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El Defensor del Pueblo Andaluz, consciente de la gravedad del problema de las inundaciones que, año tras año y de forma reiterada, se vienen produciendo en nuestra Comunidad Autónoma y de los efectos que la crisis económica está teniendo en la recaudación de ingresos y la necesidad de atender las demandas sociales, no puede obviar que el problema tiene una naturaleza histórica y estructural, ha abierto de oficio la queja 13/1949 y la queja 13/1957, con objeto de dirigirnos tanto a la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para conocer, en especial, las previsiones de ejecución de distintas infraestructuras en la zona rural de Jerez (en la que las inundaciones afectan a los núcleos de población de Las Pachecas, La Ina, La Graduela o La Corta) y al encauzamiento del arroyo Argamasilla, en el término municipal de Écija.

En ambos casos, esta Institución no entiende la razón por la que, si las obras son de interés público y urgentes y, además, estaban adjudicadas, la empresa adjudicataria no las ha realizado en los plazos previstos en el pliego de condiciones.

Año tras año, esta Institución viene observando, con ocasión de las lluvias torrenciales que, de manera ocasional pero con carácter reiterado, tienen lugar en nuestra Comunidad Autónoma y que es mas que previsible continúen en un futuro, que se producen importantes desbordamientos de los cauces de ríos y arroyos, generando daños de diferente consideración y situaciones de riesgo para la población.

Sin duda consciente de la gravedad del problema y de sus efectos en personas y bienes, la Administración Autonómica dispone una serie de previsiones de elaboración de proyectos y ejecución de obras a fin de prevenir, evitar y, en todo caso, minimizar las consecuencias de tales hechos.

La mayoría de esas infraestructuras fueron incluidas en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces aprobado mediante Decreto 189/2002, de 2 de julio, en cuya aprobación estuvo muy interesada esta Institución llevando a cabo un seguimiento del expediente durante años.

Pues bien, recientemente se han vuelto a producir importantes inundaciones y, desde luego, ha existido un riesgo de que los efectos de estas fueran muy graves al verse afectadas importantes poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma.

Esta Institución no desconoce los efectos que la crisis económica está teniendo de un lado, en la recaudación de ingresos para las arcas publicas, y de otro en la necesidad de atender tanta y tanta demanda de la sociedad para que se tutelen sus derechos sociales.

Tampoco podemos obviar que el problema que hoy traemos a colación posee una naturaleza histórica y estructural y se ha venido planteando de manera reiterada durante los pasados años de “abundancia económica” sin que la cuestión mereciera la atención que necesita por parte de los poderes públicos.

Es mas, de manera impune se ha estado construyendo, a veces al margen del derecho, y otras muchas bajo el paraguas de los planes urbanísticos aprobados por los Ayuntamientos y la propia Comunidad Autónoma en terrenos inundables o que presentaban un riesgo histórico de inundación, sin que tales planes hubieran sido rechazados, ni las obras ilegales, en su caso, paralizadas y sin que se haya ejecutado las obras de defensas e infraestructuras para evitar los riesgos generados por cauces naturales o por la construcción indebida en zonas inundables o de afección.

Así las cosas, tras las recientes lluvias producidas en los meses de Febrero y Marzo del presente año el problema parece que está lejos de resolverse al no llevarse a término, en los plazos previstos las infraestructuras necesarias para evitar estas situaciones.

Por todo ello, hemos abierto de oficio estas quejas con objeto de conocer las previsiones que existen sobre ejecución de distintas infraestructuras que entendemos que, en caso de haber sido ejecutadas en los plazos previstos, hubieran evitado o paliado los problemas a los que venimos haciendo referencia.

19/06/2013

Cierre queja de oficio 13/1957

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comunica al Defensor del Pueblo Andaluz que, contrariamente a lo publicado por diversos medios de comunicación, la presa de Siles se está realizando de acuerdo con los plazos previstos, por lo que la fecha de terminación es Octubre de 2014.

Tras abrir esta queja de oficio por la pasividad de las Administraciones Públicas ante las reiteradas inundaciones que vienen sufriendo determinadas zonas de nuestra Comunidad Autónoma, en la que nos dirigimos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para conocer las previsiones que existían sobre ejecución de distintas infraestructuras que, a juicio de esta Institución, de haber sido ejecutadas en los plazos previstos, hubieran evitado o paliado los problemas a los que venimos haciendo referencia, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir nos aclara que las obras de la presa de Siles, contrariamente a lo señalado en algunos medios de comunicación, se están realizando de acuerdo a los plazos previstos en el expediente de contratación: actualmente está realizado el 79% en función del presupuesto ejecutado, quedando pendiente de ejecutarse el resto durante las anualidades 2013 y 2014, con terminación en Octubre de 2014.

