CRISIS ECONÓMICA
I.2. Análisis de la situación en base a las quejas recibidas I.2.a. Empleo.
El desempleo, no sólo es la consecuencia más inmediata y directa de la crisis económica, sino que es, además, el elemento sobre el que pivotan muchos de los efectos perjudiciales que la recesión económica ha traído para las familias y la sociedad andaluza.
Así, la pérdida de ingresos derivada de la pérdida del empleo está en la base de muchos dramas sociales asociados a la crisis, tales como los desahucios, la incapacidad de pagar suministros básicos, el crecimiento de la pobreza o el aumento de los índices de exclusión. Pero también en el desempleo de larga duración podemos encontrar la raíz de otros problemas que cada vez inciden más sobre la sociedad, como es el caso del aumento del alcoholismo y la drogadicción, los problemas mentales, con especial prevalencia de las depresiones o incluso el incremento de las tasas de suicidios.
En efecto, si bien la dimensión económica es lo más relevante en la situación de desempleo, no cabe desdeñar las consecuencias psicológicas de la misma. Sin duda, el trabajo es el principal vehículo relacional de la persona con la sociedad, posibilitando así un sentimiento de participación y utilidad, y su privación, o su ejercicio en condiciones precarias, suponen una serie de alteraciones en el funcionamiento cognitivo y emocional de la persona afectada.
La falta de empleo es fuente, no sólo de problemas económicos, sino también de tensiones, contradicciones y conflictos que se reflejan en un profundo malestar psicológico en quien lo padece.
El trabajo no es sólo un medio de supervivencia, también es un factor de desarrollo de la persona en sus distintas facetas: social, cultural y personal. Es un elemento que incide en el estado de salud, de bienestar (malestar) físico, psicológico y social, y cuya carencia tiene indudables repercusiones tanto en la persona que lo padece como en el entorno familiar y social.
Las quejas que se dirigen a esta Institución denotan este estado al traducir insatisfacción y pesimismo vital, incertidumbre, depresión, inseguridad, vulnerabilidad, frustración, sentimientos de ineficacia e injusticia, pérdida de autonomía, de estatus y prestigio o de reconocimiento social, pérdida de interés por las relaciones sociales, etc., aspectos, todos ellos, que se acrecientan con otras circunstancias como pueden ser la edad madura o la existencia de responsabilidades familiares. Incluso en jóvenes se percibe idéntica desesperanza, pues a pesar de estar, en muchas ocasiones, en posesión de una elevada cualificación, la desesperanza también se apodera de este colectivo, que en muchos casos se ve abocado a buscar una salida laboral fuera de nuestras fronteras, en ocasiones con desempeños ajenos y minusvalorados a su preparación, cuando no en un melancólico retorno.
Si a ello añadimos que buena parte del colectivo de parados reside en hogares en que ninguno de sus miembros trabaja, y en otros casos, las rentas – de trabajo o de prestaciones o subsidios de desempleo- de alguno de sus miembros resultan insuficientes, el drama se acrecienta.
Y es que las cifras que exponíamos en la introducción de este Capítulo y que desvelan la tragedia del desempleo, no sólo nos han llevado a superar registros históricos en nuestro país, sino que nos sitúan en posiciones de liderazgo dentro de los ranking europeos, desatando todas las alarmas de los organismos comunitarios que contemplan con gran preocupación la situación española. Y no es para menos, ya que España aporta un tercio de todos los parados de la zona euro.
Frente a este estado de situación, no son pocos los programas (y sus correspondiente siglas) que por el Gobierno andaluz se ponen en marcha un ejercicio tras otro: Plan Memta, Plan Proteja, Plan OLA, Plan PLEMCA, Plan Motiva, Orienta, .., todas ellas, herramientas articuladas por la Junta de Andalucía desde las primeras evidencias de la crisis económica para hacer frente a la grave situación de desempleo y exclusión social en la comunidad andaluza. En este periodo (2008-2013) se ha pasado de un 17,8% de tasa de paro en 2008, a un 36%, con el que parece enquistarse el 2013, con más de un millón de parados registrados en Andalucía.
En este contexto, los sucesivos acuerdos de concertación entre sindicatos y patronal y la Administración autonómica no parece que logren invertir el proceso, como tampoco el enquistamiento de los datos económicos y de empleo, por más que de un tiempo a esta parte se barrunte por algunos un tímido cambio del estado de situación.
