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La Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Málaga, en cumplimiento del convenio de colaboración firmado en 2005, han procedido a abonar los justiprecios a las personas que estaban pendientes de recibir estas cantidades

Queja número 12/3629 , 12/3721 , 12/6274 , 12/7008

En esta Institución venimos tramitando cuatro expedientes de queja relacionados con procedimientos expropiatorios en el Área de Rehabilitación del Centro Histórico de Málaga y que hemos agrupado, en su tramitación, en la queja 12/3629. En concreto, los expedientes agrupados son la queja 12/3721, queja 12/6274 y queja 12/7008.

Estos procesos expropiatorios, según la información recogida durante la tramitación de estos cuatro expedientes de queja, tienen su origen en la firma del convenio suscrito en el año 2005 entre la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Málaga, para la obtención de suelos con destino a la promoción de viviendas de protección oficial, dotaciones y equipamientos necesarios en el ámbito del Área de Rehabilitación del Centro Histórico de Málaga. Dicho Convenio preveía la obtención de suelo, por parte de la antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA, en la actualidad Agencia de Vivienda y Rehabilitación, AVRA, adscrita a la actual Consejería de Fomento y Vivienda), mediante diferentes fórmulas, entre las que se incluía la expropiación por parte del Ayuntamiento de una serie de suelos y puesta a disposición de EPSA de aquellos que, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, tuvieran un destino residencial, sufragando EPSA los gastos originados por la obtención de dichos suelos y de los inmuebles que se encuentren en ellos.

En cumplimiento de lo acordado y en lo que se refiere al suelo a obtener por expropiación, el Ayuntamiento comenzó a realizar las valoraciones de las fincas, en un proceso en el que EPSA sostiene que no tuvo audiencia, a pesar de su condición de beneficiaria y pagadora de los suelos. En la actualidad, todos los procesos expropiatorios están aprobados definitivamente y notificados a EPSA los justiprecios de las fincas expropiadas, de los que se ha abonado aproximadamente el 50% de los mismos, restando la otra parte por un montante de 5.643.233 euros correspondiente a una superficie de 3.464 metros cuadrados.

Durante la tramitación de estos expedientes de queja formulamos, en su día, resolución en la que sugerimos a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, y al Ayuntamiento de Málaga que se intentara alcanzar una interpretación consensuada de las determinaciones y obligaciones que a cada Administración competían y se aclararan las actuaciones que respectivamente debían asumir para lograr el objetivo de obtener suelo con destino a la promoción de viviendas de protección oficial, dotaciones y equipamientos necesarios en el ámbito del Área de Rehabilitación del Centro Histórico de Málaga, así como que se atendiera, sin más dilaciones, el pago de la cantidad adeudada en concepto de justiprecio a las partes promotoras de las quejas que se habían presentado en esta Institución como consecuencia del retraso en los plazos de pago.

Tras varias actuaciones posteriores a esta resolución, la Consejería de Fomento y Vivienda nos informó, en síntesis, que tras diversas gestiones y el encuentro mantenido entre la anterior Consejera y el Alcalde de Málaga, se había producido un intercambio de propuestas tendentes a encontrar un punto de acuerdo, añadiendo que se analizaron de forma conjunta las últimas propuestas elaboradas por ambas partes, emplazándose a un estudio más profundo de las mismas, que había dado lugar a la elaboración de un informe con diversas conclusiones, subrayándose que el acuerdo sobre el que se trabajaba atendía tanto a la realización de objetivos públicos que pudieran ser de interés para ambas administraciones (viviendas públicas, equipamientos, etc.) como la atención de las obligaciones derivadas de los procedimientos expropiatorios en curso que, de acuerdo, con la ley, y sin perjuicio del interés público y el de la Administración de la Junta de Andalucía, permitier en todo caso la más pronta solución para los particulares afectados.

Cabe considerar que las respuestas remitidas por las dos Administraciones Municipal y Autonómica suponían, en términos generales, la aceptación de la Resolución que, en su día, les formulamos en el curso de la tramitación de este expediente de queja, toda vez que, de forma coordinada, estaban dando pasos efectivos, aunque fuera de forma tardía dado el plazo de tiempo tan amplio que llevaban las personas afectadas intentando ser debidamente indemnizados, para que dicha indemnización resultara efectiva.

Por ello y para poder dar por concluida nuestra intervención en este asunto, interesamos de ambas Administraciones, Municipal y Autonómica, que nos indicaran si se habían producido nuevos encuentros entre ellas, lo que nos llevó a conocer la tramitación del Convenio de Colaboración firmado en su día pues, en noviembre de 2017, la Dirección General de Presupuestos emitió informe favorable al Acuerdo de extinción aprobado por la Consejería de Fomento y Vivienda, estando, en aquel momento, pendiente del informe preceptivo que debía emitirse por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Una vez emitido éste, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía se encontraba desarrollando las actuaciones señaladas por el Gabinete Jurídico, al objeto de que sea informado favorablemente el convenio de extinción.

Finalmente, pudimos conocer que en agosto de 2018 se mantuvo una reunión de la Comisión de Coordinación del Convenio de 2005 y que, tras ella, se estaba dando cumplimiento al proceso de liquidación del citado convenio, por lo que se estaban abonando las expropiaciones a los titulares de las fincas que no habían recibido los justiprecios.

Entendimos, por tanto, que no eran precisas nuevas actuaciones en el citado expediente de queja por lo que procedimos a su archivo.

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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