Por tanto, entendemos que no eran precisas nuevas actuaciones por parte de esta Institución al descartarse que las informaciones relativas a posibles retrasos en la ejecución de las obras respondieran a la realidad, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en el citado expediente de queja de oficio.

10/11/2014

Tras la formulación de una resolución a la Dirección General de Movilidad y al Ayuntamiento de Vélez-Málaga sobre la paralización del tranvía de esta ciudad, hemos dado por concluidas nuestras actuaciones al entender que la misma no ha sido aceptada por ambas administraciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la paralización del funcionamiento del tranvía de Vélez-Málaga, abrió en su día esta actuación de oficio en la que, durante la tramitación de la misma, dictó resolución dirigida tanto a la Dirección General de Movilidad, de la Consejería de Fomento y Vivienda, como al Ayuntamiento de esta localidad.

La respuesta que nos remitió el Ayuntamiento de Vélez-Málaga señalaba que nada tiene que objetar a las consideraciones primera a quinta de nuestra Resolución. Exponía, en síntesis, que siempre ha sido pretensión municipal la de prestar la máxima disposición, colaboración y cooperación con la Administración Autonómica en una cuestión en la que concurre el ámbito competencial de ambas administraciones públicas, pero evitando desequilibrios entre ellas, por lo que se mantiene la esperanza de que la suspensión del sistema tranviario municipal no signifique supresión, siempre y cuando se pueda llegar a un convenio de financiación compartida en el que la viabilidad del servicio pase por ambas administraciones. En este contexto, se señalaba la plena aceptación de la Recomendación formulada por esta Institución. En tal orden de cosas, se nos informaba de las actuaciones del Tribunal de Cuentas de las que vendría a desprenderse la plena asunción de sus decisiones por parte del Ayuntamiento en el convencimiento de que su intervención ha venido presidida por la decidida voluntad de defender el interés general. Por último, se nos informaba del incremento de pasajeros que se viene produciendo en el Servicio de Transporte con autobuses que vendría registrándose sin el incremento del déficit de explotación del sistema tranviario.

En la respuesta que nos remitió la Dirección General de Movilidad nos reiteraba, en síntesis, su interés en el reinicio de la prestación de este servicio tranviario partiendo del necesario respeto al convenio suscrito, y así se ha transmitido al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, expresando su voluntad de colaborar con dicha administración municipal a tal efecto.

Estudiadas las respuestas, esta Institución no tenía duda de la buena voluntad que, en principio, se deduce de los pronunciamientos que esas dos Administraciones Públicas nos expresan pero, en el ámbito práctico, ninguna de las dos nos da cuenta de medidas y pasos efectivos conducentes a que, a la mayor brevedad posible, se adopte, de forma conveniada, una decisión acerca de si, a medio plazo, se va a volver a poner en funcionamiento esta infraestructura acordando las condiciones en que se produciría el restablecimiento de este servicio público y concretando la fecha aproximada para ello. Tampoco, alternativamente, se nos informa de otras actuaciones tendentes al mantenimiento y adaptación a otros usos de esta infraestructura.

Por tanto, al no poder entender que haya sido aceptada nuestra Resolución, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones y, en base al contenido del art. 29 de nuestra Ley reguladora, daremos cuenta de ello en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

01/04/2013

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado por concluida su investigación en la queja de oficio que abrimos cuando conocimos los problemas de seguridad que había ocasionado la caída de una cornisa de un inmueble sito en la calle Larios, 8, durante la pasada Semana Santa. Con la respuesta recibida, hemos entendido que el Ayuntamiento de Málaga había realizado las actuaciones oportunas para asegurar los elementos inestables.

Tras iniciar esta queja de oficio y después de recibir los informes del Ayuntamiento de Málaga, en concreto de la Policía Local y de la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda, se nos aclararon las medidas adoptadas con carácter inmediato al incidente, consistentes en el acordonamiento de la zona y saneamiento provisional de la cornisa del inmueble, por una parte, y de posteriores actuaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras que contactaron con la propiedad para los trabajos inmediatos y emitieron orden de ejecución con plazo de ejecución de tres semanas de reconstrucción mimética al original de los tramos afectados.

