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El Defensor del Pueblo Andaluz trasladará a las entidades financieras todas las quejas recibidas sobre las cláusulas suelo y pedirá que se les aplique la Sentencia del Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013 declara nulas las cláusulas suelo que se hayan incluido en contratos hipotecarios sin haber cumplido adecuadamente los deberes de transparencia e información que hubieran permitido al consumidor en el momento de la firma del contrato conocer la existencia de dicha cláusula suelo, sus consecuencias y su trascendencia como elemento esencial del propio contrato.

El problema es que la Sentencia limita los efectos directos de su declaración de nulidad a los casos expresamente analizados por la misma, referidos únicamente a tres entidades financieras y a tres supuestos concretos de cláusulas suelo. En cuanto al resto de contratos con cláusulas suelo el Tribunal se limita reseñar que "el juicio de valor sobre el carácter abusivo de las cláusulas cuando afecta a la suficiencia de la información, nos obliga a ceñirlos a quienes oferten en sus contratos cláusulas idénticas a las declaradas nulas, cuando no se hallen completadas por otras que eliminen los aspectos declarados abusivos.

Dicho de otra forma, el Tribunal considera que habría que analizar caso por caso para ver si las cláusulas suelo son nulas en función que cómo se hayan cumplido los deberes de información y trasparencia cuando se celebró el contrato.

Así las cosas, creemos que lo correcto sería que las entidades finacieras, por propia iniciativa, comparasen sus modelos de contratos hipotecarios y sus prácticas informativas con lo dispuesto en la Sentencia respecto del deber de trasparencia y la información suficiente y, en aquellos casos en que se constate que dichos deberes no se han cumplido con la suficiencia requerida por el Tribunal Supremo, deberían proceder a anular las cláusulas suelo y dejar las mismas sin efecto, notificando todo ello al consumidor afectado.

En previsión de que estas iniciativas no se lleguen a adoptar por las entidades financieras o se hagan sin la necesaria celeridad, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se propone realizar las siguientes actuaciones:

1.- Trasladar todos los casos de personas afectadas por cláusulas suelo que han presentado o presenten queja ante esta Institución a las entidades financieras titulares de los contratos hipotecarios solicitándo que, previa revisión de la adecuación de dichas cláusulas a los criterios de transparencia e información establecidos por el Tribunal Supremo en su Sentencia 241/2013, se proceda a dejar sin efecto con carácter inmediato aquellas cláusulas afectadas por vicios de nulidad.

2.- Solicitar de las autoridades pertinentes, a nivel andaluz y español, que emprendan iniciativas para que sean las entidades financieras quienes, de oficio y sin necesidad de que tengan que instarlo las personas afectadas, procedan a un análisis de la adecuación de las claúsulas suelo existentes en sus contratos hipotecarios a lo estipulado por el Tribunal Supremo en su Sentencia 241/2013, dejando sin efecto con carácter inmediato aquellas que estén afectadas por vicios de nulidad.*

3.- Proponer el establecimiento de procedimientos de arbitraje para resolver las controversias que puedan suscitarse entre las personas consumidoras y las entidades financieras en relación a la posible nulidad de las cláusulas suelo incluidas en contratos hipotecarios sin necesidad de acudir a la vía judicial.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido un informe de la Unidad de Policía Judicial adscrita al Fiscal Superior de Andalucía en el que se resumen las conclusiones derivadas de la investigación  seguida por dicha Fiscalía como consecuencia de la denuncia presentada por esta Institución ante las numerosas quejas recibidas sobre participaciones preferentes. 

   El citado  informe repasa las distintas líneas de investigación seguidas para poner al descubierto los posibles ilícitos penales que pudieran haber cometido las entidades financieras como personas jurídicas así como sus empleados, como personas físicas. Incorpora igualmente las conclusiones relativas a 33 denuncias investigadas de forma minuciosa por muestreo.

  Las restantes denuncias continuan siendo investigadas, aunque la envergadura de los hechos y la avalancha de denuncias han obligado a trasladar a las Fiscalías Provinciales las denuncias correspondientes a su respectiva demarcación territorial, siguiendo la Unidad adscrita al Fiscal Superior de Andalucía con las labores de coordinación.

  Resulta interesante destacar, y así se recoge en el propio informe, que los responsables de las entidades financieras cambiaron su actitud al conocer las investigaciones policiales, lo cual habría propiciado alcanzar distintos acuerdos con los denunciantes.

  El Defensor del Pueblo Andaluz quiere destacar la labor ejercida por esta Unidad de Policía Judicial no sólo por la profesionalidad con que han desarrollado su labor investigadora sino también porque dicho trabajo haya propiciado que muchos andaluces y andaluzas hayan conseguido recuperar su dinero, atrapado en una inversión cuyos riesgos desconocían. Tareas como ésta consideramos que merecen un especial reconocimiento por parte de las Instituciones, destacando que detrás hay personas que desempeñan diariamente un trabajo volcado al servicio de la comunidad.