Versión de HTML Básico
Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2012
226
evitando con el realojo la situación de riesgo en la que se encuentran los menores
afectados y que de no poner remedio se ven abocados a vivir en la calle.
No cabe duda que en la actual coyuntura económica se ha producido un importante
incremento de personas con responsabilidades familiares que se dirigen a las
Servicios Sociales en demanda de ayuda. Unas ayudas que, como hemos señalado,
se encuentran bastantes limitadas en épocas de contención del gasto público.
Los Servicios Sociales Comunitarios se están enfrentando a importantes desafíos
para atender al significativo incremento de las familias afectadas por esta realidad
unido ello a las políticas de austeridad, y que está multiplicando las situaciones de
emergencia social, el riesgo de pobreza y de exclusión.
Pero no solo los Servicios Sociales se ven excedidos por la lacra de los desahucios.
Como hemos señalado, la depresión, ansiedad y angustia son algunos de los efectos
que la pérdida de vivienda ocasiona en la familia, tanto en los adultos como en los
menores. Ni que decir tiene que estas personas demandan también los servicios de
especialistas de salud mental, y precisan tratamiento farmacológico por la delicada
situación económica y social a la que tienen que hacer frente.
El acceso a los Servicios especializados en Salud Mental Infantil y Juvenil se aborda
también en este Capítulo del Informe, solo destacar por el momento que se trata de
un recurso ya saturado en épocas anteriores al estallido de la crisis económica, con
lo que es fácilmente imaginable el incremento de demanda experimentado en los
últimos tiempos por las circunstancias señaladas, sin que dicho aumento haya ido
acompasado de un incremento de recursos.
La pérdida sobrevenida de la vivienda familiar puede derivar, incluso, en riesgo
social. Caso de que no sea posible encontrar una solución para el realojo de las
familias con menores a cargo, la situación se puede cronificar y, a la postre, obligar a
la Administración a adoptar medidas de protección que conlleve la separación de los
niños y niñas de su ámbito familiar con todo el bagaje que ello supone en sus vidas
y en sus desarrollos personales y sociales. A lo que habría que sumar los importantes
recursos económicos que el Sistema de Protección de Menores debería invertir para
sufragar la atención y cuidados a estos niños y niñas, probablemente bastantes
superiores a aquellos que se hubieran destinado a medidas de prevención.
A lo largo de los últimos meses, y como consecuencia de la fuerte presión social
iniciada, se han adoptado, tanto por el Gobierno de la Nación como por el de la
Comunidad Autónoma, distintas medidas que han tenido como propósito paliar los
efectos de los desahucios por ejecuciones hipotecarias.
De este modo, se promulgó el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de Marzo, de
Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, donde se