Servicios sociales, vivienda e información y atención ciudadana han sido las materias con mayor demanda
Una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus (SARS COVID-19). En concreto, fueron 2.128 quejas de las 8.752 iniciadas este año y 4.275 de las 12.573 consultas gestionadas.
Este impacto de la pandemia en las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz lo ha destacado hoy el titular de la institución, Jesús Maeztu, en la presentación del Informe Anual 2020 ante la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones celebrada en el Parlamento andaluz.
Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 que abrimos de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas sumamos 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. Este número de quejas y consultas, sumadas a las 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrecieron un balance total de 29.823 actuaciones.
Estos registros han sido históricos en la Institución. Las demandas de información y asesoramiento de la ciudadanía como consecuencia de la pandemia decretada por la extensión de la COVID han elevado un 25% tanto el número de quejas como el de consultas con respecto al informe del año anterior, 2019. Servicios sociales, vivienda, información y atención ciudadana, educación, empleo público, menores y salud han sido las materias más demandadas por la ciudadanía.
Jesús Maeztu ha señalado que “2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi cuarenta años de historia de esta Institución”, si bien también “un año para no olvidar” en cuanto a las lecciones que se deben extraer de esta experiencia con un objetivo: avanzar hacia la igualdad real.
Jesús Maeztu ha expuesto que en el Informe Extraordinario Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia presentado por la Institución el pasado noviembre se recogen 13 retos para dar respuesta a las necesidad más urgentes y perentorias que está trasladando la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo andaluz ha condensado esos 13 retos en cuatro, como aportaciones o lecciones que nos está dejando la COVID, desde la perspectiva de la Institución como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que ha dedicado una atención especial a la salud mental.
En tercer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que urge la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.
En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad. Entre otros, este sistema debe dar acogida a las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las garantías de suministros mínimos de luz y agua; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.
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