Los gobiernos locales ante la Nueva Agenda Urbana

Hace dos años organizábamos una jornada, en la que contamos con expertos de distintas disciplinas, para hablar de las ciudades inteligentes, como ciudades sostenibles. Hace un año lo hicimos sobre ciudades inteligentes, ciudades inclusivas, y en este ejercicio hemos querido dedicarla al que, probablemente, sea el mayor reto de los próximos años en nuestros municipios: afrontar la Nueva Agenda Urbana.

Los países firmantes de la Declaración de Quito asumieron afrontar el Objetivo 11 del Desarrollo Sostenible: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. En un sentido más amplio, “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles”.

No se trata de un objetivo modesto, pero tampoco, pese a su complejidad, de una meta aplazable; no hay un solo municipio, cualquiera que sea su singularidad, que no tenga el deber de “ponerse las pilas” y hacer visible esa Nueva Agenda Urbana en sus políticas públicas sectoriales, en sus decisiones y, desde luego, en sus presupuestos.

Con motivo de esta jornada elaboramos unas conclusiones. Así, destacamos que los países firmantes dejaron muy clara esa interrelación, que ya hemos puesto de relieve en diversos foros en los que hemos participado, entre la supresión de la pobreza y asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles. Ello exige el fortalecimiento de la gobernanza, poner fin a las distintas formas de discriminación hacia los colectivos vulnerables y mantiene un compromiso con el respeto de los derechos humanos. El “cómo” conseguir esos objetivos es una decisión que adoptaran libremente los gobiernos, pero la meta es innegociable.

“ No hay un solo municipio, cualquiera que sea su singularidad, que no tenga el deber de “ponerse las pilas” y hacer visible esa Nueva Agenda Urbana en sus políticas públicas sectoriales”

En este contexto, los gobiernos locales, con plena razón, reclamaron un papel más protagonista a la hora de diseñar esa Nueva Agenda Urbana, pues son los municipios quienes tendrán que implementarla. Así las cosas, reclamábamos en nuestras conclusiones de la jornada que en el ámbito del Estado -a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- y de la Comunidad Autónoma de Andalucía -a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)- se abra un proceso participativo y de reflexión que facilite la traslación del Objetivo 11 a las políticas públicas, contando, desde el primer momento, con la visión de los gobiernos locales. La Comunidad Autónoma de Andalucía debería ser pionera en dar la voz a los gobiernos locales.

Al mismo tiempo, la gobernanza exige participación de la sociedad y ésta no es posible sin su empoderamiento. Las ciudades inteligentes deben facilitar ese empoderamiento, que permita la incorporación de la sociedad civil a esa nueva forma de entender nuestras ciudades que reclama un gobierno en el que esté presente la “codecisión”. Esto no es retórica sino una exigencia firme y urgente, pues no es posible cambiar el modelo de ciudad sin contar con quienes la conforman, las personas.

Los participantes en esta jornada creen que se podrían establecer indicadores fáciles de verificar si se genera una vía de colaboración entre la Universidad, las empresas, grupos y colectivos de intereses, de manera que los gobiernos locales sean permeables a la transferencia de conocimientos que facilita el diseño de las políticas públicas, las dote de eficacia y eficiencia y permita su posterior evaluación. Al mismo tiempo, se debería reflexionar sobre la posibilidad de crear, mediante la colaboración entre la Administración Autonómica y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, un Observatorio para el seguimiento de la implantación de la Nueva Agenda Urbana en Andalucía.

Nos beneficia a todos, pero también exige la acción de todos.