El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, 5 de Abril, la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, mediante el que se adoptan, entre otras, medidas encaminadas a la rehabilitación de los edificios que presentan un estado de conservación deficiente o carecen de ascensor. De los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, cuatro millones aún no tienen ascensor.
Para facilitar estas actuaciones, parece ser que se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal.
Éstas y otras cuestiones de igual relevancia, fueron tratadas por esta Institución, en su Informe Especial al Parlamento de Andalucía, “El parque residencial sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad”, del año 2010, en el que poníamos de manifiesto que en Andalucía, el 50,29 % de las viviendas situadas en edificios de 3 ó más plantas carecen de ascensor.
Ello supone que 580.761 viviendas carecen de estas instalaciones. Si consideramos que el promedio de ocupación de las viviendas en Andalucía es de 3,04 personas, un total de 1.765.513 personas viven en inmuebles de estas características.
Esta situación genera un importante obstáculo, en términos de calidad de vida, para estos residentes, pero reviste tintes dramáticos cuando pensamos, en términos de accesibilidad, en las personas discapacitadas y en el colectivo, cada vez de más entidad, de las personas mayores.
El objeto de este Informe Especial era, por un lado, evidenciar la entidad del problema y, de otro, proponer a los poderes públicos una serie de medidas destinadas a abordar la exigencia constitucional (arts. 47, 49 y 50 CE) y estatutaria (arts. 10, aptdos. 1 y 3.15º y 16º; 19, 23.1; 24 y 37.1.3º, 4º y 5º) de que el parque residencial existente garantice la accesibilidad de todas las personas que residan en las viviendas que lo integran.
Asimismo, esta Defensoría en todos sus Informes Anuales al Parlamento de Andalucía, ha venido abogando que la apuesta por la rehabilitación de edificios en nuestra Comunidad Autónoma, ha de ser real, decidida y efectiva.
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