Las Administraciones autonómica y municipal activan los recursos para dependientes discapacitados y sociales, a favor de familia migrante con necesidades en estos ámbitos

El reclamante expone que en septiembre de 2015 se trasladó con su familia a España, procedente del Sáhara, buscando que su hija, de 24 años de edad y con parálisis cerebral de nacimiento, pudiera recibir el tratamiento médico oportuno.

El matrimonio y su hija llevan en nuestro país, por tanto, casi tres años, período durante el cual no han podido acceder al empleo ni contar con ingresos que les permitan la cobertura de sus necesidades esenciales, por lo que han sobrevivido con las ayudas de Caritas, que hasta la fecha ha sufragado el alquiler mensual de la vivienda de alquiler y los gastos por suministros básicos.

Próximamente terminaría la ayuda que han venido disfrutando, aunque su situación económica seguirá siendo la misma, por lo que el compareciente nos plantea dos preocupaciones, a saber:

Por una parte, su deseo de que su hija, con una discapacidad del 83 %, pueda obtener el reconocimiento de su situación de dependencia para que se le apruebe la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Posibilidad que, sin embargo, está truncada por ser cinco los años de residencia que precisa la solicitud de tal reconocimiento.

Por otro lado, la carencia de vivienda o, más exactamente, la imposibilidad de poder afrontar el pago del alquiler de la vivienda sin ingresos. Por lo que desearía acceder a una vivienda social y, en todo caso, poder encontrar un empleo que le permita mantener a su familia.

Entretanto, la familia ha solicitado la renta mínima de inserción, pero además del tiempo que comportará acceder a ella, precisarían que su hija pueda asistir a un Centro de Día o a un recurso residencial, para que sus padres puedan dedicarse a la búsqueda de empleo.

Interesados ante la Administración municipal se nos informa que el reclamante es usuario de los Servicios Sociales desde abril de 2017, fecha en la que acude por primera vez a través de una solicitud de cita en el Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.

Desde entonces se ha trabajado con el usuario y su familia de forma regular, realizando diversas actuaciones y acercando recursos de índole social, laboral, y económica.

Desde la Administración autonómica se nos informa de que de acuerdo con el dictamen técnico emitido por los profesionales del trabajo social, se acuerda derivar el caso para su estudio a la Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución de la citada encomienda. Así, vista la propuesta favorable de tal Comisión para el ingreso de la hija del promotor de la queja, en una unidad de estancia diurna para personas con discapacidad intelectual, con fecha 10 de octubre de 2018 se aprueba mediante resolución el acceso a centro de día en cumplimiento del programa de atención a personas con discapacidad en situación de exclusión social.

A la vista de la información recibida, consideramos que la cuestión planteada por la parte promotora de la queja ha quedado solventada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.