Queremos conocer las medidas para garantizar la conservación del Parque Nacional de Doñana

El Defensor del Pueblo Andaluz decide iniciar una actuación de oficio destinada a conocer y, en su caso, proponer medidas para garantizar la conservación del Parque Nacional de Doñana y ofrecer una información transparente a la ciudadanía sobre su situación actual.

Con frecuencia vemos en los medios de comunicación noticias que hacen alusión a diferentes afecciones o riesgos, ya tengan su origen en causas naturales, ya en la acción del hombre, que pueden poner en peligro la conservación de este espacio único, que es el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural del Entorno de Doñana.

Esta Institución considera que es muy necesario que en Doñana se despejen las dudas sobre los riesgos que se ciernen sobre la conservación del Parque Nacional de Doñana y su entorno y se mantenga informada a la ciudadanía de manera objetiva y transparente sobre su situación actual.

Ello porque, como es conocido, se trata de un espacio natural que, no en vano, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y algunos de sus espacios forman parte de la Red Natura 2000. Situado entre dos continentes, constituye un excepcional lugar de paso, cría e invernada de aves procedentes de Europa y Asia. Cuenta con una fauna muy rica, en la que están presentes, además de diversas especies de aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos; esto junto a una amplia flora, su territorio y clima conforman un ecosistema que hace que se le considere la mayor reserva ecológica de Europa.

Sin embargo, el reconocimiento mundial de su singularidad no ha evitado que en su entorno se realicen actuaciones o se proyecten infraestructuras que, año tras año, vienen siendo, no obstante la discrepancia que suscitan, motivo de alarma: la ruptura de la balsa de Aznalcóllar; el fallido proyecto del oleoducto y refinería de Balboa que, afortunadamente, ya pasó a la historia; el dragado del río Guadalquivir; la sobrexplotación del acuífero con centenares de pozos ilegales; los proyectos turísticos ejecutados y los que quedaron aparcados; el gaseoducto que, en algunos de sus tramos, ha sido informado favorablemente; la conexión por carretera Huelva y Cádiz, que suscita una gran polémica cada vez que se menciona por su incidencia en el Parque; etc. Se trata de noticias con las que, año tras año, se viene “topando” la ciudadanía y que jalonan la historia de este extraordinario espacio natural.

Noticias que generan una inquietud muy justificada, habida cuenta de que, con frecuencia, ha sido el movimiento ecologista, la sociedad civil, los medios de comunicación, quienes han “frenado” propuestas que habían recibido todas las bendiciones en los despachos públicos por su ejecución, pero que los poderes públicos tienen la función constitucional de tutelar los derechos de la ciudadanía y, singularmente, el derecho a un medio ambiente adecuado que, en el caso que nos ocupa, se centra la en la protección de los valores inherentes al Parque.

La motivación esgrimida en todos estos proyectos, al menos la motivación pública, suele ser la necesidad de potenciar las actividades económicas relacionadas con el empleo, tan necesario en nuestra Comunidad Autónoma.

Sin embargo, sabemos que el desarrollo económico que no es compatible con el respeto a los valores ambientales no es sostenible. Hoy conocemos que, con frecuencia, las actuaciones que no han tenido presente la cuestión ambiental a medio y largo plazo lo que han traído consigo ha sido destrucción de espacios de extraordinario valor ecológico, modelos de desarrollo urbanístico que han provocado el rechazo con el paso de los años y la conversión de un territorio de alto valor ambiental y gran futuro para una economía sostenible en modelos territoriales que, en la actualidad, genera un rechazo universal por haber terminado siendo espacios de especulación, que han originado un desarrollo urbanístico caótico y sin futuro. Desgraciadamente, tenemos dónde elegir modelos de desarrollo urbanístico insostenible en nuestro litoral y en las más de mil parcelaciones ilegales, decenas de miles de viviendas ilícitas, infinidad de ocupaciones de espacios no urbanizables, etc., que se reparten por todo el territorio andaluz.

Por todos estos motivos, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz va a iniciar una actuación de oficio para conocer la entidad real de los riesgos a los que está sometido el territorio de Doñana y las medidas que se deben adoptar para mejorar la protección del Parque, por lo que nos hemos iniciado diversas actuaciones tanto ante órganos autonómicos como dependientes de la Administración General del Estado, con objeto de ofrecer una total transparencia sobre la situación del espacio natural, aportando información veraz y clara sobre la misma. Al mismo tiempo, pretendemos que, en un futuro, se deseche, definitivamente, cualquier proyecto e iniciativa que pueda poder en riesgo su adecuada conservación.