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Propuesta de coordinación en los procesos de incapacitación
relativos a personas con discapacidades psíquicas. Octubre 2013
por ampliar o reducir en la práctica los criterios para las incapacitaciones
y tutelas.
Muchos de estos intentos de cambio tienen que ver con la existencia
real de dificultades y problemas en el funcionamiento del sistema, que
afectan a los principales aspectos de esta regulación: la incapacitación
legal de las personas y la consiguiente asignación de responsabilidades
tutelares, la autorización de intervenciones en contra de la voluntad de la
persona y, de manera más específica, la posibilidad de prolongar algún
tipo de control judicial una vez finalizada la pena o medida de seguridad
resultante de un proceso penal.
Esas dificultades derivan a su vez de distintos tipos de factores que
es necesario identificar para poder establecer estrategias correctoras.
Básicamente hay que considerar los siguientes:
1.
La dificultad intrínseca del procedimiento, afecta a aspectos
complejos y sujetos a valoraciones diversas en función de esquemas
de referencia personales y visiones profesionales distintas.
2.
La complejidad también genérica de la cooperación entre redes
de servicios y profesionales, que exigen disposiciones personales
(actitudes, conocimientos y habilidades) y organizativas (estructuras
que faciliten y no dificulten), no siempre fáciles de aunar.
3.
Las condiciones de trabajo y el déficit de los distintos servicios y
profesionales, a veces con dificultades para abordar de forma óptima
el conjunto de funciones que les competen, dada la insuficiencia de
recursos generales y la complejidad de algunos de estos sectores.
4.
La existencia de algunas prácticas profesionales inadecuadas.
5.
La necesidad de incrementar los recursos y dispositivos sanitarios
y residenciales en general, y de forma más específica, para facilitar
el acceso y adecuación a perfiles personales especiales.