Colectivos con mayor riesgo de exclusión social. Mujeres prostituidas y trata de mujeres.
Se disponen de escasos datos sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La mayor parte de las estimaciones se hacen basándose en el número de mujeres prostituidas. La prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal. Los derechos de ciudadanía universal que nuestra sociedad anhela están vedados para las mujeres prostituidas. El acceso a recursos económicos, culturales y sociales se ve mermado para este sector de la población, al formar parte de los circuitos informales de la economía.
En el año 2009, hemos observado un incremento en el número de noticias publicadas en Andalucía sobre el fenómeno de la prostitución: desarticulación de redes de explotación sexual, protestas vecinales por la presencia de la prostitución en sus calles, y propuestas normativas de ámbito local (las denominadas “normas de convivencia”) que penalizan el ejercicio e incluso el consumo de la prostitución en algunos municipios españoles (Barcelona, Granada, Sevilla...).
Las diferentes informaciones casi nunca aportan datos referidos a las situaciones particulares de las mujeres prostituidas, lo que nos ha llevado siempre a iniciar expediente de oficio ante la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, al objeto de asegurarnos que se les respetan sus derechos a colaborar en la identificación de los responsables de las redes en el marco de lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y en el Artículo 117 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de Diciembre, que desarrolla dicha norma.
Además de esta previsión normativa, nuestro país cuenta, desde finales de 2008, con un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos, coordinado por el Ministerio de Igualdad con la participación de las Administraciones Autonómicas y Locales. El Plan tendrá una duración de 3 años (2009 – 2012), período de tiempo que se estima necesario para poner en marcha de forma eficiente las medidas y suficiente para valorar la eficacia de las mismas.
Entre las medidas que contempla el Plan figuran cuatro cuyo seguimiento resulta relevante en el tratamiento de las quejas relativas a la prostitución que venimos tramitando en los últimos meses. Dichas medidas son las siguientes:
Área II: OBJETIVO 2: Potenciar la formación del funcionariado y profesionales de Administraciones e Instituciones, públicas y privadas, relacionados con el fenómeno de la Trata de Seres Humanos, para lo cual se diseñarán acciones formativas y de sensibilización en género, inmigración y trata de seres humanos para profesionales que trabajen o vayan a trabajar en España, con víctimas de la trata con fines de explotación sexual, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el marco de la distribución de competencias vigente en cada materia.
Área III: OBJETIVO 1: Garantizar la protección a las víctimas y a testigos en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de Diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, para lo que se prevé la elaboración de un Protocolo de actuación y coordinación entre policía, fiscalía y órganos judiciales que, por lo que se refiere a este objetivo, debería contemplar, entre otros, información adecuada a las víctimas sobre sus derechos, servicios y recursos; protección de los datos identificativos de las víctimas en los atestados; mecanismos para proteger la intimidad de las víctimas en las vistas orales; medidas para facilitar los cambios efectivos de domicilio; mecanismos para facilitar la protección de familiares en el país origen mediante comunicaciones rápidas entre organizaciones policiales y, por último, instrumentos de coordinación entre policía y
fiscalía para articular la comunicación entre ambas instancias.
Área III: OBJETIVO 4: Proporcionar asistencia jurídica especializada y en su propio idioma a las víctimas de TSH, mediante la prestación generalizada de un servicio de asistencia jurídica especializada y en su propio idioma, como herramienta de gran utilidad en la asistencia a las víctimas y para mejorar la instrucción de diligencias policiales.
Área III: OBJETIVO 5: Proporcionar protección integral a víctimas en situación de estancia irregular, al menos en los siguientes aspectos: alojamiento –en sus distintas modalidades- tratamiento médico y psicológico, información y asesoramiento legal sobre servicios y programas.
Las medidas descritas afectan a las competencias de varias entidades públicas, entre otras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Colegios de Abogados, la Dirección General de Violencia de Género y el Instituto Andaluz de la Mujer, ambos de la Consejería para la Igualdad.
Han transcurrido 9 meses desde la aprobación del Plan Nacional, tiempo que hemos entendido suficiente para que las entidades públicas que deben aplicar las mencionadas medidas dispongan ya de, al menos, algunas de las herramientas necesarias para su desarrollo e implantación.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, hemos iniciado de oficio la queja 09/4622, con objeto de investigar el grado de implantación y desarrollo que estén teniendo las medidas referidas en el ámbito territorial de Andalucía, que se encuentra actualmente en tramitación.
Pero, si ya de por sí es deleznable el tráfico humanos con fines de explotación sexual de mujeres, nos conmueve más aún que el objeto de estas prácticas sean niñas y jóvenes.
Así, en cuanto a esta cuestión relativa a abusos de niñas y jóvenes, hemos de referirnos a la queja 09/4104, cuya investigación iniciamos de oficio tras conocer, a través de diversos medios de comunicación social, de la situación de riesgo en la que se encontraba una menor de edad a la que se venía obligando a ejercer la prostitución en la provincia de Granada.
Según las citadas fuentes informativas, cinco personas de origen albanés habían sido detenidas en aquellos días como presuntos integrantes de un grupo organizado que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras, entre las que se encontraba una menor de edad. Al parecer, las investigaciones se iniciaron cuando agentes del Instituto Armado intervinieron en la localidad malagueña de Torremolinos varios documentos de identidad falsos que utilizaban para la regularización de extranjeros en España.
Durante el transcurso de la investigación por los agentes y cuerpos de seguridad del Estado -señalaban las noticias- se detectó que una menor era explotada sexualmente en Granada.
A las personas detenidas se les acusaba de delitos de asociación ilícita, de vulneración de derechos de los trabajadores, corrupción y prostitución de menores y, además, de falsedad documental. Esta queja se reflejará en el Informe del Defensor del Menor de Andalucía.
