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El Defensor del Pueblo Andaluz es una Institución creada para la protección de los derechos y las libertades de los andaluces.

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Nos interesamos por las medidas de protección para la integridad de derechos de las temporeras agrícolas en Huelva

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/3717 dirigida a Subdelegación del Gobierno en Huelva, Consejería de Justicia e Interior, Dirección General de Coordinación de Política Migratoria, Fiscalía Provincial de Huelva, Consejería de la Presidencia, Administración y Memoria Democrática, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva

El fenómeno de la inmigración en la provincia de Huelva ha motivado, a lo largo de décadas, la preocupación y la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con la situaciones variadas que pueden afectar al efectivo respeto de los derechos y libertades de todas las personas afectadas y para el conjunto de la sociedad onubense.

A través de actuaciones motivadas por quejas presentadas por diferentes entidades, quejas iniciadas de oficio por la Institución, o incluso la realización de Informes Especiales dirigidos la Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz ha promovido los sistemas de garantía de todos los derechos afectados. Así aludimos a la realización del Informe Especial sobre “El alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en la provincia de Huelva” (Febrero de 2001) y, más recientemente, la tramitación de la queja 15/1139 promovida por la Mesa para la inmigración que reúne a todos los colectivos, entidades, sindicatos y grupos sociales preocupados por esta situación en la provincia.

En fechas recientes, han surgido varias reseñas en medios de comunicación en las que se relataban —no sin controvertidas versiones— casos de maltrato físico o abusos contra trabajadoras agrícolas producidos en los escenarios de trabajo en las fincas, en las zonas de acceso o en las instalaciones de alojamiento que ocupan estas mujeres durante sus contratos. En estos contenidos se aludía a una variedad de casos y a las supuestas dificultades para garantizar la presentación de las denuncias y para impulsar las actuaciones judiciales correspondientes. Precisamente, en este particular aspecto, pretendemos conocer, con el imprescindible rigor, el tratamiento que se viene siguiendo ante estas publicitadas denuncias y la tutela judicial efectiva que hubieran merecido, gracias a la colaboración que habitualmente presta la Fiscalía provincial de Huelva a esta Institución.

A la vez, y más allá de estas circunstancias de ámbito judicial, nos situamos en un escenario más amplio que afecta a las condiciones de trabajo de este amplio colectivo de empleo, fuertemente feminizado y con importante presencia de mujeres extranjeras.

La importancia estratégica para un sector productivo tan importante para Huelva, como es el de cultivo de la fresa y otros frutos, ha propiciado durante décadas unos procesos de ordenación de estos flujos de mano de obra a través de la organización de contingentes y métodos de contratación en origen, sobre todo en Marruecos y países del Este europeo.

Estos procesos implican actividades muy consolidadas que facilitan todos los aspectos organizativos para la selección, traslado, estancia y retorno de estos colectivos que, precisamente por su capacidad organizativa y por la experiencia acuñada durante décadas, permiten aglutinar todas las necesidades que se generan con estos desplazamientos coincidiendo con las temporadas de mayor faena en estos cultivos.

A pesar de toda la experiencia avanzada, y de la aplicación de sistemas regulatorios de estas campañas, las condiciones de trabajo son difíciles y exigentes, donde sus trabajadoras pueden convertirse en objetivo de situaciones de presión o de amenazas en muy diversos aspectos. Una posición de inferioridad que merece, sin duda, nuestra atención como Defensor del Pueblo Andaluz. Y, además, consideramos que la tutela de las administraciones laborales supervisoras, el ejercicio de la acción sindical y la misma actitud de las trabajadoras en defensa de sus intereses deben constituir una red de protección y garantías para el respeto a sus derechos y el eficaz funcionamiento del sistema productivo en los campos de Huelva.

