Versión de HTML Básico
Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2012
538
Nos decían que conforme a lo establecido en el programa “Vacaciones en Paz” la
menor regresó con su familia en el período de vacaciones y que estaba previsto que
retornase a España para continuar con sus estudios y con el tratamiento médico que
venía recibiendo, hecho que se vio truncado ante la negativa de sus familiares.
En el contexto de la inmigración irregular a nuestro país, con especial
trascendencia para menores, debemos referirnos también al caso concreto de las
mujeres embarazadas. Estas mujeres son examinadas por personal sanitario nada
más llegar, y dependiendo de su estado y del mes de gestación pueden ser objeto de
internamiento en el centro habilitado para personas inmigrantes irregulares.
Sobre esta cuestión viene al caso que aludamos a la
queja 11/5587
en la que
una ONG nos puso al corriente de la situación de tres madres, inmigrantes irregulares,
que se encontraban internas en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de
Algeciras, pendientes de su expulsión de España.
En el escrito de queja se denunciaba que mientras las madres seguían retenidas en
el CIE sus hijos, de muy corta edad, habían sido separados de ellas para ingresarlos
en centros de protección de menores, siendo así que el Ente Público de Protección de
Menores consideraba que su situación no era de desamparo, pues sus madres hacían
lo posible para cuidar a sus hijos pero la imposibilidad de atenderlos derivaba de su
estancia irregular en España, conforme a la legislación de extranjería.
Por tal motivo, para actuar en consonancia con el interés superior de los menores,
nuestra intervención estuvo encaminada a procurar la permanencia de los menores
junto con sus madres, y de no ser esto posible por causas fundamentadas, al menos
para que quedase garantizado un amplísimo régimen de visitas a fin de salvaguardar
los vínculos familiares y la relación de afecto entre madres e hijos.
Otra cuestión que abordamos en la queja estuvo relacionada con determinados
indicios de que las madres hubieran sido víctimas de trata ilegal de personas con
fines de prostitución. En su relato la ONG señalaba que se trataba de una mera
sospecha porque las madres no habían hecho declaraciones en tal sentido.
Tras admitir la queja a trámite solicitamos la colaboración de la Subdelegación
del Gobierno y de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social de Cádiz. También actuamos en coordinación con el Defensor del
Pueblo Estatal en relación con la posibilidad de que las interesadas presentasen una
solicitud de protección jurídica internacional (asilo o protección subsidiaria) ante la
Oficina de Atención al Refugiado (OAR) con sede en Madrid, siendo indispensable
para ello que efectuasen un relato verosímil y detallado de los motivos de dicha
solicitud.