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Propuesta de coordinación en los procesos de incapacitación
relativos a personas con discapacidades psíquicas. Octubre 2013
La discapacidad, por sí sola, no determinará que se inicie un proceso
judicial. Es imprescindible que se acredite una finalidad o motivo que lo
justifique.
●
¿Qué finalidad tiene el procedimiento sobre la capacidad?
Conseguir
una mejora para la vida y/o el patrimonio de la persona con discapacidad,
que se encuentra con impedimentos o riesgos que hacen necesaria la
protección de sus derechos mediante el control judicial y el nombramiento
de una persona o institución que le asista.
●
¿Qué motivos, obstáculos o problemas nos deben indicar que debemos
acudir a la vía judicial?
, los más frecuentes e importantes son:
-
Cuando la persona con discapacidad se encuentre sometida a
una situación de maltrato físico o psicológico.
-
Cuando se detecta que su patrimonio se encuentra en peligro,
al estar siendo utilizado indebidamente por ella misma o por un
tercero.
-
Cuando es necesario vender, gravar o hacer gastos extraordinarios
sobre sus bienes, a fin de destinarlos a la mejora de sus
condiciones de vida.
-
Cuando existen bienes y hay obstáculos para disponer de
ellos en su favor (a modo de ejemplo, al encontrarse cuentas
exclusivamente a su nombre).
-
Cuando es necesario designar a un representante legal, ante las
Administraciones por trámites que necesariamente lo requieran,
ante los juzgados porque puede haber sido demandada, etc.
-
Cuando la persona está ya judicialmente incapacitada, y es
necesario modificar el alcance de la sentencia, bien para dejarla
sin efecto, bien para ampliarla dándole mayor alcance o bien
para modificar las medidas adoptadas inicialmente.