Al primer plan, el Memta de 2008 (Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas Demandantes de Empleo), por el que se promueven acciones de orientación profesional de personas desempleadas (que no perciban prestación/subsidio de desempleo ni rentas superiores al IPREM mensual) que participe en estas medidas (actuaciones de orientación de carácter preferentemente grupal) percibiendo una ayuda durante el tiempo que permanezca desarrollándola de 350 € al mes, por un máximo de 3 meses, le sucede el Plan Proteja (Decreto-Ley 3/2010, Programa de Transición al Empleo), un complemento al Plan E del Gobierno que ofreció contratos, básicamente, a parados de la construcción, plan materializado en los planes para jóvenes Motiva y para parados de larga duración Plus 45. Entre las medidas destacaron las becas de 400 euros para respaldar la asistencia a cursos de jóvenes con especiales dificultades de inserción, que según datos suministrados por la Consejería de Empleo alcanzó a un total aproximado de 150.000 jóvenes andaluces.
Al Proteja le sucede un Plan de Choque por el Empleo (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2012), a través del cual se promueve empleo financiando obras en colegios, empleo verde y rehabilitación de viviendas.
Este Plan, al que se destinó inicialmente 200 millones de euros a proyectos educativos, medioambientales y de vivienda para paliar los efectos del empeoramiento del mercado laboral, se materializa en inversiones en proyectos de iniciativa pública que se suma a la dotación inicial del Plan de Oportunidades Laborales (Plan OLA aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de septiembre de 2011, con asignación de fondos para actuaciones de mejora de la red de centros educativos públicos).
Para la elaboración del Plan de Choque por el Empleo, cofinanciado con fondos europeos, se han seguido las directrices marcadas por la Estrategia Europa 2020. Así pues, dicho plan tiene tres ámbitos de actuación: construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos, dotado con 100 millones; un programa de mejora forestal y regeneración medioambiental, con 90 millones; y obras de rehabilitación de viviendas, con 10 millones. Los datos conocidos no incluyen un balance de este último programa, según fuentes de la Junta. El 75% del presupuesto del plan, que preveía la creación de empleo a corto plazo, está financiado con fondos europeos.
El primero de estos bloques supone una ampliación de 100 millones de euros de la dotación inicial del Plan OLA, que la Junta de Andalucía desarrolla desde septiembre de 2011, lo que ha supuesto una asignación total de 300 millones de euros para invertir en la red de centros educativos públicos andaluces.
El segundo bloque del plan aprobado con 90 millones de euros, consiste en un Programa de mejora forestal y regeneración medioambiental y rural que se centra en la generación de “empleo verde” en el medio rural a través de proyectos de potenciación de infraestructuras para la mejora de la competitividad forestal y agraria, la recuperación de montes dañados por incendios forestales, la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas, las reparaciones de efectos negativos de catástrofes naturales, la prevención de procesos erosivos, las acciones de conservación de flora y fauna silvestres y sus hábitats, del paisaje y de los acuíferos y la conservación y mejora del patrimonio rural.
A principios de 2013 y tras conocerse los negativos datos de la EPA, el Consejo de Gobierno adopta el 12 de febrero un conjunto de medidas, que tiene su primera expresión en la prórroga que incorpora para 2014, se refuerza el personal del SAE y se crea un bono mochila de 400 euros para que casi 4.000 jóvenes beneficiarios acudan con él a las empresas colaboradoras.
Este paquete de medidas se complementa en 2013 con el Plan de Exclusión Social (Decreto-Ley 7/2013, de 30 de Abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía) con 60 millones, financiando a los ayuntamientos, para, a través de los mismos, desarrollar el Programa de Ayuda a la Contratación, reforzar la ayuda a domicilio o garantizar tres comidas a escolares.
El último de los bloques del Plan de Choque incrementa la dotación del Programa de Rehabilitación autonómica del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 en 10 millones de euros. Esta dotación, financiada íntegramente por la Junta de Andalucía, tiene como población diana destinataria en 1.200 familias con recursos económicos limitados para emprender las obras de mejora necesarias en sus viviendas.
