Preguntamos por los retrasos de la puesta en marcha de la Tarjeta Monedero en Andalucía

La estratificación social es inherente al ser humano, por ello parece inconcebible una política pública que no esté relacionada, en mayor o menor medida, con la brecha de renta o directamente con las capas de la desigualdad.

Según los últimos datos ofrecidos por Oxfam Intermón, en su informe de septiembre de 2024 sobre la desigualdad, en España el 10% más rico posee más de la mitad de la riqueza total, frente al 50% más pobre que tiene menos del 7%. Si tomamos como referencia la tasa AROPE en Andalucía, en 2023, el 37,5% de la población de andaluza estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social afectando a 3,2 millones de personas, la cifra más alta de España.

En este contexto de precariedad generalizada, iniciativas públicas como la “Tarjeta Monedero” dotada de una cuantía que varía entre 130 y 220 euros al mes contribuyen a mejorar la situación de estas familias. Financiada al amparo del Fondo Social Europeo plus (FSE+) pretende hacer frente a la privación material mediante alimentos y/o prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en particular a los y las menores y establecer medidas de acompañamiento que apoyen su inclusión social.

Así, desde 2022 se ha venido trabajando entre todos los agentes implicados en la implementación de este Fondo para garantizar que haya continuidad con el anterior programa operativo FEAD que finalizaba en abril de 2024, dado que de lo contrario se provocaría un grave perjuicio a las familias perceptoras.

Esta nueva modalidad, según se recogía en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado el 15 de diciembre de 2021, se gestionaría “directamente por parte de las CCAA y las ciudades autónomas, en todas sus fases y componentes” debiendo “reorientarse hacia modelos de acompañamiento integral” acordes con los objetivos del marco del nuevo FSE+

Teniendo en cuenta el “profundo cambio en el sistema de implantación” del nuevo modelo BÁSICO respecto al programa operativo anterior, en el Real Decreto 93/2024 de 23 de enero publicado en el BOE el 24 de enero de 2024, se regula la concesión directa de una subvención a Cruz Roja Española, Entidad con implantación en el territorio nacional, hasta el 31 de diciembre de 2024, “sin perjuicio de que las tarjetas o vales entregados o recargados hasta esa fecha puedan ser utilizados con posterioridad por las familias perceptoras hasta que agoten el saldo correspondiente o, en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2025”.

A este particular, y a pesar del interés con el que se preparó la implementación de este recurso económico, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, ya en el pasado año 2024, recibió quejas de entidades del tercer sector y de la ciudadanía más vulnerable de nuestra Comunidad Autónoma, en las que se nos daban cuenta de retrasos y problemas en el funcionamiento del citado programa.

Transcurrido este plazo, confiábamos en esta Institución en que estando previsto que en 2025 la Junta de Andalucía asumiría la gestión de la tarjeta monedero se pudiera implementar sin incidencias en el mismo. Así las cosas, tras pasar nueve meses, el pasado 14 de mayo de 2025, en la página web de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad se da cuenta de la adjudicación del “contrato mixto para la provisión de alimentos y/o asistencia material básica a unidades familiares con personas menores a su cargo que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, mediante un sistema de tarjetas o vales físicos o electrónicos”. Un contrato que “será de 24 meses y podrá ser objeto de una prórroga de otros 24 meses, lo que ampliaría el presupuesto hasta los 92 millones de euros previstos en el programa, cuya duración se extiende hasta 2029”.

Pasado un tiempo más que suficiente sin que este recurso se implemente, ha sido en los últimos meses cuando a través de distintas escritos de queja, hemos tenido conocimiento en los últimos meses que los servicios sociales comunitarios no pueden recurrir a este recurso para paliar la carencia de bienes de primera necesidad. Una situación que se ha puesto de manifiesto desde algunos ayuntamientos, dado que como antes se hacía mención, las anteriores tarjetas monedero se pueden utilizar hasta abril de 2024, solo en el caso de tener saldo, de lo contrario desde el 1 de enero hay familias que se encuentran sin esa cobertura.

En el mismo sentido, recientemente se han dirigido a esta Defensoría personas que necesitan este apoyo y que nos informan de la preocupación y angustias que dicen tener, ante la falta de acceso a esta ayuda que le es necesario para subsistir en un sistema de estratificación social donde no sólo la brecha de pobreza es un obstáculo; sino que existen trabas burocráticas que han creado un lapso de desprotección, inasumible para estas familias.

Y es que esta carencia de recursos básicos, no sólo abarca problemas administrativos en la gestión, sino que impacta de manera directa en los derechos fundamentales de las familias más frágiles de la sociedad andaluza, tales como el derecho a la integridad física y moral. En este sentido, el artículo 15 de la Constitución Española considera el acceso a la alimentación como contenido esencial del derecho a la vida. De igual manera el artículo 10 de la Carta Magna proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables inherentes a ella, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, como fundamentos del orden político y la paz social.

También reseñar que el Estatuo de Andalucía en su ejercicio de competencias inherentes y de autogobierno, propugna valores superiores como la libertad, la justicia y la igualdad. Específicamente, el artículo 23 establece el derecho a acceder, en igualdad, a las prestaciones del sistema público de servicios sociales.

A este respecto, hemos de considerar que siendo la Tarjeta Monedero una asignación dentro del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), ofrece la oportunidad no solo de hacer frente a la privación material mediante alimentos y/o prestaciones de asistencia material básica a las familias más desfavorecidas, sino que también se establecen medidas de acompañamiento integral que apoyen su inclusión social. Un cambio de modelo con respecto al anterior en el que se entregaban los alimentos de forma directa, superándose así la estigmatización de estas personas.

Y es que el paraguas normativo es abundante, leyes de ámbito europeo, estatal, autonómico ponen de relieve el robusto abanico de normas que amparan esta iniciativa, junto con la dificultad observada en la tramitación de esta Programa. Por citar algunas de ellas;

• Reglamento (UE) 2021/1057 (FSE+), que crea el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, que financia la Asistencia Material Básica (alimentos y productos esenciales) a colectivos vulnerables.

• Reglamento (UE) 2021/1060 (Disposiciones Comunes): fija reglas transversales de gestión, seguimiento, publicidad y control aplicables también al FSE+.

• Real Decreto 93/2024, de 23 de enero que pone en marcha en 2024 el Programa FSE+ de Asistencia Material Básica (Programa BÁSICO).

• Programa BÁSICO Transitorio 2024 de la Junta de Andalucía coordinación con entidades locales y Cruz Roja; fija última recarga 31/12/2024 y uso hasta 31/03/2025.

En base a lo expuesto se apertura una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad al objeto de conocer cuándo se podrán acoger las familias a la Tarjeta Monedero, así como las dificultades que han impedido tener la contratación prevista para dar continuidad a este recurso en enero de 2025.