Versión de HTML Básico
34
tuvo que afrontar la incorporación de la dimensión social de la ciudadanía
que completaba sus vertientes civil y política
23
. Ya en la Declaración de
Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 se realizaba la distinción
por la cual a todo hombre le correspondían los derechos civiles, que
requieren una actitud pasiva del Estado en relación con la esfera privada
del individuo, mientras que al ciudadano se le atribuyen también derechos
de participación directa o indirecta en la formación de la voluntad de
la comunidad política, es decir, en el ejercicio de la soberanía
24
, que
de alguna manera ya exige una actuación estatal más directa. La
dimensión social de la ciudadanía tuvo que recorrer un largo camino
hasta su consolidación, donde encontró tanto obstáculos ideológicos por
la fuerte raigambre liberal decimonónica que arrastraba el concepto de
ciudadanía como obstáculos “materiales” por las nuevas obligaciones
prestacionales para el Estado que representaba. Y como hemos reiterado,
pocas décadas después que el perfil social de la ciudadanía se asentara
en Europa occidental, ya se comenzó a cuestionar su viabilidad, algo que
se ha acrecentado exponencialmente con la crisis global imperante.
Si en el actual escenario se socavan de las bases de los derechos sociales,
los de nueva generación ven en mayor medida estancados los esfuerzos
para su afianzamiento, ya que requieren una importante implicación
activa y prestacional no sólo de los Estados-nación, sino de instituciones
transnacionales, así como la creación de nuevos instrumentos jurídicos
igualmente nacionales e internacionales que no figuran ni mucho menos
en la agenda de prioridades políticas del momento.
Desde una perspectiva personal, el concepto liberal de ciudadanía no
responde a la composición subjetiva de las sociedades del siglo XXI. La
quiebra de los presupuestos que determinan el acceso a la ciudadanía
provoca que en los Estados-nación enriquecidos se vayan generando
capas sociales cada vez más amplias que, sometidas al imperio de estos
Estados y sus ordenamientos jurídicos, no ven reconocida su condición
ciudadana. Y el grupo social que más directamente sufre esta versión
moderna de “apartheid” político y jurídico es la creciente comunidad
23
MARSHALL, Thomas H.; Ciudadanía y clase social. Alianza. Madrid, 1998.
24
ALÁEZ DEL CORRAL, Benito; “Nacionalidad y ciudadanía...” cit., p.49.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INCLUSIVA.