Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 13/2983 dirigida a Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de Movilidad
El Defensor del Pueblo Andaluz ha sugerido a la Dirección General de Movilidad, de la Consejería de Fomento y Vivienda, que adquiera el compromiso de afrontar la ejecución de la obra que resta para la total conclusión y puesta en funcionamiento, con cargo al presupuesto del año 2015, del tranvía de Alcalá de Guadaíra, que uniría está ciudad sevillana con la línea 1 del Metro de Sevilla y, en especial, las tareas de vigilancia para garantizar la adecuada conservación de la parte de obra ya ejecutada.
ANTECEDENTES
El Defensor del Pueblo Andaluz, ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación describiendo la falta de vigilancia en las instalaciones ya ejecutadas del tranvía que uniría Alcalá de Guadaíra con la línea 1 del Metro de Sevilla, en las que se han detectado casos de vandalismo y hurto, y la demanda ciudadana de esta infraestructura, abrió esta actuación de oficio, en la que se dirigió a la Consejería de Fomento y Vivienda para conocer su posicionamiento sobre el asunto, las causas de que se hubiera llegado a esta situación, las gestiones que estuviera llevando a cabo para la reanudación de las obras y, sobre todo, las medidas adoptadas para evitar el deterioro y posibles actos de vandalismo sobre la infraestructura ya ejecutada.
En las diversas respuestas que hemos recibido de la Consejería de Fomento y Vivienda, en concreto de la Dirección General de Movilidad, se nos dio cuenta del grado de ejecución de las obras del tranvía y de las que restan para concluir esta infraestructura, indicando su coste, señalando que se está trabajando conjuntamente con la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el encaje presupuestario que permitirá determinar el reinicio de las obras y la planificación del resto de las actuaciones. Por otra parte, reconociendo la dificultad de la tarea, se informa de las medidas adoptadas para evitar los actos de vandalismo sobre las obras ya ejecutadas
En la respuesta a nuestra última petición de informe, se nos indicó que el presupuesto en principio asignado a la Consejería de Fomento y Vivienda en el presente año 2014 para inversiones en materia de transporte urbano no habilitaba créditos para el reinicio de las obras, por lo que, como mínimo y a expensas de lo que se presupueste para 2015, no podrán reanudarse este año.
También se nos concretaba en la información que nos remitió esa Dirección General que únicamente quedan pendientes de aplicar a los presupuestos futuros 26,97 millones de euros, por lo que tendrán que contemplarse en los presupuestos de 2015 y/o años futuros y se finaliza señalando que no será hasta entonces cuando podrán reanudarse las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra.
CONSIDERACIONES
Primera. Nos encontramos ante una importante infraestructura con un grado de ejecución muy alto, que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra cifra aproximadamente en un 80% de su obra civil, añadiendo dicha Corporación Municipal en el informe que facilita a esta Institución que nadie entiende que, a pesar de este alto grado de ejecución y quedando el tramo con una menor afección urbana, no se finalicen estos trabajos, por lo que el paso del tiempo, al que de acuerdo con su respuesta debemos añadir un año más, deteriore las obras realizadas, lo que permite temer que, en su momento, habrá que realizar un mayor desembolso para su rehabilitación.
Segunda. En lo que se refiere al deterioro de la obra ya ejecutada, la alarma surgió tras conocerse que habían desaparecido decenas de metros de la alambrada que protege las vías, habían robado las barandillas del puente del Zacatín; las metálicas junto al muro habían desaparecido, el césped artificial que embellece el trazado se va salpicando de quemaduras y pintadas. Es cierto que esa Dirección General nos indicó que se habían tomado medidas para evitar estos actos de vandalismo mediante vigilancia, pero también reconocía la dificultad de esta tarea, dado el carácter lineal y urbano de la obra. La consecuencia es que la paralización de la obra, el paso del tiempo y los actos vandálicos que no sea posible evitar, terminará necesariamente por incrementar, en su día, la puesta en marcha del tranvía.
Tercera. Partimos de la presunción de que, para esta infraestructura, se cuenta con un estudio de viabilidad serio, riguroso y minucioso que acredita una importante demanda ciudadana y de los propios municipios afectados, de tal forma que, sin perjuicio del déficit de explotación que en estos servicios públicos habitualmente se genera, existe una previsión de sostenibilidad económica del servicio. En tal sentido basta citar, como señala el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que solamente dicho municipio cuenta con 73.675 habitantes que sufren importantes carencias en sus conexiones con la capital, lo que origina graves problemas de movilidad a los trabajadores, estudiantes y personas que acuden a los centros sanitarios de Sevilla.
Parece ser que, además del propio Ayuntamiento, según los acuerdos adoptados, existe una creciente demanda ciudadana de que el tranvía sea puesto en funcionamiento en el menor plazo posible.
Cuarta. De forma generalizada, se comparte la consideración de que una apuesta decidida por la consolidación y aumento del uso de los servicios públicos de transporte, como el que nos ocupa, además de garantizar una adecuada movilidad de grandes sectores de la población, constituye también una aportación muy importante a la sostenibilidad medioambiental al propiciar, con la disminución del tráfico de vehículos a motor, una menor contaminación atmosférica y acústica y una menor emisión de los gases que inciden en el cambio climático.
Ello, además, resulta obligado en observancia del artículo 203.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que dispone que «la Comunidad Autónoma de Andalucía potenciará el desarrollo del transporte público colectivo, especialmente aquel mas eficiente y menos contaminante».
En atención a todo lo expuesto, reconociendo en primer lugar que no corresponde a esta Institución determinar cuales deben ser las inversiones públicas prioritarias, máxime en un contexto de grandes limitaciones presupuestarias como el que atravesamos a causa de la crisis económica, no podemos sino lamentar que los compromisos de inversión que, en Marzo de 2009, fueron recogidos en el Convenio de Colaboración para la construcción, explotación y financiación de la conexión tranviaria de Alcalá de Guadaira con la línea 1, y asumidos por la Administración Autonómica, finalmente no se hayan visto cumplidos, frustrando las expectativas ciudadanas y municipales que se habían generado de contar con este medio de transporte moderno, sostenible y eficiente.
Sin perjuicio de ello, sí nos corresponde velar por los derechos de los usuarios, la calidad ambiental y la eficiencia de los servicios públicos y, en general, la protección de los intereses públicos. En este sentido, sí nos preocupa muy seriamente el que la rentabilidad social de la gran inversión ya realizada se dilata en el tiempo perjudicando la imagen del sector público y provocando un deterioro en las infraestructuras ya ejecutadas.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente
RESOLUCIÓN
SUGERENCIA de que, por esa Administración Autonómica, se adquiera el compromiso de afrontar la ejecución de la obra que resta para la total conclusión de esta infraestructura con cargo al próximo presupuesto del año 2015, adoptando las medidas de programación que sean necesarias para ello y, asimismo, manteniendo e incrementando, si se estima preciso, las tareas de vigilancia para garantizar la adecuada conservación de la parte de obra ya ejecutada.
Ello, sin perjuicio de que, en su caso, esa Consejería pueda evaluar otras posibles medidas alternativas para concluir la obra pendiente en un plazo menor, siempre que se adopten con las garantías y transparencia exigibles legalmente, que no supongan un coste económico superior al previsto inicialmente, que la posterior explotación de la línea no origine un déficit de explotación mayor que, a corto o medio plazo, obligue al aumento de la tarifa que se repercute a los usuarios del servicio y que la opción elegida garantice la eficiencia de la prestación del servicio público.
Ver cierre de Actuación de oficio
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
