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Sin transporte público para visitar a los reclusos de Málaga II. Investigamos la denuncia

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/5536 dirigida a Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de las graves dificultades que sufren los familiares de reclusos internados en el Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en el término municipal de Archidona, para poder visitarlos debido a la carencia de transporte público que acceda hasta el mismo. Siempre según estas noticias, la parada de autobús más cercana se encuentra en Villanueva del Trabuco, a 5,2 kilómetros del Centro Penitenciario, por lo que los familiares de internos que carecen de vehículo se ven obligados a recorrer a pie esta distancia.

Por ello, se demanda que se arbitren soluciones que permitan que esta carencia de transporte público sea subsanada, aunque no lo sea mediante transporte regular y horario concreto, por ejemplo previa solicitud de los familiares a la empresa adjudicataria el día de su visita al Centro Penitenciario.

Entienden los afectados que la construcción de los nuevos centros penitenciarios en lugares distanciados del casco urbano dificulta gravemente las visitas de los familiares y su proceso de reinserción y propicia el desarraigo de los internos.

El artículo 25 de la Constitución Española señala que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, gozando las personas condenadas a pena de prisión de los derechos fundamentales del capitulo 2º del Título I del Texto Constitucional salvo los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio.

El artículo 4.1 de Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, dispone que los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso. En similar sentido, cabe citar el contenido del artículo 3 de Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

A la vista de estos hechos y al poder verse afectados los derechos antes mencionados, se incoa la presente queja de oficio.

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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