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El Defensor del Menor lamenta los efectos de la COVID en los derechos de la infancia y la adolescencia

El Defensor del Menor lamenta los efectos de la COVID en los derechos de la infancia y la adolescencia

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha lamentado hoy que la pandemia sanitaria causada por la COVID 19 ha tenido consecuencias en los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, al tiempo que ha advertido de que estos problemas se agudizarán.

El Defensor del Menor de Andalucía ha comparecido hoy ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía a fin de presentar el Informe del Menor 2019. Este Informe detalla que durante 2019 el Defensor del Menor de Andalucía realizó 5.585 actuaciones, de las cuales 2.454 se refirieron a quejas (1.789 iniciadas ese mismo año, 29 de ellas de oficio), y el resto procedente de años anteriores, así como la atención de 3.131 consultas.

El Defensor del Menor ha señalado que, si bien la Institución del Defensor del Pueblo está elaborando un Informe especial sobre los efectos de la COVID, en lo que respecta a la infancia y a la adolescencia el Defensor del Menor ha destacado, en cuanto al derecho a la salud, su preocupación por la salud mental, para lo que ha reclamado que se prioricen las unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil para atender adecuadamente toda la demanda, poniendo los medios necesarios para evitar su saturación.

En cuanto al derecho a la educación, Jesús Maeztu ha señalado que, sin duda, el gran hándicap ha sido la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, manteniendo dicha actividad por vía telemática. “La COVID ha puesto en evidencia que no todo el alumnado en Andalucía dispone de las herramientas necesarias para continuar con su proceso educativo a través de dicha modalidad, porque son todavía muchos los hogares que carecen de dispositivos electrónicos e informáticos adecuados o suficientes, o que no tienen conectividad a internet. Por ello, hemos iniciado una investigación de oficio con la administración educativa para requerir la adopción de medidas en términos de equidad y calidad”, ha afirmado Jesús Maeztu, que ha sumado las actuaciones para conocer el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado con necesidades educativas especiales y además, en concreto, sobre el alumnado con discapacidad auditiva.

En cuanto al Derecho a la Protección, el Defensor del Menor ha resaltado su preocupación por el incremento de las denuncias de posibles situaciones de maltrato a niños y niñas durante el confinamiento. “Violencia de género o violencia a los propios menores son lacras que se produjeron en muchos hogares durante el confinamiento. Sabemos que en este periodo se incrementaron las llamadas telefónicas a los servicios de atención y ayuda a las mujeres víctimas de maltrato. Y desgraciadamente es un hecho constatado que un importante porcentaje de violencia a la infancia se ejerce en la propia familia”, ha indicado. En especial, el Defensor del Menor ha destacado que esta crisis sanitaria ha hecho mella en los más vulnerables, entre ellos, los menores migrantes no acompañados, para quienes ha exigido que no se les culpabilice de los contagios.

En cuanto al Informe sobre las actuaciones de 2019, el Defensor del Menor ha detectado carencias de atención pediátrica; quejas sobre las listas de espera y los plazos de garantía para los pacientes menores de edad; los problemas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, o los fenómenos relacionados con la despoblación, entre otras cuestiones.

El Defensor del Menor de Andalucía ha dedicado un capítulo del Informe del menor a una cuestión que quiere visibilizar como es el acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet. El Defensor del Menor ha subrayado los riesgos que para las personas menores de edad se derivan del mal uso de Internet, que puede perjudicar su desarrollo y su formación, además de vulnerar algunos de sus derechos fundamentales como son la intimidad, el honor, o la propia imagen, e incluso pueden ser objeto de acoso.

El Defensor del Menor de Andalucía ha señalado que se trata de un fenómeno en auge, ya que si bien la pornografía ha existido durante mucho tiempo, ahora ha cambiado el canal de distribución; simplemente los menores pueden acceder disponiendo de un teléfono móvil con acceso a Internet.

 

Entre los efectos negativos que causa a niños y adolescentes, el Defensor del Menor ha apuntado que el consumo de pornografía cosifica la figura de la mujer e incrementa el riesgo de agresiones y violencia sexual; puede crear dependencia en el consumidor; puede afectar a la socialización de los menores de edad; genera una relación desigual entre el hombre y la mujer, quedando esta última reducida a objeto sexual disponible y puede llevar a adolescentes y jóvenes a creer que deben emular las practicas que han observado y a fomentar la prostitución. En definitiva, los nefastos efectos de la pornografía existente en internet afectan a jóvenes que aún no tienen madurez psicológica, que pueden acceder de un modo fácil a miles de páginas, no siempre de forma voluntaria, de manera anónima, generalmente gratuita, sin ningún tipo de control y cada vez a edades más tempranas, ha concluido el Defensor del Menor de Andalucía.

Por todo ello, y con el objetivo de la especial protección de la que son objeto las personas menores de edad, el Defensor del Menor ha señalado que se deben implementar medidas que impidan, o cuanto menos, dificulten, el acceso de los menores a este tipo de contenidos, pero sobre todo educar en un uso responsable de las TIC. De este modo, ha indicado que el recurso más efectivo para evitar el acceso de menores a material pornográfico en Internet es la educación, tanto de familias como de la escuela. El Defensor del Menor de Andalucía ha abogado por superar la brecha digital entre adultos y menores y fomentar el diálogo; así como establecer una reflexión con el alumnado sobre los riesgos de este consumo, con el objetivo de contar con una educación adecuada sobre las relaciones afectivas y sexuales, ya que “el problema es que para muchos niños, niñas y adolescentes, la pornografía en Internet se ha convertido en su principal fuente de información y educación”.

Para el Defensor del Menor, tanto las familias como la escuela deben transmitir esta educación antes de que lo haga Internet, en la línea de las recomendaciones ya recogidas por organismos internacionales como la Unesco. Por último, el Defensor ha subrayado también el papel de los poderes públicos, así como de la industria del sector, que deben tener autoregulación y códigos de conducta ajustados a principios jurídicos y respetar los límites para no perjudicar a niños, niñas y adolescentes.

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