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Preguntamos por la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios andaluces

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/7272 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Dirección General de Personas con Discapacidad, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

El pasado 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo para que todos los bloques de viviendas hicieran las obras precisas para resultar accesibles a personas con discapacidad y mayores de 70 años. Ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que dispone la obligación de realizar tales obras en los inmuebles que permitan ajustes razonables en todos los espacios y edificaciones existentes a 4 de diciembre de 2010.

Sin embargo, la realidad evidencia que aún existen innumerables edificios en los que tales ajustes y obras de adaptación no se han efectuado, con la consecuencia de que un elevado número de personas se ven imposibilitadas de salir de su domicilio por la carencia de ascensor, rampas o por no entrar su silla de ruedas en el ascensor disponible.

También se da la circunstancia de que, en muchos casos, las obras de adaptación realizadas, aunque mejoran la situación anterior, tampoco cumplen los criterios de accesibilidad universal. Según estimaciones disponibles del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas.

Uno de los obstáculos que impiden la ejecución de las obras de adaptación radica en que, según la normativa de propiedad horizontal, han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de 70 años. Sin esta previa solicitud, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, lo que supone una contradicción con el Texto Refundido citado inicialmente.

Por otra parte, las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando su importe, descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si excede de dichas 12 mensualidades, las obras deberían ser aprobadas por mayoría en junta de propietarios.

Hay más razones que propician esta escasez de obras de adaptación tales como la carencia de recursos económicos de muchas comunidades de propietarios, retraso de ayudas públicas, problemas de distribución o espacio en inmuebles antiguos con la añadida dificultad para obtener la necesaria licencia de obras, etcétera.

Entendemos que, ante el claro incumplimiento de la normativa expuesta y la negativa situación descrita que supone un claro menoscabo de los derechos de las personas con discapacidad, las Administraciones Públicas no deben permanecer pasivas permitiendo que este incumplimiento normativo se generalice y perpetúe sin consecuencia alguna. Es preciso, en primer lugar, realizar un esfuerzo divulgativo y de concienciación entre las comunidades de propietarios para que sepan y asuman la conveniencia, necesidad y obligación de dar cumplimiento a la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Pero de forma paralela a ello, creemos que no debe obviarse el instrumento sancionador que, a estos efectos, ha establecido la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía que, en su artículo 82 y siguientes, establece que la Administración de la Junta de Andalucía ejercerá la potestad sancionadora en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el capítulo I del título III del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y en la misma Ley.

Se aclara que, sin perjuicio de lo anterior, en los casos de infracciones por incumplimiento de las exigencias de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones, la potestad sancionadora les corresponderá a los ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

En tal sentido se considera infracción grave el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que obstaculice o limite gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, por las personas con discapacidad o la negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable incumpliendo el requerimiento administrativo a tales efectos. Constituiría una infracción muy grave el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que impida gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, por las personas con discapacidad.

Las infracciones graves se sancionarán con multas, en su grado mínimo, de 30.001 a 60.000 euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de 78.001 a 90.000 euros y las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio, de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 de euros.

Cabe concluir que, en consecuencia, los Ayuntamientos juegan un importante papel a la hora de recibir y tramitar las denuncias y reclamaciones que se les hagan llegar por parte de las personas afectadas por la existencia de barreras arquitectónicas en los edificios en los que residan.

Ante la problemática expuesta y la aparente contradicción existente entre las normativas de accesibilidad y propiedad horizontal, lo cual pudiera conllevar, en última instancia, una afectación de los derechos reconocidos en los artículos 14, 47 y 49 de la Constitución Española, con objeto de evaluar posibles actuaciones posteriores ante los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma en torno a este asunto, se incoa la presente queja de oficio para conocer la valoración que, al respecto, mantiene la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Dirección General de Personas con Discapacidad.

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