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ANTECEDENTES

Sobre el problema que se viene denunciando -inadecuada prestación de servicios por la existencia de carencias y deficiencias en los mismos por parte del Ayuntamiento de Úbeda en la Barriada que se indica- hemos venido tramitando los expedientes de queja 09/2568, 11/2409 y 11/4232, promovidos todos ellos por el interesado, según manifiesta, en nombre de los vecinos de la barriada.

La nueva comunicación recibida de parte del interesado, además de reiterar su malestar por la situación en la que se encuentra la Barriada de El Ejido de San Marcos debido a la persistencia en las deficiencias en la prestación de los servicios municipales, incluye un nuevo elemento al calificar como deficiente la situación del parque infantil ubicado en la barriada, aportando, a tal efecto, fotografías que muestran el estado de abandono en que se encuentra dicho espacio

CONSIDERACIONES

Primera.- Régimen jurídico de la prestación de los servicios públicos de ámbito municipal.

Por mandato del Legislador, incumbe a los Ayuntamientos en la forma y con los efectos que con alcance y carácter general, se contemplan en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (Art. 26), la prestación de servicios públicos, en los siguientes términos:

«a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.»

Igualmente, se contienen previsiones sobre los servicios públicos locales en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, incluyendo en su Art. 31. los denominados servicios públicos básicos:

«1. Son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad. Su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía.

2. Tienen en todo caso la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el  articulo 92.2.d del Estatuto de Autonomía para Andalucía.»

Por remisión expresa efectuada por el Legislador autonómico al régimen estatutario de los servicios públicos básicos, debemos hacer referencia a lo establecido al respecto en el  citado Art. 92.2, d), del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que se expresa en los siguientes términos:

«d) Ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales; alumbrado público; recogida y tratamiento de residuos; limpieza viaria; prevención y extinción de incendios y transporte público de viajeros.»

A este respecto, la Ley 5/2010, de 11 de junio, en su Art. 27.9, señala que la prestación de los servicios de interés general ha de hacerse conforme al principio de calidad, exigiendo en su Art. 30.3, d) y f), que la Ordenanza municipal por la que se crea y establece el servicio público, contenga, entre otras cuestiones, unos estándares de calidad y un régimen de inspección y de valoración de la calidad de los servicios.

Segunda.- De las deficiencias en la prestación de servicios públicos en la barriada de El Ejido de San Marcos.

De los antecedentes expuestos, así como de la documentación aportada por el promotor de la queja se deduce la existencia de importantes carencias y deficiencias en la prestación de los servicios públicos de ámbito municipal en la barriada de El Ejido de San Marcos de Ubeda, lo que supondría la contravención de la obligación de prestación de unos servicios públicos de calidad estatuidos por la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.

Dicha consideración no ha quedado desvirtuada por los diversos informes evacuados por el Ayuntamiento de Úbeda, antes al contrario del tenor de los mismos se deduce el reconocimiento por dicha Corporación de las carencias y deficiencias en al prestación de los servicios referenciados.

Por todo ello, en aplicación de lo establecido en el Art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Úbeda, las siguientes

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales señalados en la parte expositiva de la presente Resolución.

RECOMENDACIÓN. Que se adopten las medidas necesarias por la Administración Municipal para llevar a cabo de forma efectiva y regular la prestación de los servicios públicos señalados en las presentes actuaciones, subsanando las carencias y deficiencias que desde hace tiempo vienen denunciando los vecinos de la Barriada Ejido de San Marcos.

Consideramos que actuando en la forma propugnada se lograría una
más adecuada satisfacción de los principios de eficacia y buena administración
establecidos, respectivamente, en el Art 103, de la Constitución y en el Art.
37.1.1º, del Estatuto de Autonomía para Andalucía

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

El  asunto que motivo la admisión a trámite de la queja presentada a instancia de un vecino fue el que por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción se estaba aplicando un Reglamento de Funcionarios, aprobado por el  Pleno Municipal en 2003 y que podría estar incurso en invalidez, al no haber sido publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia. (BOP).

Del contenido del escrito de queja merece recoger lo alegado por el  interesado en cuanto a la no aplicación  de dicho Reglamento que considera que nunca  debió ser aplicado al no haberse publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que en el propio texto se recoge  -artículo 2.1- que entrará en vigor el día de su firma, retrotrayendo sus efectos desde el 1 de enero de 2003.

Por parte de la Administración Municipal, en su preceptivo informe emitido,  puso de manifiesto que por parte del interesado se habían sustanciado diversas reclamaciones ante órganos jurisdiccionales, especialmente en el ámbito penal (que terminó en sobreseimiento), sosteniendo que el Reglamento de Funcionarios de 2003 contenía ilegalidades que se habrían puesto de manifiesto por una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como el hecho de que dicho Reglamento no se hubiese publicado en Boletín Oficial.

