Los ayuntamientos están obligados desde 2010 a crear y mantener este registro para que la ciudadanía pueda intentar acceder a una vivienda protegida, mientras que la Junta trabaja en un nuevo sistema digital para atender a la demanda existente.
Las familias andaluzas con necesidad de vivienda tienen una dificultad añadida: diez años después de establecerse la obligación, aún no están plenamente operativos los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida. Lo denuncia el Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe, correspondiente al año 2019, donde denuncia que la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, prevé que la administración de la Junta de Andalucía establecerá un sistema de ayudas a los ayuntamientos para la elaboración, aprobación y revisión de los planes municipales de vivienda y suelo, así como para la creación y el mantenimiento de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida, que cuentan en total con 69.352 inscripciones activas a 31 de diciembre de 2019.
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