsto en el anexo 3 del R.D. 1971/99, de 23 de diciembre), el tener reconocida una deficiencia visual que implique un grado de limitaciones en la actividad igual o superior al 65%.

Por otro lado el interesado también señalaba que había solicitado censar a su perro guía y que le habían contestado verbalmente que no había presupuesto para la chapa.

Reclamamos la valoración por los EVO y la certificación de la condición de usuario/a de silla de ruedas, y sobre todo de la movilidad reducida para el desplazamiento o la deambulación que justifique la necesidad de adaptación de la vivienda, proponiendo que se valore el establecimiento de un baremo específico a estos efectos, en el que en todo caso se incluyan, la ceguera o las deficiencias graves de visión.

Tras el análisis de la problemática suscitada para la emisión del certificado de movilidad reducida a efectos de optar al cupo de reserva de viviendas adaptadas en el ámbito de la vivienda protegida, dirigimos varias RECOMENDACIONES a la Administración afectada.

En el informe emitido y por lo que hace a la situación particular del interesado, se considera que las personas con discapacidad visual necesitan medidas de accesibilidad en el entorno de las viviendas, más que en el interior de las mismas, y por eso estiman que esta circunstancia por sí misma no justifica la reserva. A resultas de lo anterior niegan por tanto que el interesado pueda beneficiarse del reconocimiento de la movilidad reducida a estos efectos.

Ahora bien por otro lado, aunque no se plantea la creación de un modelo de certificado ex novo, sí se afirma la necesidad de adaptar el modelo existente, al objeto de que se especifique en el mismo, a petición de los solicitantes, el beneficio para el cual se intenta hacer valer tal condición.

Al mismo tiempo también acceden en cuanto al establecimiento de criterios orientativos para calificar la movilidad reducida respecto de personas que no son usuarias de sillas de ruedas, y manifiestan su disposición a impartir instrucciones a las Delegaciones territoriales con esta finalidad.

Finalmente comparten nuestra opinión con relación a la necesidad de coordinarse con los Ayuntamientos y empresas municipales de vivienda en este punto.

A la vista de lo expuesto y valorando globalmente el contenido de su respuesta entendemos que el contenido de nuestra Resolución ha sido asumido favorablemente, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

No se facilita información relativa a cambios de señalización viaria que se precisa para delimitar responsabilidades en accidente de tráfico.Tras la intervención del Defensor, el Ayuntamiento de Sevilla atiende la demanda de información de un interesado sobre la fecha en que se autorizó un cambio de giro en la rotonda San Diego, en la zona de el Prado de San Sebastián de Sevilla.

El interesado nos denunciaba el perjuicio que le estaba ocasionando el hecho de que ninguna de las instancias administrativas del Ayuntamiento de Sevilla a las que se había dirigido le informara sobre determinados cambios de señalización viaria. Esta información le resultaba precisa al objeto de delimitar responsabilidades en un accidente de tráfico que sufrió al colisionar con otro vehículo cuando transitaba en su moto.

Siempre según el interesado, el accidente se produjo el pasado 14 de Diciembre de 2010 en la zona donde se estaban realizando las obras de la nueva Glorieta del Cid, en el Prado de San Sebastián, de Sevilla, considerando que el accidente se produjo porque el conductor del otro vehículo no respetó una prohibición de giro en dirección a Los Remedios que, en tales fechas y a causa de estas obras, allí estaba indicada. Venía solicitando al Ayuntamiento conocer la fecha a partir de la que ya quedó autorizado efectuar el giro hacía Los Remedios desde la nueva rotonda, pero ninguna de las dependencias a las que había acudido le facilitaba esta información, lo que le estaba ocasionando un grave perjuicio en el procedimiento judicial que mantenía con el otro conductor implicado en la colisión.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste nos remitió la información relativa a la fecha del cambio de señalización viaria de la Glorieta de San Diego, demandada por parte del reclamante.

El Ayuntamiento de Linares (Jaén), tras la intervención del Defensor, ha atendido favorablemente la solicitud de licencia para la instalación de un ascensor por parte de una comunidad de propietarios en la que, el 70 % de los residentes, son personas mayores de 65 años.

La presidenta de una Comunidad de Propietarios del municipio jiennense de Linares nos exponía las dificultades que tenían para poder instalar un ascensor en el inmueble, a pesar de lo necesario que resultaba al residir un 70% de vecinos mayores de 65 años y tener unos peldaños difíciles de superar a su edad. El inmueble estaba compuesto por 5 plantas, de la que la primera era de garajes y el resto de viviendas, dos por cada planta, y los peldaños tenían 18 cm. de alto, lo que suponía, para los vecinos de las últimas plantas, tener que subir 14,22 m. En el relato de los hechos, la presidenta nos indicaba textualmente lo siguiente:

“Desde los años setenta que vivimos en esta casa, son varios los vecinos que han vivido recluidos en sus propias viviendas durante algunos años hasta su fallecimiento, sin poder bajar a la calle, sin participar en la vida social, familiar, religiosa, no participar de sus fiestas, sus tradiciones, su Semana Santa, no poder asistir a misa los domingos etc., etc.

Por pura necesidad, ya hace años que pretendemos instalar un modesto ascensor de acuerdo con las posibilidades de espacio con que contamos, habiendo mantenido conversaciones y entrevistas con responsables municipales que dicen entender y comprender pero no percibimos una solución real.

Con la colaboración de un vecino entendido en la materia, elaboramos un modesto proyecto sobre la necesaria instalación de ascensor en nuestra casa, que con fecha 19 de noviembre del año 1997 entregamos en el Excelentísimo Ayuntamiento de Linares.

Con fecha 9 de diciembre del mismo año, recibimos la ansiada respuesta de nuestro Ayuntamiento y como asunto: requiriendo subsanación de deficiencias en el plazo de 15 días. Básicamente las deficiencias de nuestro proyecto eran las siguientes: No justificar la forma de iluminación y ventilación de la caja de escalera, ni la necesidad de casetón incumpliendo el artículo 85 de la Ordenanza Municipal, así como lo relativo a la longitud mínima de los peldaños de la escalera que debe ser de 1,00 metro.

Las deficiencias mencionadas están solucionadas excepto, la longitud mínima de 1,00 M. de los escalones que necesitamos acortar, para aumentar el espacio central de 0,55 metros que disponemos y hacer posible el hueco necesario para el paso de un modesto ascensor que puede hacerse a la medida del hueco.

Dentro de nuestra reconocida necesidad por el entorno de personas cercanas, se sorprenden de que política y humanamente no se haya atendido favorablemente nuestra mencionada solicitud, sugiriéndonos formas ambiguas de interpretar las ordenanzas Municipales y montar el necesitado Ascensor”.

Tras las actuaciones de esta Institución, finalmente conocimos que el Ayuntamiento había atendido favorablemente la solicitud de licencia de obras para instalación de ascensor formulada por la Comunidad de Propietarios, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro (Granada), tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, ha repuesto un pivote para facilitar el acceso a la vivienda de la interesada, en cuya fachada aparcaban vehículos impidiendo acceder a la misma.

La interesada nos relataba en su escrito de queja que, en Octubre de 2011, el Ayuntamiento de Gualchos le notificó el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se acordaba instalar un pivote en su fachada para impedir que los vehículos que aparcaran le imposibilitaban el paso por la puerta de su vivienda. Sin embargo, sin notificación alguna, en Febrero de 2012, el Ayuntamiento, a través de los operarios municipales, había procedido a la retirada del pivote, contraviniendo el Acuerdo anterior de la Junta de Gobierno Local, con lo que el problema de acceso a la vivienda había vuelto a surgir.

Tras diversas actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz, finalmente hemos conocido que se ha repuesto el pivote por los servicios municipales, atendiendo a lo demandado por parte de la interesada.

Así las cosas, aunque lamentando la demora municipal en la adopción de la citada medida, hemos estimado que el problema que afectaba a la interesada ha quedado solucionado y no resultan precisas nuevas gestiones por nuestra parte en torno a este asunto.

Disconformidad con sanción de tráfico. Le imponen multa por la instalación de una parada de taxi en el intervalo en el que estuvo el coche estacionado. El Defensor del Pueblo Andaluz recomendó al Ayuntamiento de Sevilla la reversión de un expediente sancionador por una multa y, tras realizar nuevas actuaciones, resolvió ordenando la baja del expediente sancionador y su archivo.

La interesada nos exponía que en Febrero de 2012 dejó su vehículo estacionado en una calle cercana a su domicilio. Transcurridos cinco días, cuando volvió a su vehículo se encontró un boletín de denuncia en el mismo, pues en esos cinco días que el coche estuvo inmovilizado, el Ayuntamiento de Sevilla había instalado, en el lugar en que estaba aparcado, una parada de taxis. Siempre según la interesada, ni se había informado a los vecinos ni, mucho menos, a los propietarios de los vehículos que estaban aparcados.

Alegó estas circunstancias en el procedimiento, recurrió contra la resolución después de sus alegaciones y, finalmente, la sanción devino en firme pues su recurso había sido desestimado.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló resolución al Ayuntamiento de Sevilla y en la que expresamente recomendábamos que se retrotrajeran las actuaciones en el procedimiento sancionador acordando un nuevo periodo de prueba solicitado por la interesada y dictando, tras su práctica y el resto de las actuaciones necesarias, la resolución que se estimara procedente.

Como respuesta, el Ayuntamiento, aceptando nuestra resolución y mediante un pronunciamiento expreso sobre su contenido, había valorado nuevas pruebas y, tras ellas, resolvió declarando la baja del expediente y archivando las actuaciones a la vista de las mismas.

Por consiguiente, ante la expresa aceptación de la Resolución formulada y entendiendo que ha quedado resuelto el problema que motivó la presentación de la queja, dimos por concluida nuestra intervención en este asunto.