Asimismo, por la Alcaldía se informó que tanto la Delegación del  Gobierno del Estado en Andalucía (que recibió denuncia del interesado), como la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no se habían pronunciado acerca de la ilegalidad que pudiera suponer el hecho de que dicho Reglamento de Funcionarios no hubiera sido publicado en el Boletín Oficial.  

La citada Delegación del Gobierno, en cualquier caso, sí recibió el texto del Reglamento de Funcionarios, aprobado por el Pleno de la Corporación en el año 2003 y fue puesto en su conocimiento conforme a las disposiciones vigentes.

Durante el procedimiento de instrucción (Jurisdicción penal) instado por el interesado se analizó en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla el contenido de dicho Reglamento y su falta de publicación, en el Boletín Oficial, sin que entrase a hacer valoración alguna sobre ello

CONSIDERACIONES

Primera.-  El artículo 4 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local –LRBRL- reconoce a las distintas entidades que integran la Administración local, entre otras la potestad reglamentaria y de autoorganización.

La propia LRBRL parece referirse inicialmente a ordenanzas y bandos, omitiendo la referencia a los Reglamentos, aunque lo cierto es que tanto “ordenar” cómo “reglar” son sinónimos y participar en consecuencia de la naturaleza de disposiciones administrativas de carácter general; y los acuerdos que adopten han de ser objeto de publicación o notificación en los términos previstos en la Ley (art. 70.2).

Segunda.- El Reglamento de Funcionarios, objeto de este expediente de queja, debe entenderse negociado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y  artículos 32, 35 y siguientes de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas (con las modificaciones introducidas por la Ley 7/90 de 19 de julio), vigente en la fecha de aprobación del Reglamento, regulando las condiciones de trabajo y ayudas sociales del personal funcionario que presta servicios para el referido Ayuntamiento y establece sus propios sistemas de aplicación.

Una vez aprobado expresa y formalmente –previo acuerdo en la Mesa de Negociación- por el Pleno de la Corporación, el Reglamento tiene el carácter de una disposición general elaborada a través de un procedimiento especial de carácter convencional que por su naturaleza de norma organizativa interna sus exclusivos destinatarios son los funcionarios de la Corporación.

No obstante, el reiterado Reglamento de Funcionarios se enmarca más bien dentro de los denominados “Acuerdos” que, en materia de personal, pueden suscribir la Administración  y los representantes sindicales, a los que nos referimos seguidamente, para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, y cuyos procedimientos de elaboración y aprobación difieren de los establecidos para los reglamentos orgánicos, ordenanzas fiscales (reguladoras de los tributos locales así como las que desarrollan la gestión, inspección y recaudación de los anteriores) y las ordenanzas locales que regulan el resto de materias locales, en las que sus destinatarios son la colectividad en general y su publicidad un requisito ineludible para su eficacia.

 Tercera.-  Conforme a lo establecido por los artículos 35 y 36 de la citada Ley 9/1987,  los  representantes de las Entidades Locales y de las Organizaciones Sindicales podrían llegar a Acuerdos y Pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, remitiendo los mismos (una vez celebrados) a la oficina pública a que hace referencia la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y siendo de inmediato publicados en el «Boletín Oficial del Estado» o diarios oficiales correspondientes.

En materia de empleo público, los Pactos se celebran sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y vincularán directamente a las partes. Y, los Acuerdos versarán  sobre materias competencia de los órganos correspondientes de las Entidades Locales. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal de estos órganos en su ámbito respectivo. En ambos casos (Pactos y Acuerdos),  las partes deben establecer el plazo de vigencia, así como su ámbito personal, funcional y territorial.

Cuando los Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación (sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente), circunstancias éstas que concurren en el ya mencionado Reglamento de Funcionarios.

Cuarta.- En todo caso, las partes cuando suscriben inicialmente el acuerdo pueden derivar su validez a la aprobación de otro órgano administrativo. En el asunto objeto de este expediente, el Reglamento de Funcionarios de 2003 fue sancionado –aprobado- por el Pleno de la Corporación, considerándose que es plenamente aplicable al mismo la previsión contenida en los artículos 32, 35 y 36 de la entonces vigente Ley 9/1987, coincidente con el actual artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que garantiza su cumplimiento salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas (que no se da en este caso).

En conclusión, el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), en el marco de la negociación colectiva aprobó el Reglamento de Funcionarios de 2003 que, a día de la fecha, no se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia, como es preceptivo. No obstante, el incumplimiento de dicho requisito formal en modo alguno condiciona su validez: dicha omisión (la publicidad) tiene, en lo que a este específico caso se refiere, la consideración de irregularidad administrativa no invalidante.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983,  de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: para que disponga cuanto sea necesario para que se publique, íntegramente, el Reglamento Municipal de Funcionarios de 2003, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones