Según conocemos, los barrios más afectados por los continuos cortes de suministro eléctrico serían principalmente Almanjáyar, Cartuja, La Paz y Rey Badis.
Ante la necesidad de dar una respuesta coordinada para atender la situación de las personas que residen en estos barrios, ya de por sí en riesgo de exclusión social por la especial incidencia del desempleo, esta Institución ha considerado necesario dirigirse a las Administraciones competentes y solicitar su intervención eficaz.
Por lo que hace a la utilización de viviendas de promoción pública para el cultivo de plantaciones de marihuana, reclamamos el control de oficio por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la legítimaocupación y uso de las viviendas protegidas.
Muchos de los enganches ilegales también podrían deberse a situaciones de familias sin recursos que optan por la defraudación del fluido para atender sus necesidades básicas. Ante estas situaciones puntuales entendemos que el Ayuntamiento de Granada, a través de los Servicios Sociales, podría jugar un papel decisivo en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro junto con la atención global de las necesidades familiares.
Finalmente, entendemos que debe corresponder a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la garantía de una adecuada calidad en el suministro, supervisando la correcta valoración de los niveles de calidad individual y velando, en su caso, por los descuentos que debe reconocer la distribuidora en las facturas en caso de incumplimiento. Asimismo consideramos oportuno que, de oficio, inicie un expediente para exigir el reconocimiento de las indemnizaciones que resulten oportunas por los daños ocasionados a consecuencia de los cortes.
Del mismo modo, hemos solicitado la colaboración de Endesa para facilitar la normalización del suministro eléctrico en la zona y para arbitrar medidas compensatorias en favor de las personas perjudicadas por los cortes de suministro, independientemente de que hayan formulado reclamación o no.
Al efecto, también hemos señalado que el Ayuntamiento de Granada podría erigirse en cauce adecuado para canalizar la demanda ciudadana en relación con los perjuicios ocasionados por los cortes.
Sin perjuicio de todo ello, también hemos trasladado la situación a la Fiscalía Superior de Andalucía a fin de someter a su consideración la posibilidad de iniciar una investigación sobre los delitos que se estarían cometiendo y, fundamentalmente, para facilitar la identificación de las personas responsables y su debida imputación.
Consideramos que se encuentran afectados el derecho a la protección de las personas consumidoras, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada o el derecho a la protección de la salud. Especialmente se encuentran implicados los derechos de menores de edad y de las personas mayores, cuya protección y atención integral se atribuye a los poderes públicos de Andalucía.
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