Informe Anual 2025

El Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz no es solo una memoria de actividad: es un instrumento de garantía democrática. Lo presento, un año más, en cumplimiento del mandato constitucional y estatutario que me corresponde, y con una convicción clara: los derechos y libertades solo se sostienen de verdad cuando pueden ejercerse sin obstáculos, con respuestas comprensibles y en plazos que no se conviertan en renuncia.

En 2025, más de 13.000 andaluzas y andaluces presentaron quejas por su relación con las administraciones públicas, cerca de un 30% más que el año anterior. Las materias con mayor incidencia fueron Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad. A estas quejas se suman más de 3.000 expedientes procedentes de ejer cicios anteriores que han sido tramitados este año, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia y que evidencia la confianza creciente en la Institución como canal de acceso a derechos. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.

Este incremento no expresa únicamente una mayor visibilidad institucional tras la celebración del 40 aniversario de la Institución; refleja, sobre todo, la presión creciente sobre servicios públicos esenciales y la necesidad de respuestas eficaces para garantizar derechos que la ciuda danía considera básicos: ser atendida, obtener respuesta y saber con claridad qué administra ción debe actuar, cómo y cuándo. Derechos que no pueden depender del código postal, de la renta o de tener a alguien que “sepa moverse” en la Administración.

Después de dos mandatos analizando estas demandas —y con una experiencia anterior en la década de los años noventa—, la conclusión es clara: en demasiadas ocasiones, el sistema público diseñado para garantizar derechos no los hace efectivos con la agilidad y la calidad que las personas necesitan. No se trata de cuestionar la vocación del servicio público, sino de constatar un patrón: las medidas puntuales no bastan cuando el problema es estructural y acaba generando frustración, desgaste y desprotección.

Este Informe documenta esa realidad y ofrece claves para revertirla. La ciudadanía no nece sita solo más presupuesto: necesita que lo que ya existe se priorice mejor, se distribuya con mayor equilibrio territorial, se coordine con más eficacia entre administraciones y se evalúe con rigor.

Dos elementos requieren atención específica. El primero es la transformación digital: cuando no se acompaña de alternativas presenciales eficaces y de apoyo suficiente, puede convertirse en una nueva barrera de acceso a derechos. Este riesgo se intensifica con la progresiva implantación de sistemas de Inteligencia Artificial en la gestión pública, que exige garantías de transparencia, no discriminación y revisión humana de decisiones que afectan a derechos. El segundo es la evaluación sistemática de las políticas públicas: no basta con aprobar medidas; es imprescindible comprobar si funcionan, corregir lo que falla y consolidar lo que da resultados.

Como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, subrayo además que muchos de estos problemas tienen una dimensión generacional que no puede ignorarse: las demoras en atención temprana, los déficits de apoyo educativo, la inestabilidad habitacional familiar y la exposición a entornos digitales sin protección suficiente condicionan el desarrollo de niños y niñas de forma que los efectos se prolongan mucho más allá de la infancia. Colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas no es una opción: es una obligación de futuro.

En este contexto, mi aportación se concreta en compromisos que deben orientar el diseño de las políticas públicas. Los primeros afectan a derechos esenciales de la vida cotidiana:

• • el acceso a una vivienda digna;
• • el fortalecimiento de una sanidad pública accesible y universal;
• • la defensa de unos servicios sociales menos burocratizados y más equitativos territorial mente, con especial atención a la población con dependencia y otros colectivos vulnerables;
• • la apuesta por una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades;
• • la reivindicación de los derechos laborales y la suficiencia de ingresos ante la precariedad laboral, sobre todo de la juventud;
• • la igualdad de género como principio transversal.

Los segundos refuerzan las garantías que sostienen una democracia efectiva:

• • sostenibilidad ambiental, con planes de emergencia actualizados, adaptación urbana y tran sición energética justa;
• • no discriminación y lucha activa contra el racismo y los discursos de odio;
• • cultura de paz y mediación como herramientas de convivencia;
• • preservación de la memoria democrática como obligación legal y moral.

Por ello, mi petición como Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor de la Infancia y Adoles cencia de Andalucía es clara: que las administraciones escuchen, respondan y reparen; que simplifiquen trámites, informen mejor y pongan a las personas —especialmente a la infancia y a quienes viven en mayor vulnerabilidad— en el centro de cada decisión.

Porque cuando la ciudadanía no logra ser escuchada y atendida a tiempo, se resiente la confianza institucional y se debilita nuestra convivencia democrática.

Andalucía es mejor cuando sus derechos se cumplen.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor del pueblo andaluz en funciones