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Defensor del Pueblo Andaluz
guarda de hecho, que debe ejercerse en beneficio del tutelado y que estará bajo
la salvaguarda de la autoridad judicial.
Ciertamente la asignación de la tutela, en un contexto familiar (cuando
lo hay) problemático, suele ser una cuestión que en no pocas ocasiones suele
acabar residenciada en una institución pública, pues aunque el Código Civil
establece una preferencia a favor de la familia y su entorno (cónyuge, padres
o personas designadas por estas en testamento y descendientes o hermanos),
habilita a que el Juez pueda alterar dicho orden e incluso, en el caso de que
las personas anteriormente mencionadas no existan o no puedan desempeñar
debidamente el cargo de tutor, se otorgue la tutela a la entidad pública que en
cada territorio tenga encomendada la protección de aquellas o al Director del
centro donde se encuentre las persona incapacitada en situación de desamparo
(dirección que ya ha asumido automáticamente su guarda), ya sea motivado por
falta de familiares o porque éstos por su completa inhibición, ha derivado a dicha
situación (art. 234 Código Civil).
En este contexto se entiende el recordatorio hecho por la Fiscalía
General de Estado en abril de 1998 sobre la posibilidad de obligar a la asunción
de tutela a la Administración entre cuyas competencias se incluye la atención al
incapacitado o al presunto incapaz.
En Andalucía, la Administración autonómica optó desde un principio
por la creación de Fundaciones Tutelares de naturaleza pública para los casos
que no fuera posible la tutela en el ámbito familiar (por carencia, fundada
negativa o incapacidad manifiesta), en la que FAISEM ha tenido un protagonismo
fundamental.
Así en la actualidad andaluza nos encontramos con seis fundaciones
provinciales (Fundación Gaditana, Granadina, Jienense, Malagueña, Onubense
y Cordobesa de Tutela), en las que participan las respectivas Diputaciones
Provinciales, Ayuntamientos de las respectivas capitales, Consejería competente
en materia de Servicios Sociales y/o Bienestar, FAISEM y asociaciones relacionadas
con los colectivos de enfermos mentales. Las otras dos provincias restantes,
Almería con el Instituto Almeriense de Tutela (dependiente de la Diputación
Provincial almeriense) y Sevilla con la Fundación Tutelar Nadir (can base asociativa
y participación de FAISEM) completa el panorama tutelar público de Andalucía.