En consecuencia y dado que, con el cumplimiento de la citada orden de ejecución en el plazo indicado, quedaría solucionado definitivamente el problema de seguridad originado, dimos por concluidas nuestras actuaciones en esta queja de oficio.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Ninguna administración propone alternativa para el funcionamiento y rentabilidad del tranvía de Jaén

El Defensor del Pueblo Andaluz procede al archivo de la actuación de oficio al no contestar el Ayuntamiento de Jaén nuestra resolución y al considerar que la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda no acepta nuestra resolución al no concretar, a nuestro juicio, iniciativas o alternativas, y su correspondiente calendario, que permitan el funcionamiento y rentabilidad de una infraestructura que fue financiada con una importante inversión pública.

13-3-2013 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de las dificultades que está teniendo el Ayuntamiento de Jaén para poner en funcionamiento el sistema tranviario de la capital, en el que, siempre según estas noticias, ya se llevarían invertidos unos 100 millones de euros. Siempre según estas noticias, en estos momentos la intención era sacar nuevamente a concurso la explotación de esta infraestructura, tras declinar dicha posibilidad la entidad que fue seleccionada en su momento, que habría esgrimido, como razón para ello, que se supeditaba asumir tal gestión a que hubiera ayuda municipal. Sin embargo, resultaría imposible subvencionar este transporte público debido a la difícil situación económica del Ayuntamiento, que determina que, con dificultad, pueda hacer frente al pago de las nóminas de sus empleados públicos.

También añaden estas noticias que el Ayuntamiento considera poco probable que ninguna otra entidad pueda asumir la explotación del tranvía dado que, de acuerdo con un estudio económico de la entidad seleccionada, el coste de su gestión se eleva a unos cinco millones de euros (3,3 millones corresponden a gastos de explotación y 1,7 millones al pago a la Junta de Andalucía de los cinco vagones adquiridos). Dado que los ingresos previstos por el uso del tranvía se prevén en 1,3 millones anuales, su explotación resultaría imposible sin subvención pública.

A causa de todo ello, se informa por último que el Ayuntamiento tiene la intención, si se confirma que ninguna empresa asume la gestión del tranvía, de devolver esta infraestructura a la Junta de Andalucía por el elevado coste que supone su mantenimiento y conservación.

Por ello, hemos abierto de oficio la presente queja con objeto de dirigirnos al Ayuntamiento de Jaén con objeto de conocer, en síntesis, su posicionamiento la situación descrita, señalándonos si están realizando gestiones para su puesta en marcha y, de ser asEl Defensor del Pueblo Andaluz inicia una actuación de oficio para conocer la situación en que se encuentra el sistema tranviario del municipio de Jaén, que, según las noticias a las que ha tenido acceso esta Institución, está teniendo diversas dificultades para su puesta en funcionamiento, a pesar de que ya se han invertido en esta infraestructura unos 100 millones de euros.í, las posibilidades de que las mismas den resultado positivo, así como el plazo aproximado en que podría entrar en funcionamiento el tranvía de Jaén.

20/04/2015 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Tras conocer la paralización de la entrada en funcionamiento del tranvía de la ciudad, debido a que los estudios previos realizados carecieron del rigor exigible, formulamos a la Consejería de Fomento y Vivienda, en concreto a la Dirección General de Movilidad, y al Ayuntamiento de Jaén resolución para que, en síntesis, a la mayor brevedad posible, decidieran, de forma conveniada, si, a medio plazo, iba a ponerse en funcionamiento esta infraestructura, acordando la fecha aproximada y las condiciones en que ello se produciría. En caso negativo, es decir si no era posible el establecimiento del funcionamiento del tranvía, recomendábamos que se adoptaran las medidas necesarias para evitar el deterioro de la misma, de forma que se minimizara su depreciación en el tiempo, se estudiaran los posibles usos alternativos de este espacio público que permita rentabilizar el gasto y se investigaran las posibles responsabilidades, de toda índole, en las que se hubiera podido incurrir ante la innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas como consecuencia de la no entrada en funcionamiento de una infraestructura tan costosa.

Respecto del Ayuntamiento de Jaén y después de las actuaciones realizadas, finalmente no hemos recibido respuesta del mismo a nuestra resolución, por lo que hemos procedido, al amparo del art. 29, aptdo. 2, de nuestra Ley reguladora, a incluir la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, destacando esta falta de respuesta de la autoridad municipal.

En cuanto a la Dirección General de Movilidad, de la Consejería de Fomento y Vivienda, en su respuesta reiteraba, en síntesis, su interés en la puesta en servicio del sistema tranviario de Jaén y su intención de colaborar con la Administración Municipal, añadiendo que el gasto que puede suponer ello para las arcas municipales podría ser minimizado y racionalizado en el marco de una coordinación entre los diferentes modos y medios de transporte de Jaén. En fin, formalmente cabría entender que aceptaba la resolución formulada por esta Institución, pero, sin embargo, no se nos adelanta iniciativa alguna tendente a que, de forma conveniada, la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Jaén adopten una decisión acerca de si, a medio plazo, va a ponerse en funcionamiento esta infraestructura y las condiciones para el establecimiento del servicio, concretando una fecha para ello. Tampoco se proponen alternativas, ni medida alguna, más allá de su ofrecimiento de colaboración, para evitar el deterioro de esta infraestructura o para propiciar otros usos temporales de la misma. Tampoco se nos contesta positivamente a nuestra Recomendación de apertura de una investigación a fin de determinar las posibles responsabilidades de toda índole en que se haya podido incurrir ante la innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas como consecuencia de la no entrada en funcionamiento de una infraestructura tan costosa. Por tanto, no podemos entender que haya sido aceptada nuestra resolución en el plano concreto y material del problema, ya que seguimos encontrándonos en una clara imposibilidad de determinar una fecha para la puesta en marcha de esta infraestructura, ni para un uso alternativo de la misma, ni se delimita responsabilidad alguna por esta inaceptable situación. Ello nos lleva, también, a incluir esta actuación en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, mencionado expresamente que la citada Dirección General de Movilidad sí respondió a nuestra resolución, aunque entendemos que no había aceptado su contenido.

Con ello, procedemos al archivo de la actuación de oficio.

El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una actuación de oficio para conocer el estado en que se encuentra la estación de autobuses de Motril (Granada) pues, según una denuncia publicada en un medio de comunicación, el mal estado y precariedad de sus instalaciones, su falta de funcionalidad y su diseño arcaico y obsoleto suponen una falta de seguridad para trabajadores y viajeros.

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de una carta al Director publicada en un medio de comunicación, del mal estado en que se encuentra la estación de autobuses de Motril (Granada). En ella se denuncia el mal estado y precariedad de sus instalaciones, su falta de funcionalidad y su diseño arcaico y obsoleto, pero, sobre todo, la queja principal es su supuesta falta de seguridad para trabajadores y viajeros.

El reclamante manifiesta que “no hay andenes, no se sabe nunca en qué ubicación de la parada aparcarán los autobuses ni en qué momento podrán los viajeros ocupar sus asientos. Esto se traduce en un deambular caótico de pasajeros y equipajes por la zona de carga, preguntándose unos a otros qué vehículo va para qué lugar, sorteando los socavones del asfalto, los autobuses estacionados y los que están en movimiento maniobrando. Por otro lado, los conductores trabajan con pericia sorteando los peligros, pendientes tanto de circular y maniobrar como de no atropellar a los viajeros que van caminando libremente por la zona de embarque tratando se encontrar su transporte. Si no ha ocurrido aún alguna desgracia se lo tenemos que agradecer a los conductores de los autobuses, todo un ejemplo de profesionalidad y buen hacer”.

Durante la realización del Informe Especial al Parlamento de Andalucía Las Estaciones de Autobuses en Andalucía, editado en Diciembre de 1999, esta Institución ya detectó diversas deficiencias en esta estación de titularidad privada, tales como barreras arquitectónicas, dársena sin cubrir, limpieza regular, carencia de megafonía o tablero electrónico de información, por lo que consideramos que se trataba de una instalación mejorable. Cabe suponer que le paso de los años y la insuficiencia de los arreglos precisos habrá podido deteriorar aún más esta estación de autobuses que registra un elevado número de usuarios.

El artículo 64 del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala en su artículo 64, apartado 1,3º, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre transportes terrestres de personas y mercancías por carretera cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle. Por su parte, la Dirección General de Movilidad asume el ejercicio de las competencias que la Consejería de Fomento y Vivienda ostenta en materia de infraestructuras del transporte que no tengan la calificación de interés general del Estado.

Por todo ello, hemos abierto de oficio esta queja a fin de recabar informe a la Dirección General de Movilidad acerca del estado de conservación de esta estación de autobuses, para lo que le hemos demandado que los Servicios de Inspección de esa Consejería realicen un informe sobre el cumplimiento por parte de la entidad titular de la estación de la normativa reglamentaria reguladora de la explotación de estas instalaciones, señalando, en su caso, los incumplimientos y anomalías detectadas y si se ha requerido su subsanación. En especial y dada la problemática de seguridad que se denuncia, deseamos conocer si la estación cuenta con un estudio de riesgos que permita valorar su peligrosidad y concretar las medidas que se deberían implantar para su mejora.

