Nos informan de las medidas para garantizar el número de taxis adaptados

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra petición interesando que nos expusiera el posicionamiento municipal acerca de las disfuncionalidades o irregularidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se producían en la prestación del servicio de eurotaxi y que afectaban a las personas con discapacidad, informando de las medidas y actuaciones que, en su caso, se pudieran estar impulsando para su subsanación y para que, en definitiva, no se produjeran las deficiencias que se denunciaban, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló Resolución en el sentido de que, por parte del Ayuntamiento, se realizaran cuantas actuaciones fueran necesarias con objeto de que la reclamación formulada, al carecer de constancia de que estaba ejerciendo ante esta cuestión sus competencias al respecto, pues ignorábamos si se habían adoptado medidas efectivas para su solución y para la mejor prestación del servicio a las personas con discapacidad.

En la respuesta recibida, en síntesis, el ayuntamiento se pronunciaba sobre las diversas reclamaciones de la Asociación y se aclaraban las razones por las que se estimaba suficiente el número de licencias de eurotaxis existentes, aunque reconocían que podrían estar dándose incumplimientos por los titulares de sus obligaciones de prestación prioritaria de servicios a las personas con movilidad reducida, por lo que la Policía Local estaba realizando inspecciones rutinarias para evitarlo y pedían que se denunciaran estos posibles incumplimientos concretos que se detectaran para solventar el problema, imponiendo las sanciones que procedieran.

Se negaba que se estuviera reduciendo la ratio de eurotaxis y las cautelas que se seguían para que ello no se produjera. También se exponían otras medidas que estaba impulsando el ayuntamiento y se reiteraba la necesidad de formular denuncias concretas para investigar y sancionar los incumplimientos que se produjeran. Se tenía previsto implantar en 2020 una aplicación municipal para que todas las personas y, en especial, las que tuvieran movilidad reducida, pudieran solicitar un servicio de eurotaxi de tal forma que el Instituto del Taxi controlara los servicios que se prestaran y sancionar los que no se asumieran sin causa justificada.

Entendimos que esta respuesta y las explicaciones y medidas que contenía suponían la aceptación, en términos generales, de nuestra Resolución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.