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ANTECEDENTES

En esta Institución recibimos queja promovida a instancia de parte, en la que mostraba su disconformidad por haber sido excluido definitivamente de la Bolsa de empleo temporal de una determinada empresa municipal del Ayuntamiento de Sevilla.

El interesado, casado y con hijos menores, se encuentra cumpliendo condena penal, actualmente en situación de tercer grado. Personado en las dependencias de la empresa, para consultar su posición en la Bolsa de empleo, le informan que fue excluido por no atender al llamamiento efectuado para suscribir contrato temporal.

El afectado alega que no pudo atender al requerimiento de la empresa por cuanto se encontraba en prisión, situación de la que la empresa tenía conocimiento ya que antes de iniciar el cumplimiento de la condena -de su ingreso en prisión-, prestaba servicios mediante un contrato de interinidad que la empresa resolvió por dicha causa con efectos del mismo día de inicio de su cumplimiento.

Por su parte, la empresa municipal informaba lo siguiente::

“(...) Normas de funcionamiento de la bolsa de empleo temporal.

Al respecto, se dispone que el trabajador causará baja en la bolsa de empelo si en la fecha de llamamiento se produce la incomparecencia y ésta no está justificada documentalmente.

En este sentido, en el supuesto objeto de la queja se produjo el llamamiento por medio hábil, sin que el mismo contestara al mismo, por lo que se entiende que hay una renuncia y concurre uno de los supuestos que justifican la exclusión.

Pero es más, a esta parte no le consta que se hay justificado documentalmente el motivo de la ausencia o incomparecencia, concurriendo, pues, el segundo de los requisitos exigidos para considerar que existe una renuncia injustificada. (...)”

El Acuerdo de Comisión Paritaria sobre Empleo Temporal de la empresa municipal de 12 de marzo de 2009, al punto 1, párrafo segundo, dispone:

“(...) Para el llamamiento de las personas necesarias, la Empresa tomará contactos con las mismas utilizando los procedimientos habituales: teléfono, carta, burofax. Si en la fecha de citación se produce la incomparecencia y esta no está suficientemente justificada (hospitalización, incapacidad laboral u otras circunstancias excepcionales) el titular podrá causar baja temporal o definitiva en el instrumento de contratación temporal (...)”.

En cualquier caso, la empresa municipal no ha acreditado, ante este Comisionado, que se efectuara el llamamiento del interesado y que por éste, no fuera atendido.

CONSIDERACIONES

Primera.-  Exclusión indebida de la Bolsa de Empleo.

Resulta evidente que el interesado –por encontrarse interno en centro penitenciario-  no pudo atender el llamamiento que efectuase la empresa municipal para suscribir contrato temporal y tampoco pudo acreditar –su situación- con anterioridad a que se personase en la sede de la empresa municipal para interesarse por su lugar en la Bolsa de Empleo. Y, a esos efectos, y sin perjuicio de que la misma tenía constancia de su ingreso en el centro para cumplimiento de condena, la empresa debió “aceptar” como justificable dicho motivo para que el interesado no contestara a dicho requerimiento, como así se regula en el Acuerdo de la Comisión paritaria sobre Empleo Temporal (párrafo segundo, apartado 1 ...”otras circunstancias excepcionales). Por tanto, procede su mantenimiento en la Bolsa en su lugar correspondiente.

En este sentido, traemos a colación lo reconocido por el Tribunal Supremo para la percepción de prestación de Seguridad Social. Así, el Alto Tribunal señala que es innegable que el ingreso en prisión imposibilita el cumplimiento de las exigencias que impone la Seguridad Social para el cobro de la prestación por desempleo porque es palmario que la privación de libertad no permite la participación de un preso en ofertas de empleo. Sin embargo, añade, "existe una excepción que es la de proteger necesidades económicas y elementales de la familia que está a cargo del beneficiario" y que la Constitución consagra al declarar "la protección social, económica y jurídica de la familia".

Si el interesado puede acceder al subsidio de liberados de prisión, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de cumplir los requisitos establecidos al efecto, la empresa municipal carece de justificación y amparo normativo para excluir al interesado de la Bolsa de Empleo, en cuya regulación no consta  -como motivo de exclusión- el cumplimiento de condena, o en la situación de tercer grado, salvo que la propia sentencia dispusiera la inhabilitación del condenado para el ejercicio de puesto o empleo público, circunstancias ésta que no se dan el caso objeto de este expediente.

Segunda.- Las contrataciones temporales en el sector público.

Las contrataciones temporales en el sector público son una de las vías que posibilitan que un buen número de ciudadanos demandantes de empleo encuentren temporalmente un trabajo.  Y, en ese sentido, la Bolsa de Empleo puede considerarse como una institución jurídica normal que se ajusta a derecho  y que los tribunales la aceptan como uno de los medios más favorables para poder cubrir transitoriamente los puestos de trabajo cuando razones de urgencia y necesidad así lo aconsejen.

Este sistema de creación de bolsas de trabajo o empleo resulta el sistema más adecuado para la selección del personal temporal a medida que surjan las necesidades de efectivos.

Y, en todo caso, estas Bolsas de trabajo deben disponer de todas las garantías posibles para que su gestión, sea conforme a derecho y no produzca situaciones de indefensión y pérdida de derechos de los participantes.

Tercera.-  La exclusión social.

Por otro lado, y como es sobradamente conocido, la exclusión social está muy relacionada con los procesos que más se vinculan con la ciudadanía social, es decir, con aquellos derechos y libertades básicas de las personas que tienen que ver con su bienestar (trabajo, salud, educación, formación, vivienda, calidad de vida,...).

De esos derechos, destacamos la dimensión central del trabajo en la exclusión social puesto que para la mayoría de las personas, el trabajo no sólo es el único medio de conseguir los recursos necesarios sino también su forma de participación social más importante.

La Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas (2000): Construir una Europa que fomente la integración recoge que “el empleo constituye el principal mecanismo de integración e inserción social: el desempleo es el principal factor de exclusión”.  No obstante, precisa que la exclusión social “va más allá de las cuestiones del desempleo y el acceso al mercado de trabajo. Se manifiesta a través de privaciones y obstáculos de diverso tipo que, solos o combinados, impiden una participación plena en ámbitos como la educación, la salud, el medio ambiente, la vivienda, la cultura, el ejercicio de derechos o el acceso a las ayudas familiares, así como a la formación y a las oportunidades de empleo”.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula al Sr. Director-Gerente de la empresa municipal la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se reconozca el derecho del interesado-promotor de esta queja, a integrarse en  la Bolsa de empleo temporal, revocando su exclusión en la misma, por cuanto los motivos por los que no atendió su llamamiento, ya eran conocidos formalmente por la empresa municipal y, en todo caso, está suficientemente justificada (de entre las circunstancias excepcionales).

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

Requerimiento al Ayuntamiento de Almonte para que dé respuesta a la solicitud presentada por un ciudadano instando la devolución de un aval.

I. Con fecha 29 de noviembre de 2012 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que con fecha 5 de agosto de 2008 había dirigido escrito al Ayuntamiento de Almonte solicitando devolución del aval prestado a favor de ese Ayuntamiento por importe de 220.358,07 euros.

Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su escrito de solicitud.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en dos ocasiones, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de los hechos expuestos por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes 

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la LRJPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso- administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula la siguiente 

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 4 de agosto de 2008.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones