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Recibimos la respuesta de la Defensora del Pueblo a la petición que le dirigimos con objeto de evitar el desahucio de viviendas derivado de deudas a la Seguridad Social (queja de oficio 13/301).

Esta Institución consideró oportuno trasladar a la Defensora del Pueblo una petición a fin de que esudiase la posibilidad de trasladar a las autoridades pertinentes la necesidad de que las normas que rigen la gestión recaudatoria de la Seguridad Social y, en particular, las que regulan el embargo de bienes, se interpretasen de forma que hicieran posible salvaguardar la vivienda familiar, única y habitual de aquellos deudores que lo sean de buena fé. 

En respuesta a esta petición, la Defensora del Pueblo del Estado nos ha informado que ha iniciado un expediente de queja ante la Tesorería de la Seguridad Social, en el curso del cual ha interesado información acerca, entre otras, de las siguientes cuestiones:

- si está prevista la difusión de alguna instrucción que permita paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores a la Seguridad Social de buena fe que se encuentren en circunstancias personales y económicas merecedoras de protección.

- si se ha estudiado un posible cambio normativo que flexibilice los requisitos de cobro de deudas a las personas que acrediten encontrarse en este tipo de situación como consecuencia de la crisis económica.

Según nos informa la Defensora, con esta investigación se pretende conocer el número de personas afectadas por estas circunstancias, así como el número de embargos y subastas de viviendas familiares que se hubieran ejecutado en los últimos años como consecuencia del impago de deudas de los distintos Regímenes de la Seguridad Social. Asimismo, se ha solicitado información sobre los aplazamientos concedidos, criterios para su otorgamiento y grado de cumplimiento.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz recibimos con satisfacción esta información y agradecemos expresamente a la Defensora del Pueblo la buena acogida dispensada a la iniciativa planteada por esta Institución, deseándole éxito en las gestiones emprendidas que, a buen seguro, beneficiarán a muchas personas y familias.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013 sobre las clásulas suelo, no sólo es un documento jurídicamente complejo y bastante difícil de resumir en pocas líneas, sino que además suscita muchas dudas sobre cuales van a ser en la práctica sus consecuencias para las personas afectadas por la inclusión de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.

En una primera aproximación a la Sentencia, y asumiendo el riesgo de equivocarnos, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- El Tribunal Supremo no considera abusivas las cláusulas suelo "per sé". Defiende el derecho de las entidades financieras a incluir cláusulas que le garanticen unos ingresos mínimos en los contratos hipotecarios.

- El Tribunal Supremo entiende que las cláusulas suelo podrían ser abusivas en el caso de que la entidad financiera, al momento de celebrarse el contrato, no hubiera cumplido con su deber de facilitar al consumidor una información clara, suficiente y comprensible acerca del alcance y consecuencias de la citada cláusula y de su incidencia sobre un elemento esencial del contrato como es el precio o contraprestación.

- El Tribunal Supremo, en los tres supuestos de contratos hipotecarios analizados en la Sentencia, que corresponden a BBVA, Cajas Rurales Unidas y Nova Caixa Galicia, concluye declarando nulas las cláusulas suelo incorporadas a los mismos por incumplimiento del deber de facilitar información suficiente y comprensible al consumidor.

- El Tribunal ordena a las entidades financieras afectadas eliminar dichas cláusulas de los contratos y dejar de utilizarlas. Esta eliminación de la cláusula suelo tendrá efectos a partir del mes siguiente a la efectividad de la Sentencia. Es decir, en la cuota correspondiente al próximo mes el tipo de interés debe ser el pactado en el contrato sin atender a lo dispuesto en la cláusula suelo.

- El Tribunal declara la irretroactividad de la Sentencia dictada por razones de protección del orden económico, de tal forma que no procederá la devolución a las personas afectadas de las cantidades indebidamente pagadas hasta la fecha por la aplicación de la cláusula suelo.

- El Tribunal considera que los criterios incluidos en la Sentencia sobre el alcance del deber de información y la trasparencia en los contratos hipotecarios que incluyan una cláusula suelo son de general aplicación. Por tanto serán nulas las cláusulas suelo incluidas en cualquier contrato hipotecario que sean idénticas a las declaradas nulas en la Sentencia.