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Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2012
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Y esto acontece en un momento en el que
por un lado, por motivos obvios la demanda
de vivienda protegida ante la imposibilidad
de adquirirla en el mercado está creciendo y
por otro, también por razones conocidas, los
poderes públicos están restringiendo presupuestariamente el apoyo a los derechos
sociales entre los que se encuentra este derecho.
El problema se plantea no sólo respecto del derecho de acceso a la vivienda sino
también respecto de los programas de rehabilitación de vivienda y de los proyectos
para facilitar la normalización e integración de quienes residen en determinados
barrios con una gran concentración de residentes en situación de exclusión. Las
consecuencias que las restricciones en las políticas sociales destinadas a facilitar la
inclusión social de la población infantil pueden tener en este colectivo pueden ser
extraordinariamente graves, por lo que es imprescindible que se evalúe sus efectos
en la población infantil.
Por otro lado, el problema de la garantía de este derecho adquiere un perfil
más dramático cuando vemos que con motivo de los miles de desahucios que se
están produciendo en nuestro país muchísimas familias con menores a su cargo
tienen que ver y sufrir directamente las consecuencias que conlleva la pérdida del
hogar, del entorno en el que venían desenvolviendo su vida y su posterior realojo,
cuando ello es posible, en viviendas que tiene que compartir con otros familiares que
solidariamente los acogen o en inmuebles que no siempre reúnen las condiciones
mínimas para ser consideradas dignas.
Justamente por este motivo desde esta Oficina se promovió, de oficio, una
actuación incluida en la
queja 12/6894
en la que alertamos sobre los efectos que
producen en los menores los desahucios de la vivienda familiar por impago de rentas
o hipotecas: los menores pierden su elemento material de cobijo y resguardo. Su
casa es su referente de vida y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario
vital, su lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su
vida escolar, sus relaciones entre iguales y su propio entorno urbano. Si asumimos
el efecto de estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de
menores tales impactos producen efectos, si cabe, mucho más devastadores.
Del contenido de esta actuación de oficio así como de la problemática asociada
a los desahucios damos cuenta en el apartado de este informe referido a cuestiones
relevantes. No obstante, consideramos de interés reflejar las actuaciones realizadas en
expedientes concretos tales como la
queja 12/68
en que la interesada nos exponía
que era originaria de un país de Europa del Este, con permiso de residencia en España
desde el año 2002, y que convivía con su pareja, su hijo de cuatro años y su madre, en
“Sin una vivienda digna, sin un
entorno adecuado, es muy difícil
garantizar el desarrollo integral
de la personalidad del menor”.