Aceptan nuestras resoluciones sobre la demanda de lenguaje de signos en los centros penitenciarios

La queja fue tramitada por el Defensor del Pueblo Andaluz a fin de analizar la atención a la población con dificultades auditivas internada en prisión. Con motivo de dichos trámites, con fecha 20 de diciembre de 2018, el Defensor del Pueblo Andaluz dirigió un pronunciamiento formal en forma de resolución ante la, entonces, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, dando cuenta también a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP):

“RESOLUCIONES

“RECOMENDACIÓN a fin de que se definan para la población sorda interna en prisión las actuaciones para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

SUGERENCIA, a fin de que se promuevan las iniciativas para colaborar con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la definición de programas de apoyo a la población sorda, en los supuestos de estancia en centros penitenciarios andaluces. A tal fin se proponen como medidas:

• La evaluación actualizada de las necesidades.

• Definición de las aportaciones de entidades colaboradoras.

• Evaluación de la participación de la administración autonómica.

• Fijación de criterios selectivos de destino de estos programas según los centros.