1.2. Cultura y Deportes

1.2.2.2 La protección de nuestro pasado arqueológico

A la hora de acometer actuaciones de oficio, la protección de la riqueza arqueológica ha tenido la absoluta prioridad por su especial valor histórico, artístico, y científico, pero además acrecentada por las frecuentes amenazas que pesan sobre estos yacimientos y restos. Este ejercicio hemos continuado con otros ejemplos de problemas que sufre nuestro patrimonio arqueológico.

Entre muchas, señalamos la queja 17/0105 sobre la protección de la zona de El Gandul, en Alcalá de Guadaira (Sevilla); queja 17/2688, sobre ataque a las pinturas rupestres de la Cueva de Atlanterra en Tarifa (Cádiz); o la queja 17/3240, sobre daños y pintadas contra restos neolíticos en la Cueva del Tesoro, de Rincón de la Victoria (Málaga).

Quizás el caso más peculiar se produce en la queja 17/1625, que abrimos de oficio al tener conocimiento de la destrucción con motivo de unas obras de carretera de unos importantes restos en El Chuche, en Benahadux (Almería). En el informe recibido desde la Delegación Territorial de Cultura se nos indicaba que “la actuación llevada a cabo en febrero pasado no ha sido autorizada, puesto que el Ministerio de Fomento la ha realizado sin presentar proyecto previamente para su autorización”.

Ciertamente, nos encontramos ante un supuesto singularmente grave de expolio de un yacimiento formalmente declarado como BIC que parece que no ha logrado hacer operativas ni efectivas las medidas de protección que, como tal elemento del patrimonio cultural, ostenta. Y adquiere una dimensión de mayor gravedad a partir de que el factor que ha provocado mayor impacto ha sido que se ha tratado de la ejecución de una obra pública viaria que, por su propia naturaleza, debiera aportar una especial definición de su localización y control del proyecto. Analizando la normativa aplicable, resulta difícil imaginar la elaboración de un proyecto que no haya advertido la localización previa, formal y publicitada de este yacimiento arqueológico.

Tomamos buena cuenta de las reacciones inmediatas que se pusieron en marcha desde las autoridades culturales para adoptar las medidas oportunas y para la investigación técnico-arqueológica del impacto que se ha producido en el yacimiento. Así se nos indica que a partir de un llamada a la Policía Autonómica el 22 de Febrero de 2017 alertando de las obras, se han realizado las inspecciones necesarias y puesto en aviso a la Fiscalía, así como a los supuestos promotores de las obras a través de la Subdelegación del Gobierno y su Demarcación de Carreteras. Concluimos la actuación indicando que “en su momento se podrán analizar las circunstancias por las que el yacimiento ha permanecido ignorado en relación con las obras invadiendo los terrenos afectos al BIC, al igual que analizar el funcionamiento concreto de las medidas de detección y denuncia de los hechos junto al esclarecimiento de las responsabilidades y reparación de los daños evaluados”.

Ciertamente, las dificultades para desplegar medidas de protección de este patrimonio cultural resultan especialmente acentuadas cuando hablamos de patrimonio arqueológico. En muchas ocasiones, estos restos permanecen a merced de todo tipo de desaprensivos que perpetran auténticos atentados al pasado con los despojos y asaltos a estos yacimientos que apenas pueden quedar identificados y advertidos sobre su protección formal. A pesar de ello, y de algunas medidas de protección o vallado, son motivo de continuos y frecuentes expolios. Si esto se produce con espacios formalmente protegidos, podemos imaginar los desastres que se perpetran en otros lugares no señalizados o, incluso, no registrados.

Es evidente que la normativa reguladora de estos valores arqueológicos aporta instrumentos suficientes para desplegar la protección jurídico-formal que le permite otorgar un régimen de tutela, conservación, investigación y puesta en valor suficientes. Se trata, ahora, de avanzar en los mecanismos reactivos de persecución de estas actividades ilícitas de expolio, mientras trabajamos en las labores de concienciación y educación hacia toda la sociedad en pro de la merecida protección que espera nuestro patrimonio arqueológico.