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5. CUESTIONES RELEVANTES
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Algunos especialistas apuntan a que uno de los costes más evidente es el producto
de una generación antisocial, en la que los niños se ven obligados a rechazar, bien a
sus padres, en los que depositan su confianza, o rechazar a una sociedad que manda
a una policía a sacarle de su casa junto con sus padres, un hogar al que ya no pueden
volver. Cuando estos niños y niñas se alinean con sus padres, nos encontramos ante
toda una generación creciendo con un resentimiento importante ante una injusticia.
Pero los efectos que los procesos de desahucios causan en niños y niñas van más
allá que un resentimiento social. Con la pérdida de la vivienda pierden su elemento
material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de relación con
el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de convivencia y desarrollo.
Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus relaciones entre iguales y
su propio entorno urbano. Las nuevas adaptaciones impuestas por el cambio de
vivienda pueden generar situaciones de aislamiento e, incluso, fracaso escolar.
Quedarse sin casa es quedarse sin la seguridad de un lugar donde ir, de un
espacio propio donde crecer, jugar y aprender. En los casos más graves puede llegar,
incluso, a implicar separarse de los padres porque, aunque se les quiera, no pueden
ofrecerles un hogar. En el mejor de los casos, algunas familias desahuciadas terminan
viviendo en habitaciones realquiladas, o con los abuelos u otros familiares en espacios
pequeños y hacinados. Unas formas de vida que los especialistas consideran que
tienen efectos negativos en el crecimiento de las personas menores.
Y no podemos dejar de mencionar cómo los estados anímicos de padres y madres
pueden influir negativamente en la atención que prestan a sus hijos. La pérdida de
confianza del adulto, la impotencia, rabia, tristeza, ansiedad, estrés hacen que la
relación entre la pareja y con los hijos se deteriore sensiblemente, repercutiendo en
los cuidados y atenciones a estos tanto afectivas como materiales.
5.1.3. Las respuestas de las Administraciones.
A pesar de los estragos psicológicos de la lacra desahuciadora, nuestra experiencia
como Institución garantista de derechos, nos lleva a concluir que la Administración
no está preparada para dar respuestas eficaces y efectivas ante la factura psicológica
y social que produce a las familias quedarse sin casa.
En efecto, al verse de manera inminente en la calle, los afectados entran en
el circuito de los Servicios Sociales Comunitarios, unos servicios sobrepasados por
el contexto económico. Es cada vez mayor el número de personas a atender y
menor los recursos disponibles como consecuencia de los recortes y restricciones
presupuestarias. Además, el acceso a una vivienda de emergencia de titularidad
pública es prácticamente una utopía, por lo que dichos Servicios Sociales disponen
de un escaso o nulo margen de intervención para realojar a los nuevos desahuciados,