Desde la entrada en vigor de este plan, las condiciones en el mercado de trabajo han empeorado, afectando de manera creciente a aquellos colectivos que no tienen prestaciones económicas. Por este motivo, mediante el Acuerdo de 12 de febrero de 2013, se introducen cambios en los criterios de selección de personal que van en la dirección de favorecer la situación laboral de aquellas personas paradas sin prestaciones económicas y con cargas familiares, otorgando prioridad a aquellas que llevan en la situación de desempleo una mayor duración o que estén vinculadas al sector agrario (los requisitos anteriores establecían que fueran desempleados de larga duración que hubieran agotado sus prestaciones y que acreditaran cargas familiares, circunstancia que provocaba que algunos trabajadores tuvieran que trasladarse a decenas de kilómetros para acceder a un puesto de trabajo).
Desde la Administración de Empleo se estima que sólo se han generado un 30% de las contrataciones previstas (a octubre de 2013), con unos 3.329 empleos creados (de los 11.100 anunciados), la mayoría de ellos temporales, circunstancia que ha dado lugar a su prórroga a 2014 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 2013.
A través del Decreto-Ley 7/2013 se adoptan un conjunto de medidas: la aprobación del Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, la creación de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, la aprobación del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el año 2013 y la modificación de la normativa que regula el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Por lo que se refiere al Programa de Ayuda a la Contratación, se articula a través de la asignación a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de un importe económico para que los mismos contraten a personas que se encuentren en situación de demandante de empleo durante un período ininterrumpido igual o superior a un año y pertenezcan a una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, entre otros requisitos.
La distribución de los créditos para la financiación de este programa se aborda de manera directamente proporcional al número de personas en paro en cada municipio registradas al 31 de diciembre del año 2012 de conformidad con los datos del sistema de información del Servicio Andaluz de Empleo (DENOS), garantizando en todo caso que todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía tengan asignada como mínimo la cuantía equivalente a un contrato por un período de un mes (1.000 euros).
El objeto de las tareas a desarrollar por las personas contratadas por este programa deben ser necesariamente de especial interés para la comunidad y estar preferentemente localizadas en Zonas con Necesidades de Transformación Social (aquellos espacios urbanos concretos y físicamente delimitados, en cuya población concurran situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social, municipios que se relacionan en el Anexo de dicho Decreto-ley).
La duración de los contratos es entre 15 días y tres meses y la modalidad del contrato el de por obra o servicio determinado.
La financiación de cada contrato incluido en el Programa de Ayuda a la Contratación no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 1.000 euros en cómputo mensual, o su equivalente proporcional en caso de contratos de diferente duración al mes y dentro de los límites de entre quince días y tres meses. En el caso de que el coste del contrato sea superior a dicho importe, el Ayuntamiento asumirá la parte del coste no financiada por el mismo.
Los requisitos para acceder a este programa se circunscriben a personas mayores de 18 años y menores de 65 años que reúnan los requisitos siguientes:
• Que se encuentren en situación de demandante de empleo durante un período igual o superior a doce de los últimos dieciocho meses.
• Que pertenezcan a una unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias:
• Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante Informe Social de los Servicios Sociales Comunitarios.
Se establece un régimen de prioridad para la adjudicación a favor de aquéllas que pertenezcan a unidades familiares en las que concurra por orden de prelación alguna de las circunstancias siguientes: unidad familiar donde todos los miembros que tengan la consideración de población activa, hayan permanecido inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo durante los seis meses anteriores a la fecha de solicitud; unidad familiar que tenga la condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente; que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, una persona menor de edad; que la persona solicitante sea residente en una Zona con Necesidades de Transformación Social; que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia, que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, un hijo a cargo, etc.
Lejos de estos datos estadísticos y de concatenación de programas de fomento del empleo, la realidad nos la marca la constante presencia de quejas en nuestra Institución, denunciando la precaria situación personal y familiar que atraviesan los más afectados por la crisis económica, por la pérdida de empleo y la dificultad o imposibilidad de su inserción laboral.
También los servicios públicos más directamente relacionados con estos colectivos se ven desbordados por las masivas demandas de atención que les dirigen (sanitaria, servicios sociales comunitarios y especializados, servicios de empleo, etc.), que a la postre igualmente redunda en un empeoramiento de la calidad de los servicios que prestan.
La grave incidencia del desempleo en Andalucía, su alta tasa y su persistencia en el tiempo no nos merece otra calificación que la de “catástrofe social”, sólo la, cada vez más, magra herencia del Estado de Bienestar, la economía sumergida y la solidaridad familiar mitigan la situación y explica que la situación no derive en males mayores.
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