El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido este jueves, 2 de junio, en el Parlamento de Andalucía, la mejora de la asistencia sanitaria de la población reclusa durante la presentación del Informe Especial sobre las “Unidades de Custodia Hospitalaria y la asistencia sanitaria especializada para personas internas en prisión” y ha dado cuenta de las principales conclusiones recogidas en la jornada que el pasado martes 31 se celebró con la participación de todos los profesionales y colectivos implicados.
El Defensor ha informado ante la Cámara andaluza que el actual modelo sanitario se presta entre Instituciones Penitenciaras, que ofrece la atención primaria, y el SAS, la atención especializada. Esta dualidad es la principal causa de un modelo organizativo deficiente que termina provocando una ruptura en la atención integral de la persona enferma en prisión “que es, ante todo, un paciente. No un preso”.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud como mejor manera de garantizar una atención integral de estas personas enfermas que actualmente deambulan entre dos sistemas sanitarios: la sanidad penitenciaria y el SAS.
Por ello, ha pedido definir un modelo sanitario que responda a las necesidades de las personas internas en prisión y restablecer el convenio de colaboración, entre Instituciones Penitenciarias y el sistema sanitario andaluza, paralizado desde 2012, pero “actualizado y mejorado”.
Durante su intervención, el Defensor del Pueblo andaluz ha vuelto a mostrar su preocupación por dos situaciones que afectan principalmente a este colectivo: la problemática específica de la hepatitis C, que según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria entre la población reclusa la tasa de infectados es superior al 25%-, y la prevalencia de las patologías mentales, 5 veces superior a la que tiene la problación general.
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