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5. CUESTIONES RELEVANTES
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su ex-marido tarjetas de crédito con intereses bastante elevados, careciendo este de
ingresos suficientes ya que, además de tener problemas con el juego, únicamente
percibía una pensión de 664,94 euros. Comentaba que, puesto que su ex-marido no
podía hacer frente a la deuda generada, las entidades les estaban exigiendo a ella el
pago de la misma, por lo que ante la imposibilidad de afrontar dicho pago, le habían
embargado el piso donde vive con su hija menor de edad.
Por otro lado, como hemos expuesto anteriormente, los procesos de desahucios
están dejando secuelas en los niños, niñas y jóvenes afectados. Así acontecía en el
caso de una familia (queja 12/3076) compuesta por los padres y un adolescente de
17 años. Todos los miembros se encontraban en paro. Los únicos ingresos familiares
ascendían a 426 euros correspondientes a la Renta Activa de Inserción. Les habían
anunciado la subasta de la vivienda en breve plazo. A consecuencia de ello, el menor
se encontraba muy afectado, hasta el extremo de no querer salir de casa y apenas
comer. Los padres mostraban su preocupación por el estado anímico del menor, y
temían que tras el lanzamiento de la vivienda su situación empeorara.
Es cierto que en estos casos nuestra Institución no tiene legitimidad para intervenir
habida cuenta de que el problema se suscita con una entidad bancaria, es decir,
una empresa privada. No obstante, por los intereses en juego, especialmente el
interés superior de los niños y niñas, viene siendo práctica habitual que apelemos
a la colaboración de estas entidades para que tengan en cuenta las circunstancias
personales y económicas de los afectados antes de adoptar alguna decisión en
relación con la deuda, y les rogamos que estudien posibles fórmulas que permitan a
la familia afrontar en mejores condiciones sus obligaciones económicas.
Con independencia de las actuaciones puntuales que venimos realizando ante
las distintas demandas y quejas que nos formulan padres y madres afectados por
procesos de desahucio, esta Institución ha querido ir más allá y a finales de 2012
inició una investigación de oficio ante distintas Administraciones para comprobar las
medidas adoptadas de apoyo a las familias con responsabilidades familiares que se
han quedado sin vivienda.
Así las cosas, nos dirigimos a la Consejería de Salud y Bienestar Social demandando
información acerca de las previsiones para la aprobación del II Plan para la Infancia
y Adolescencia en Andalucía. Específicamente solicitamos datos sobre las distintas
estrategias o acciones contenidas o que se pretendieran incluir en el mencionado
documento para paliar los efectos de la crisis económica en la calidad de vida de las
personas menores de edad que residen en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
especialmente destinadas a las ayudas y atención a menores que se han quedado sin
hogar como consecuencia de los desahucios.