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Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2012
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practicando sexo oral, que al parecer había grabado mientras practicaba el abuso.
Su hijo estaba presentando síntomas de ansiedad, se negaba a ir al colegio, había
bajado el rendimiento académico y preguntaba qué debía hacer para que las fotos
no se difundieran y fuesen retiradas cuanto antes.
Por nuestra parte, informábamos a la interesada que al tratarse de unas imágenes
que atentaban contra el honor y la intimidad del chico podía denunciarlo ante la
Policía nacional o Guardia civil, ambos cuerpos cuentan con agentes especialistas en
delitos telemáticos a fin de que intervinieran en el caso.
Hasta aquí se ha hecho referencia a algunos de los expedientes incoados de oficio
por parte del Defensor del Menor de Andalucía a tenor de las consultas recibidas
sobre supuestos casos de malos tratos o riesgo de menores. En esta materia se
registraron un total de 189 consultas, frente a las 123 registradas el año anterior,
lo que implica un aumento del 53%. En todas ellas, se ha realizado algún tipo de
actuación, asesorando, informando, mediando e impulsando a la Administración a la
intervención, y ello, en aras a la defensa de los derechos de las personas menores
implicadas.
7.3.3. El alumnado.
El siguiente bloque de llamadas en el servicio del “Teléfono del Menor”, un
11,52%,
procedieron del ámbito educativo. Han destacado las denuncias por problemas de
convivencia entre el alumnado, así como entre el profesorado y alumnado, o acoso
escolar. También han sido frecuentes las consultas relativas a la falta de recursos
materiales y personales para atender las necesidades específicas del alumnado en los
centros de integración, por problemas surgidos durante el proceso de escolarización,
o problemas de higiene en los centros educativos con motivo de huelga de los
profesionales de la limpieza.
En relación con los problemas de convivencia entre el alumnado, informamos
a nuestros interlocutores del contenido de la Orden de 20 de Junio de 2011, de la
Consejería de Educación, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros escolares sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
La citada Orden tiene por objeto la regulación de la promoción de la convivencia en
los centros docentes, a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes
de convivencia, de la mediación en la resolución de conflictos y del establecimiento
de protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato
infantil, situaciones de violencia de género en el ámbito educativo, o agresiones al
profesorado o al resto del personal de los centros docentes. Así como, regular el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.