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Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 20/2576 dirigida a Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón Local

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Con la publicación el pasado 14 de marzo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 nos llevo a la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, y ello con el objeto de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

Así, han sido impuestas unas limitaciones a la libertad de circulación las personas (art. 7), y en el concreto ámbito de la justicia la suspensión de los plazos procesales:

«Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso».

A este respecto la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comunico en relación a la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la administración de justicia, haber tenido conocimiento de algunas iniciativas previstas por algunas Comunidades Autónomas con competencia en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia en relación con el régimen de asistencia del personal colaborador que presta servicio en Juzgados y Tribunales, orientadas a establecer un llamado «régimen de disponibilidad» y no presencial, que impedirían, en la práctica, la prestación de estos servicios esenciales de la Administración de Justicia.

En este contexto, el CGPJ manifiesta que la actuación de los jueces es no solo expresión de uno de los Poderes del Estado, sino el garante último de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, muy especialmente en la actual del estado de alarma y, por tanto, constituye un servicio esencial a la comunidad que no puede ser suspendido ni gravemente limitado.

Continúa indicando que la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas con competencia sobre medios personales y materiales de la Administración de Justicia tienen encomendada una importante e imprescindible función prestacional, de auxilio o colaboración consistente en facilitar los medios para que el Poder Judicial cumpla la tarea que tiene constitucionalmente asignada. En el cumplimiento de esa función, la Administración prestacional no puede, ni de manera directa ni indirecta, impedir o desactivar los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constitución Española para asegurar la prestación del servicio que dicho poder tiene encomendado.

Por ello, la dispensa al personal colaborador establecida para los servicios mínimos para acudir a sus puestos de trabajo en Juzgados y Tribunales en estos momentos cruciales impediría, en la práctica, la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos en los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, también hemos tenido conocimiento de la denuncia por una Junta de Personal de la Administración de Justicia, de haberse producido en algunos partidos judiciales "amenazas y coacciones veladas" a los funcionarios de Justicia para obligarles a permanecer físicamente en las sedes judiciales.

En un comunicado, la referida Junta de Personal, se pronuncia sobre la petición de algunos Jueces Decanos de la Provincia de solicitar el aumento de las dotaciones de personal sin que los sindicatos hayan tenido "conocimiento de las incidencias o falta de atención en los servicios esenciales en las que se basan para solicitar ese aumento”. Así, señala que en otros casos, algunos jueces decanos han dictado instrucciones internas en las que aumentan las dotaciones de personal sin justificaciones concretas que lo sustenten, obligando a los funcionarios a permanecer físicamente en las sedes judiciales "por si surge algo urgente" y en algunos casos "bajo amenazas y coacciones veladas".

Esta Junta de Personal ha realizado un manifiesto en el que explica que desde que se decretó en España el Estado de Alarma por el Gobierno de la Nación y el establecimiento de los servicios esenciales por el CGPJ, los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia han estado cubriendo tales servicios conforme a la Resolución que acordaba la dotación prevista por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal que tiene la competencia en materia de personal en Andalucía.

Así, se indica que la referida Resolución respondía a la premisa más esencial de las Autoridades sanitarias, en relación con el mantenimiento de los españoles en casa y la promoción del teletrabajo para evitar la propagación del Covid-19. Consecuentemente, estableciendo dicha dirección general una dotación mínima que permitiera atender los servicios especiales de forma presencial y la modalidad de la disponibilidad en la que deberían permanecer los funcionarios para prestar el servicio en los supuestos en los que surgieran diligencias urgentes e inaplazables.

Los funcionarios de Justicia que están prestando los servicios esenciales, desde el inicio del Estado de Alarma, "lo realizan sin los materiales de protección que indican las autoridades sanitarias, y a día de hoy, algunos órganos judiciales siguen aún sin estos medios de protección, ni guantes, ni mascarillas, ni geles hidroalcohólicos, exponiéndose cada día al virus. Esta situación es inaceptable. Desde la Junta de Personal denunciamos el retraso en la llegada del material preventivo, que se está suministrando con cuentagotas".

Esta Junta de Personal, continúa, pese a estar en continua comunicación con los compañeros de todos los órganos judiciales de la Provincia, "no ha tenido conocimiento de que los servicios esenciales hayan sido desatendidos o no cubiertos debidamente por falta de personal". Más al contrario, es habitual que los funcionarios les comuniquen que están de forma presencial en la sede judicial a la espera de que entre alguna diligencia que atender, y muchos días esto no se ha dado.

Por otro lado, el día 23 de marzo de 2020, la Comisión Permanente del GGPJ, en sesión extraordinaria, acordó encomendar a las Comisiones de Seguimiento constituidas en cada Tribunal Superior de Justicia, al amparo de la Instrucción de ese Consejo de 11 de marzo de 2020, el ajuste de las necesidades de personal que deberá atender presencialmente los servicios esenciales derivados del Escenario 3 adoptado como consecuencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. El ajuste que se realice será comunicado de forma inmediata al CGPJ y deberá garantizar la prestación de los servicios esenciales que tienen encomendados los/las jueces/zas y magistrados/as y tener en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de Justicia en el ejercicio de sus competencias sobre reasignación de funcionarios y dotaciones mínimas de fecha 23 de marzo de 2020.

Por último, indicar que en la fase final de elaboración de la presente actuación de oficio, y como consecuencia de la vorágine normativa que padecemos a consecuencia de la excepcional situación que atravesamos, hemos tenido conocimiento de la Resolución del Ministro de Justicia de 13 de Abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio público de justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de Abril.

Ante tal situación, y los diferentes derechos coincidentes, esta Institución considera oportuno conocer las medidas de respuesta y organizativas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta de Andalucía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia.

Es por ello que se viene a proponer, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, iniciar actuación de oficio y, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería en materia de Justicia, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, concretando las medidas de puesta en valor adoptadas como consecuencia de la Resolución del Ministro de Justicia referida, y ello al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos.

Somos conscientes de las dificultades existentes para dar cumplimiento a nuestra petición, teniendo en cuenta la actual situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, teniendo en cuenta la trascendencia del asunto suscitado en la queja, le instamos a que conteste, con la máxima celeridad posible.

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace
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