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Defensor del Pueblo Andaluz
9 pisos iniciales), 17 casas-hogar, 46 residencias y 7 pensiones conveniadas, 86
talleres ocupacionales, 97 cursos de formación profesional, 8 empresas sociales
y 17 clubes sociales, un esfuerzo cuantitativo que no desmerece el cualitativo:
enriquecimiento del abordaje comunitario, al disponer de soportes de apoyo
al empleo, emergencia de un nuevo dispositivo a interactuar con los servicios
sociales comunitarios, especializados y específicos de salud mental, mejora de la
continuidad con la colaboración de los servicios de salud mental de referencia, etc.
Por otro lado los incrementos de demanda asistencial en la referida
década no favorecieron la consolidación del sistema como lo demuestran los
incrementos superiores al 25%, 70% y 55% en los niveles de los equipos de
salud mental comunitaria, hospitalización psiquiátrica y unidades de salud mental
infanto-juvenil, respectivamente.
A la complejidad de la integración de las estructuras de salud mental
en las del sistema sanitario general, se añadía la de los colectivos profesionales
traspasados del ámbito local (funcionarios y laborales) al ámbito autonómico, a los
que paralelamente se les ofertó un tercer régimen jurídico (régimen estatutario de
la Seguridad Social) a la vez que la homologación profesional (Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 2 de agosto de 1988 y Decreto 127/1990, de 2 de mayo, de
traspasos de competencias, funciones y servicios, así como diversas Órdenes de
1998, 1990, 1993 y 1995 sobre régimen de integración del personal traspasado).
Finalmente el periodo restante de esta etapa, que situamos entre
los años 2001 y 2007, se caracteriza por el cierre definitivo del último Hospital
Psiquiátrico, el Miraflores de Sevilla, y la constatable evidencia de la carencia de
recursos suficientes para atender la demanda (especialmente en relación a los
trastornos mentales graves), en primer lugar por las altas tasa de incremento
de esta como por la desviación sufrida en este largo periodo de las previsiones
realizadas en 1984, en la cuantificación de los recursos en el nuevo modelo,
momento en que la emergencia de los movimientos sociales y su descontento
sobre la evolución del desarrollo del proceso, al que se suman buena parte de
los profesionales más comprometidos con el nuevo modelo (el informe sobre la
Salud Mental en Andalucía de la Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría de 2003
es claro exponente de este contexto) y la propia Administración sanitaria, que a
partir de dicho momento consideró conveniente introducir la planificación (con
objetivos e indicadores) en la salud mental.
La década del 2000 comienza con las estrategias plasmadas en un
Primer Plan de Calidad con pretensión transformadora del su sistema sanitario