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En este sentido, y en el ámbito de las políticas sobre medio ambiente, la participación
ciudadana se constituye en elemento esencial para dotar de legitimidad a unas decisiones
que deben ir encaminadas a la protección del entorno y a la consecución de unos
estándares mínimos de calidad ambiental.
Ahora bien, la participación ciudadana no sería en ningún caso posible si no se garantizara
previamente un adecuado acceso de la ciudadanía a la información que debe permitirle
disponer de los datos y los elementos de juicio necesarios para ejercer con propiedad
sus capacidades de decisión.
Participación y acceso a la información son, por tanto, las dos caras de una misma moneda
y constituyen una dualidad cuya existencia debe quedar suficientemente garantizada
como requisito indispensable de una adecuada Gobernanza.
A este respecto, la complejidad de las políticas ambientales y de los procesos en que
éstas se desenvuelven, determinan que la participación de la ciudadanía se canalice
fundamentalmente a través de las organizaciones ambientales y de las asociaciones
ecologistas, que están llamadas a desempeñar un papel esencial en la labor de protección
del medio ambiente como colaboradores de los poderes públicos, ya sea complementando
con sus propios medios las limitaciones en los recursos públicos o supliendo con su
determinación y el apego a sus principios, las debilidades y carencias propias de quien
debe someter su voluntad al juego de intereses que es la política.
La presente Guía tiene por objeto precisamente ayudar a dotar de efectividad al derecho
de acceso a la información ambiental que la vigente legislación garantiza a toda la
ciudadanía y a los grupos en que se integra, ofreciendo a éstos y a los responsables
públicos una herramienta útil a través de la cual poder conocer de forma práctica, amena
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