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constitucional con argumentos contradictorios respecto a la existencia
o no de una “democracia militante” en España. Precisamente ha sido
al tratar el derecho de educación cuando el Tribunal Constitucional se
ha mostrado más proclive a un posicionamiento afirmativo, al señalar
la citada función del sistema educativo como transmisor de principios y
valores consustanciales a la democracia, siguiendo el mandato del art.
27.2 CE (ver entre otras las SSTC 5/1981, de 13 de febrero, y 77/1985,
de 27 de junio). Por el contrario, encontramos sentencias del máximo
intérprete constitucional en la que expresamente define a la democracia
española como “democracia instrumental no militante” (STC 48/2003,
de 12 de marzo).
Admitiendo que la existencia de un principio de “democracia militante”
que informe todas las áreas del ordenamiento jurídico puede ser una
cuestión abierta al debate, en lo que respecta al sistema educativo el art.
27.2 CE sí dispone de forma expresa que su objeto es
“el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Y esta función se
ha plasmado en la legislación de desarrollo del derecho de educación.
Coincidimos con Salazar en señalar que especialmente relevante en este
ámbito ha sido la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que introduce
muchos de los principios citados y prevé dos asignaturas, “Educación
para la ciudadanía” y “Filosofía y ciudadanía”, que han de transmitir
estos valores. Ambas asignaturas han tenido una fuerte contestación
entre sectores religiosos y conservadores, sobre todo en lo referente a
cuestiones relativas a la moral y diversidad sexual. La intensidad de la
oposición a una medida legislativa que afecta exclusivamente al campo
educativo pone de relieve que una posible plasmación del proyecto de
la ciudadanía inclusiva en la realidad político-jurídica encontraría serias
resistencias en diversos ámbitos sociales, políticos, económicos y
religiosos.
En opinión de Rubio Carracedo
410
, la educación cívico-democrática es
una verdadera asignatura pendiente y un grave déficit de la democracia
española. Y estas carencias no sólo se han puesto de manifiesto en la
410
RUBIO CARRACEDO, José; ob.cit., pp. 142 y ss.
La educación en valores cívicos como factor estructural en la
construcción de una nueva ciudadanía.