Tras la apertura de esta actuación de oficio, hemos conocido que el Ayuntamiento de Chipiona empezó a cobrar la tasa por estacionamiento en zona azul sólo cuando la Ordenanza se aprobó definitivamente, el 11 de Octubre de 2012. No obstante, hemos instado al Ayuntamiento a que atienda positivamente las posibles reclamaciones que se presenten por abono indebido de cantidades antes de la aprobación definitiva de la correspondiente ordenanza fiscal, puesto que los parquímetros estaban ya instalados desde hacía tiempo y algunos usuarios entendieron –según la denuncia que llegó a esta Institución- que ya se encontraba en vigor la regulación de la zona azul.

De la información que nos ha remitido el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) se desprende que las tasas por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica solamente se comenzaron a aplicar tras la publicación de su aprobación definitiva de la Ordenanza correspondiente con fecha 11 de Octubre de 2012, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en esta actuación de oficio.

Sin perjuicio de ello, dado que la previa instalación de los parquímetros pudo generar confusión en algunos usuarios que entendieron que ya se encontraba en vigor la regulación de la zona azul, instamos al Ayuntamiento a que atienda positivamente posibles reclamaciones por abono indebido de cantidades por este concepto antes de la aprobación definitiva de la correspondiente ordenanza fiscal.

23/04/2013

Después de la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, la Consejería de Fomento y Vivienda nos ha comunicado que ha firmado un convenio con ADIF, propietaria del antiguo puente ferroviario de Camas, para la cesión gratuita del mismo durante un periodo de 75 años, por lo que se va a reanudar el paso de autobuses del servicio público de viajeros por él para evitar los atascos y el tráfico lento de la A-49 en horas punta, así como para permitir el uso del carril bici allí existente y el paso de peatones.

El Defensor del Pueblo Andaluz inicio, en Marzo de 2013, una actuación de oficio cuando conocimos, a través de los medios de comunicación, el cierre del antiguo puente ferroviario de Camas, lo que provocaba que dos líneas de autobuses, la M-173 (Sevilla-Camas) y M-175 (Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina, Salteras, Olivares y Albaida del Aljarafe en sentido Sevilla), no podían utilizarlo para evitar los atascos y el tráfico lento de la A-49 en horas punta. Además, este cierre del puente también provocaba que no pudieran utilizarlo los usuarios peatonales o del carril bici que transcurría por él. Posteriormente, recibimos 14 quejas a instancias de diversos usuarios del puente, en su mayoría ciclistas, protestando por el cierre del mismo.

Tras dirigirnos a la Consejería de Fomento y Vivienda, nos ha respondido la Dirección General de Movilidad exponiéndonos, primero, diversos antecedentes del asunto: el puente se utilizaba como plataforma reservada para el transporte público en sentido Camas-Sevilla y carril para peatones y ciclistas en base a un contrato de arrendamiento con ADIF, que es la propietaria de la infraestructura, por cinco años, 2005-2010, y un canon anual de 30.000 euros más el IPC anual, además del mantenimiento, que también rondaba otros 30.000 euros. Cuando en 2010 finaliza el contrato, se trasladó a ADIF la posibilidad de firmar una cesión gratuita del puente asumiendo su mantenimiento, sin que ADIF pusiera objeciones a la propuesta, pero consideró prorrogado el contrato de arrendamiento por un año, condicionando cualquier otro acuerdo a que se saldara la deuda que consideraban pendiente. Tras varios intentos de llegar a una solución amistosa,  ADIF interpuso una demanda judicial, cuya sentencia condenó al Consorcio de Transportes de Sevilla al pago de las cantidades adeudadas y a la entrega formal de la infraestructura. A partir del 11 de Marzo, dejaron de circular por el puente los autobuses, en cumplimiento de esta Sentencia, sellando ADIF el uso del puente al comienzo y final del tablero del mismo.

Siempre de acuerdo con lo indicado por la Consejería de Fomento y Vivienda, el 5 de Abril de 2013, suscribió, con ADIF, un documento de concesión administrativa a favor de la Junta de Andalucía para la cesión gratuita del uso del puente ferroviario a Camas durante un periodo de 75 años, por lo de, de forma inmediata, se procederá a reanudar el paso de los autobuses metropolitanos por el puente, una vez que se realicen los trabajos necesarios para ello y los avisos oportunos a los usuarios.

En consecuencia, considerando que ha quedado solucionado el problema que motivó la incoación de esta queja de oficio y la formulación de muchas reclamaciones por particulares al respecto, podemos dar por concluidas nuestras actuaciones.