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5. CUESTIONES RELEVANTES
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eficaz desde los poderes públicos ante el problema de su hijo o hija. Especialmente,
padres y madres hacen hincapié en denunciar que la única opción terapéutica en los
casos más graves pasa por el internamiento del menor en un centro de protección
previa cesión de la tutela de su hijo al Ente de protección de menores.
Bien es cierto que tras la intervención de la Defensoría en el expediente de queja,
generalmente tras una ardua labor, solemos encontrar una solución favorable para el
caso concreto. La línea de actuación es similar: la familia se dirige a nosotros con un
diagnóstico, elaborado por el facultativo especialista en salud mental, que prescribe un
recurso terapéutico para tratar la patología, pero el Servicio Andaluz de Salud no atiende
esta prescripción con el fundamento de que el sistema sanitario andaluz no dispone de
este tipo de recursos. Con estos antecedentes y con la debida fundamentación jurídica,
dirigimos una resolución a la Administración sanitaria para que concierte una plaza
para el menor afectado en un centro de titularidad privada o bien que abone todos los
gastos derivados del ingreso del menor en un centro terapéutico privado, obteniendo
siempre una respuesta favorable del Servicio Andaluz de Salud.
Es evidente que estas intervenciones puntuales que llevamos a cabo no son
suficientes para resolver con carácter global el problema de las personas menores
con trastornos graves de conducta.
Otra estrategia de actuación de la Defensoría ha ido dirigida principalmente a
promover diversos encuentros entre las Administraciones implicadas: Sanitaria,
Educativa y Social, para debatir, obtener compromisos y conclusiones operativas
de cada una de ellas. En este sentido, conseguimos sentar en la misma mesa a
representantes de las señaladas Administraciones en varias jornadas de trabajo que
concluyeron con el compromiso de crear comisiones técnicas a nivel provincial que
garanticen la implicación intersectorial, incluida la Fiscalía, y analice caso por caso
la intervención a desarrollar con cada menor afectado por trastornos de conducta.
Por desgracia, el calendario establecido para ir desarrollando estos compromisos
presentó importantes demoras que merecieron nuestro reproche.
En 2011, finalmente, se firmó un Protocolo Interdepartamental de colaboración
entre las Consejerías de Gobernación y Justicia, Salud e Igualdad y Bienestar Social
y Educación para el abordaje de actuaciones conjuntas en relación con menores con
trastornos de conducta. Además, este documento contempla la constitución de un
equipo de expertos y profesionales de reconocido prestigio con diferentes perfiles
y procedentes de distintos ámbitos de intervención que regulará las actuaciones
conjuntas y procedimientos de intervención.
Posteriormente, a comienzos del año 2012, como ya se ha puesto de relieve,
la entonces Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, una de las una de
las más interesadas en conseguir la máxima sinergia entre las Administraciones,