Entre las medidas que parecen resultar más oportunas están todas aquellas que faciliten la formación e información a las personas que acuden en estos contingentes en orden a mejorar la compresión de las condiciones labores que asumen y, principalmente, el ámbito de sus derechos y garantías establecidas para su ejercicio. Estas acciones pueden reforzarse en los lugares de origen, previas a los traslados, o durante la propia actividad laboral a través de personal monitor, de apoyo o mediante el desarrollo de la estricta actividad sindical.

Por otra parte, toda esta variedad de aspectos que inciden en la cuestión que analizamos exige, desde la posición y las responsabilidades de las Administraciones Públicas, instrumentos que logren la máxima colaboración en las respuestas necesarias que surjan desde cada particular ámbito de competencia. Precisamente, los antecedentes que hemos citado antes desplegaron una especial atención en el Foro Provincial de Inmigración de Huelva, residenciado en la Delegación del Gobierno.

Del mismo modo, si analizamos las funciones que la norma reguladora de los Foros de Inmigración establece para estas entidades (Decreto 202/2005, de 27 de septiembre, por el que se crean y regulan los Foros Provinciales de la Inmigración), hemos de concluir su idónea formulación para garantizar esos procesos de discusión y planificación de acciones que inciden en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres temporeras. Dichas funciones son:

 

  • Facilitar el diálogo y la comunicación entre el colectivo inmigrante y la sociedad de acogida.

  • Formular propuestas y recomendaciones tendentes a promover la integración social de las personas inmigrantes.

  • Recabar y canalizar propuestas de las organizaciones sociales que trabajan con inmigrantes para su discusión y asunción, en su caso, por parte de las Administraciones Públicas.

  • Conocer los programas y actividades que se llevan a cabo en materia de inmigración por las Administraciones Públicas competentes.

  • Promover estudios e investigaciones sobre la integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero y presentar propuestas sobre políticas de integración social del colectivo.

  • Favorecer con iniciativas propias la mejora de las relaciones inter-étnicas y la difusión de las distintas culturas.

  • Mantener contactos e intercambios con otros órganos análogos de ámbito municipal y provincial.

  • Informar de sus actuaciones y acuerdos al Foro Andaluz de la Inmigración.

  • Formular propuestas y recomendaciones que fomenten las relaciones interculturales y el respeto la diversidad cultural, de creencias y convicciones, con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.

  • Impulsar y proponer medidas encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres inmigrantes; a evitar y prevenir la violencia de género; y a reforzar el papel de la mujer como protagonista de cambio.

A su vez, no olvidamos que, en el estricto ámbito de las relaciones laborales, se deberá profundizar en la regulación propia a través de la libre participación de los actores legitimados para protagonizar este ámbito de negociación.

Finalmente, debemos aludir necesariamente la implicación de la Administración General del Estado, que ostenta unas competencias estratégicas en la cuestión que abordamos. La definición de las condiciones y necesidades de próximas campañas, así como los contactos con las autoridades marroquíes, aconsejan dar traslado para su participación a la Subdelegación del Gobierno de Huelva para conocer sus aportaciones.

En suma, desde la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, no relegamos nuestra honda preocupación por las acciones concretas y específicas que exige esta situación dirigida, ante todo, a una imprescindible clarificación de las intervenciones judiciales que estuvieran, en su caso, siendo tramitadas; y, a su vez, analizar los objetivos de mejora en la capacidad de acogida, integración y atención social de estos colectivos presentes en la actividad productiva del sector agrario en Huelva.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer una actuación por propia iniciativa al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante el Foro Provincial para la Inmigración de Huelva (Delegación de Gobierno), Dirección General de Coordinación de Política Migratoria y la Fiscalía Provincial a fin de clarificar la situación descrita y dimensionar su efectiva entidad solicitando las colaboraciones necesarias.

Igualmente, nos dirigimos a la Subdelegación de Gobierno en Huelva a fin de recabar su colaboración en relación con los trabajos de elaboración de los programas que regulen la próxima campaña relacionada con la fresa y productos análogos.

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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