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6. LAS QUEJAS
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Juzgado para ser ingresada junto con su madre y hermana en un centro residencial
del Instituto de la Mujer.
Así pues, aún siendo diligente la intervención del dispositivo habilitado por
la Junta de Andalucía para la protección de la madre víctima de malos tratos, y
siendo también diligente y eficaz el ingreso de ésta junto con sus hijas para evitar
su localización por parte del agresor, consideramos que este hecho no habría de
dificultar una comunicación también ágil y fluida con el órgano judicial que vigilaba
el cumplimiento de la medida impuesta a una de la menores, para lo cual resultaba
indispensable que pudiera conocer su traslado de domicilio y la incidencia de su
nueva situación familiar en el cumplimiento de la medida.
A la vista de todo ello emitimos una resolución con la siguiente
Recomendación
dirigida a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación:
“Que en supuestos como el presente, en que se produce un
traslado de domicilio de un menor afectado por el cumplimiento de
una medida de libertad vigilada, se comunique de forma inmediata
dicha incidencia al Juzgado de Menores, junto con un informe sobre su
posible repercusión en el cumplimiento de la medida.”
La respuesta a dicha resolución por parte de la Dirección General fue en sentido
favorable, asumiendo su contenido al coincidir con la voluntad de dicho organismo
por garantizar el cumplimiento óptimo de las medidas acordadas por los Juzgados
de Menores.
Por relatar las relaciones entre el sistema de protección y el de responsabilidad
penal de menores relatamos el asunto planteado en la
queja 12/7098
en la que
un padre, interno en prisión, nos trasladaba su preocupación ante el futuro de su hija
tras su próxima salida del centro para menores infractores en el cual se encuentra
ingresada.
Nos decía que su hija se encontraba próxima a la mayoría de edad, y que su
único apoyo familiar era él, y que poco podía hacer por ella mientras se encontrase
en prisión, motivo por el cual solicitaba ayuda de las Administraciones para evitar la
situación de marginalidad en que quedaría su hija.
Tras interesarnos por la situación de la menor desde la Viceconsejería de Justicia
nos confirmaron la coordinación que estaban ejecutando con los servicios de
protección de menores. Al estar todavía cumpliendo la medida de internamiento
se ha procurado para la menor un programa formativo que amplíe sus expectativas
laborales. Es por ello que asiste a un curso de formación profesional sobre cocina en
una finca cercana al centro, siendo este curso remunerado y su importe irá destinado,